/ martes 16 de julio de 2019

México Libre | Por un Estado constitucional de Derecho

Por: Jaime de Arenal Fenochio

Más allá de renuncias destacadas en el ámbito de la política y de aprehensiones con visos de espectáculo mediático en la vida jurídica, nos debe preocupar más a los mexicanos de hoy, defensores del Estado Constitucional de Derecho, que la actuación de los poderes públicos, sean federales o locales -como en el caso de Baja Californiaguíen sus decisiones y, en consecuencia, sus procedimientos por lo resuelto en supuestas “consultas” populares de nula legalidad e inexistente legitimidad.

Las razones aducidas por el congreso de esa entidad federativa para prolongar el periodo de gobierno del recién electo gobernador estatal son reveladoras del “nuevo estilo” de gobernar que se nos pretende imponer a los mexicanos. Un estilo que prescinde de los límites impuestos por las constituciones, claros y expresos, por medio de apelaciones directas a una ciudadanía congregada en plazas públicas que, a mano alzada, manifiesta su acuerdo o su desacuerdo con iniciativas que en ese preciso momento conocen; o a través de la manipulación de los otros poderes constitucionales, tal y como en su momento de mayor auge el populismo sudamericano ensayó con gran éxito, particularmente en Venezuela y en Ecuador. Esta práctica -por otra parte, nada novedosa en nuestra vida política- supone que por encima de la Constitución se encuentra la acción del poder legislativo (del judicial o del ejecutivo) y desconoce o contradice lo avanzado en los últimos años en México, en los cuales, por fin, estábamos aprendiendo tímidamente lo que significa la supremacía constitucional.

Si a este “ensayo” de manipulación institucional se añade la decisión del Estado de apoyarse en forma flagrante en asociaciones religiosas para difundir un determinado discurso moral, por más coherente que este sea con la moralidad de la mayoría de los ciudadanos, se suma ahora la puesta en riesgo de otro de los grandes avances conseguidos en los últimos dos lustros: la laicidad del Estado mexicano. No deja de ser una contradicción que una cartilla moral laica, escrita por el más grande escritor nacional, humanista laico por excelencia, venga a ser difundida por asociaciones religiosas y en medio de un ambiente y de un discurso ajenos a la separación que debe imperar (otra vez, según la Constitución) entre el Estado y las iglesias.

Cosas de qué preocuparse, en verdad, éstas que ponen en entredicho tanto las instituciones como las ideas políticas propias del Estado constitucional de Derecho: el único que debe imperar en la vida política de un país que pretende ser moderno y dejar atrás formas, estilos y comportamientos que nos dejan en las manos de la discrecionalidad del ejercicio autoritario del poder público.

Por: Jaime de Arenal Fenochio

Más allá de renuncias destacadas en el ámbito de la política y de aprehensiones con visos de espectáculo mediático en la vida jurídica, nos debe preocupar más a los mexicanos de hoy, defensores del Estado Constitucional de Derecho, que la actuación de los poderes públicos, sean federales o locales -como en el caso de Baja Californiaguíen sus decisiones y, en consecuencia, sus procedimientos por lo resuelto en supuestas “consultas” populares de nula legalidad e inexistente legitimidad.

Las razones aducidas por el congreso de esa entidad federativa para prolongar el periodo de gobierno del recién electo gobernador estatal son reveladoras del “nuevo estilo” de gobernar que se nos pretende imponer a los mexicanos. Un estilo que prescinde de los límites impuestos por las constituciones, claros y expresos, por medio de apelaciones directas a una ciudadanía congregada en plazas públicas que, a mano alzada, manifiesta su acuerdo o su desacuerdo con iniciativas que en ese preciso momento conocen; o a través de la manipulación de los otros poderes constitucionales, tal y como en su momento de mayor auge el populismo sudamericano ensayó con gran éxito, particularmente en Venezuela y en Ecuador. Esta práctica -por otra parte, nada novedosa en nuestra vida política- supone que por encima de la Constitución se encuentra la acción del poder legislativo (del judicial o del ejecutivo) y desconoce o contradice lo avanzado en los últimos años en México, en los cuales, por fin, estábamos aprendiendo tímidamente lo que significa la supremacía constitucional.

Si a este “ensayo” de manipulación institucional se añade la decisión del Estado de apoyarse en forma flagrante en asociaciones religiosas para difundir un determinado discurso moral, por más coherente que este sea con la moralidad de la mayoría de los ciudadanos, se suma ahora la puesta en riesgo de otro de los grandes avances conseguidos en los últimos dos lustros: la laicidad del Estado mexicano. No deja de ser una contradicción que una cartilla moral laica, escrita por el más grande escritor nacional, humanista laico por excelencia, venga a ser difundida por asociaciones religiosas y en medio de un ambiente y de un discurso ajenos a la separación que debe imperar (otra vez, según la Constitución) entre el Estado y las iglesias.

Cosas de qué preocuparse, en verdad, éstas que ponen en entredicho tanto las instituciones como las ideas políticas propias del Estado constitucional de Derecho: el único que debe imperar en la vida política de un país que pretende ser moderno y dejar atrás formas, estilos y comportamientos que nos dejan en las manos de la discrecionalidad del ejercicio autoritario del poder público.