El pasado 18 de junio se cumplieron diez años de la reforma constitucional que dio lugar al sistema penal acusatorio, posiblemente la de mayor envergadura en la historia reciente del país. No implicó un proceso sencillo; tan sólo transitar de un modelo de justicia escrito, lleno de formalismos y con un alto sesgo punitivo y de violación de derechos hacia uno basado en la oralidad, con audiencias públicas y en el que se privilegian las soluciones alternativas a los conflictos, ya significaba una encomienda colosal.
En primer lugar, un hecho ineludible es que el sistema acusatorio supera por muchas razones al sistema tradicional. La evidencia demuestra que los procesos ahora son más rápidos en delitos menores y ha mejorado cada etapa procesal. Además, se cuenta con la presencia de jueces y demás operadores en las audiencias. Igualmente, la publicidad del proceso ha permitido su vigilancia, lo que incide positivamente en la garantía de los derechos tanto de víctimas como de imputados.
En segundo lugar, es preciso reconocer que el balance también pone en la mira pendientes y resultados poco satisfactorios. Por ejemplo, la deficiente operación de las policías en su función de primer respondiente. Los ministerios públicos, policías de investigación y peritos no han logrado fortalecer sus capacidades de investigación, cuestión que se hace evidente en la proporción de casos judicializados que se iniciaron por flagrancia y en la mínima proporción que atiende a delitos complejos o de alto impacto social. Los defensores públicos y los asesores victimales siguen siendo insuficientes para la cantidad de casos. Los jueces y magistrados asumen criterios que formalizan los procesos y rompen la lógica del sistema acusatorio. Finalmente, la implementación en materia de ejecución penal es incipiente; no hay bastantes jueces de ejecución y no se han dado avances para hacer efectiva la reinserción social.
Bajo este contexto, desde México Evalúa-Cidac presentaremos el próximo 9 de agosto la edición 2017 de Hallazgos, con una evaluación integral del sistema penal acusatorio y propuestas puntuales. En el reporte de este quinto año advertimos que el principal riesgo está en la operación: continúan prácticas del sistema tradicional que buscaban erradicarse, se hace un uso excesivo de figuras jurídicas que abren la puerta a la impunidad y se utilizan mínimamente las salidas alternas previstas por el sistema.
Además, presentaremos por primera vez un ejercicio inédito en México para medir la impunidad bajo la lógica del acusatorio, que más allá de los muchos esfuerzos institucionales, es la forma en la que los ciudadanos evaluarán si el sistema funciona o no, al conocer la proporción de casos que tuvieron algún tipo de solución, reparación o sanción. Dicha medición, junto con el reporte, pueden servir de brújula para orientar los esfuerzos en los años subsecuentes.
A diez años de la reforma y ante la llegada de un nuevo Gobierno federal, es momento de dar una nueva oportunidad al sistema penal acusatorio para que opere efectivamente. Para ello, será necesario posicionar el tema en la agenda pública y lograr un pacto nacional, a fin de transformar el modelo de procuración de justicia y asegurar formas que vinculen el derecho penal con la política criminal, entre otros mencionados en el Proyecto de Nación 2018-2024[1] de la campaña del candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador.
Es momento entonces de abatir el desencanto y dar un nuevo respiro al sistema penal acusatorio, para hacer efectivos los principios y garantías que motivaron la reforma de 2008.
María Novoa es coordinadora del programa de justicia en México Evalúa.
[1] El documento Proyecto de Nación 2018-2024 está disponible en el sitio www.proyecto18.mx y contiene una lista de propuestas y proyectos que atienden situaciones concretas.
