El sector público a veces resulta un enemigo del desarrollo económico. En aras de procurar el bien común, los gobiernos deben establecerse en el justo medio de la promoción económica y la protección a los riesgos que representan algunas actividades productivas. Esto ha inclinado a ciertos gobiernos por la burocratización de la inversión, y a otros por la excesiva complacencia. La salida a este dilema debe ser un trato directo entre gobierno y empresas.
Los gobiernos de la llamada “Cuarta Transformación”, al presentarse como antagonistas de la colaboración privada con el gobierno, han cometido demasiados errores en contra de la economía. Está muy marcado que la crisis económica no comenzó con la Pandemia. Tanto a nivel nacional como local se tomaron decisiones equivocadas en materia económica.
A nivel local está claro que parar en seco el sector de la construcción, cualquiera que haya sido el motivo, dañó terriblemente la economía. Desde junio del año pasado, el Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado medidas para promover la recuperación económica por la vía del sector inmobiliario, pero ha fracasado en su intento. La producción de este sector sigue siendo magra porque hasta el momento el gobierno local ha sido incapaz de detectar qué está fallando.
Sin juzgar de forma específica dónde están los problemas que no detonan la producción inmobiliaria, está claro que en cada uno de los tramos de decisión (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Sistema de Aguas, Instituto de Planeación, Alcaldías, entre otros), hay preocupación por los posibles impactos de sus decisiones, lo que los ha llevado a actuar con timidez.
Esta semana, los alcaldes de oposición, agrupados en la UNACDMX, presentaron un Plan de Reactivación Económica, y algunas de las medidas están orientadas a identificar los puntos que dificultan esta reactivación: reuniones con cámaras empresariales y el establecimiento de mesas de seguimiento. Sabemos que este método ha sido empleado en el pasado por el propio Gobierno de la Ciudad. El elemento fundamental es identificar rápidamente dónde se traban las inversiones y cómo se pueden agilizar los procesos.
El sector de la construcción sí será clave para la reactivación económica y, ya con tres titulares de SEDUVI en lo que va del sexenio, no ha habido planteamientos de modificación profunda de la normatividad. Por lo tanto, siguen los mismos ordenamientos que permitieron el boom inmobiliario previo a la llegada de Claudia Sheinbaum. Si la normatividad no cambia, cualquier mesa de seguimiento, sea del Gobierno de la Ciudad de México o de las y los alcaldes del Poniente, se enfrentará a un probable falta de equilibrio entre el necesario desarrollo del sector y formas poco favorables para permitir la integración urbana.
Si las mesas que establezcan los alcaldes funcionan adecuadamente, podrán promover la inversión a la par que contengan los riesgos sociales que representan ciertos sectores, como el de la construcción. Es muy probable que en las mismas mesas surjan oportunidades de mejora normativa, que habrá que ver si encuentran eco en el Congreso de la Ciudad de México y el propio Gobierno local, ahora tan abocado a generar contraste con los gobiernos aliancistas.
