Uno de los peores legados que ha venido a dejarnos la pandemia del coronavirus, radica en diferentes expresiones de violencia, siendo aquella que se llega a ejercer contra los más indefensos, como es el caso de la infancia, una de las más dolorosas y en constante crecimiento debido al encierro que hemos vivido en estos meses de confinamiento.
Si pensamos en este tema a nivel nacional, de acuerdo a organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el 63 por ciento de los menores de 14 años, han sufrido algún tipo de agresión física y/o psicológica a lo largo de su formación.
En mayo del 2020, cuando el confinamiento por el covid-19 iba en sus primeros meses, la Unicef denunció un considerable incremento de la violencia contra niños y adolescentes en México, destacando que resulta especialmente preocupante, por ser la niñez lo que define en gran parte como desarrollará una persona su vida adulta, de modo que si en la infancia sufren malos tratos, hay una alta probabilidad de que se repitan patrones, dando forma a ciclos en los que la violencia se naturaliza.
Tratándose de una situación que impacta tan severamente a nivel nacional, si vamos deteniéndonos en lo que ocurre en los diferentes panoramas locales, la situación puede tornarse mucho más preocupante, algo que ya ocurre en Durango, así como en otras entidades de la República.
Tan solo, en los días y semanas recientes, Durango se ha visto afectado por una multiplicación de casos de violencia contra menores de edad, lo que ha llevado a la más alta preocupación a autoridades de los tres niveles de gobierno y a la sociedad en su conjunto, siendo en el seno familiar donde se ha dado la mayor parte de este tipo se situaciones, de acuerdo a lo que se puede ver tanto en denuncias, como en investigaciones.
En este contexto y con el fin de dar respuesta a una sociedad que se muestra cada vez con una mayor preocupación por la violencia contra menores de edad, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal local, con el fin de que se persigan de oficio los casos de lesiones a menores y no solo por querella o denuncia.
Al respecto, han señalado que el Código Penal local, carece de un resquicio normativo, lo que lleva a la impunidad y la ausencia de justicia en casos de violencia contra menores, debido a que el artículo 20 Bis, enumera los delitos que se persiguen por querella, que son esos en los que es necesaria la denuncia y sin ella no se puede proceder contra los responsables.
Considerando que la mayor parte de estas agresiones, se dan, lamentablemente, en el seno familiar, se trata de agresiones que suelen quedar ahogadas entre cuatro paredes, pero que de perseguirse de oficio, mejoran el panorama para cientos o miles de menores que literalmente “tienen al enemigo en casa”, siendo necesario avanzar desde lo local, hacia lo nacional.
FB: YolandaDeLaTorreV
@yoladelatorre
