/ miércoles 3 de noviembre de 2021

México y COP26: ¿irresponsabilidad climática?

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26 de Glasgow, Escocia, concentrará reflectores durante toda la primera quincena de noviembre. Es de esperarse ante el mayor desafío de la humanidad y las tendencias al respecto: simplemente, no van bien; no estamos haciendo lo suficiente. El problema es que, fuera de círculos especializados y sectores con más conciencia (afortunadamente cada vez más jóvenes), la atención general suele decaer una vez que concluyen estos eventos, cuando hay que ocuparnos del reto de forma permanente y prioritaria. El caso de México es preocupante: en sentido contrario a las responsabilidades nacionales ante el mundo y las nuevas generaciones de mexicanos.

Esta edición de la COP es particularmente importante. No sólo por la cancelación del evento en 2020: sobre todo por la campanada de alarma del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por las siglas en inglés). Presentado en agosto, el reporte fue contundente por el consenso científico, las advertencias y la precisión tanto en términos de causas como de previsiones y consecuencias. Según expertos, ha sido el más completo y de mayor certidumbre en el diagnóstico desde el primer reporte, en 1990.

Mostró que las emisiones de gases de efecto invernadero de actividades humanas son responsables de un calentamiento en un 1.1 grados centígrados del inicio del periodo industrial (1850 a 1900) a la actualidad. Predice que alcanzaremos los 1.5 °C en los próximos 20 años, y si no reducimos drásticamente las emisiones, rebasaremos ese umbral, lo que implicaría una catástrofe sin precedentes para la humanidad: tragedia ambiental, económica, social y política. Contamos con 10 años para evitarlo. No más.

El aumento hasta 1.5°C se da por descontado; hay que prepararse y hacer grandes inversiones para la adaptación a cambios irreversibles que alterarán muchos aspectos de nuestras vidas. Pero si pasamos de eso, los eventos extremos serían más frecuentes y llegaríamos a niveles de tolerancia crítica para la salud y la agricultura. Mil millones de personas podrían sufrir olas de calor que pondrían en peligro su vida. Cientos de millones batallarían con escasez de agua por sequías más graves y prolongadas. Podríamos ver un proceso de extinción masivo de especies, así como incremento en los niveles del mar que pondría en dificultades a muchas zonas costeras. Los arrecifes de coral, que sustentan la pesca en muchas zonas del planeta, pueden desaparecer.

Entre los objetivos que los especialistas destacan para la COP26 resalta el compromiso de limitar el calentamiento en 1.5 grados: varios países se han resistido, manteniendo el apego a los combustibles fósiles. Lamentablemente, México se ha insertado de lleno en este grupo. Cuando crece la inversión en energías limpias en todo el mundo, aquí se invierte en refinerías y se pretende imponer una contrarreforma que provocaría una desinversión dramática en generación eólica y solar. Inclusive, una de las disposiciones es acabar con el principal instrumento de reducción de emisiones que teníamos: el mercado de Certificados de Energía Limpia.

Recién trascendió que un informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía de Estados Unidos estima que las emisiones de carbono de México podrían dispararse entre 26 y 65 por ciento de aprobarse la contrarreforma. Y esto se daría junto con un aumento de entre 32 y 54 por ciento en los costos de generación eléctrica y uno de hasta 35% en la probabilidad de cortes o apagones.

Otro punto crucial de la agenda es asegurar el acuerdo de que los países desarrollados destinen 100 mil millones de dólares anuales para ayudar a los países en desarrollo a reducir emisiones de carbono, así como para mitigación y adaptación a los impactos inevitables del cambio. También aquí México va al corto circuito: ¿cómo conseguir una parte de ese fondeo para las necesidades energéticas de nuestra economía, y para el cumplimiento con el Acuerdo de París, si se presenta una contrarreforma para desplazar las inversiones que se han hecho en fuentes limpias desde la reforma eléctrica del 2013?

La cita en Glasgow también es ocasión para llegar a acuerdos para acelerar la construcción de un soporte financiero a la altura: por un lado, cómo fondear las inversiones requeridas en reducción de emisiones y adaptación; por otro, una valuación realista del precio del carbono y desarrollo de sus mercados. Igualmente destaca la intención de frenar la deforestación y la de reducir más rápido las emisiones de metano, menos abundante que el dióxido de carbono, pero 80 veces más poderoso. Incluso se habla de fijar metas para lograr que todos los automóviles nuevos que se vendan dentro de 20 años sean libres de emisiones.

Un punto medular está en las contribuciones determinadas a nivel nacional: el plan de cada país para hacer su parte. Una noción de soberanía mal entendida no puede ser pretexto para incumplir las responsabilidades inherentes de cada país. La huella de carbono se genera localmente, pero afecta globalmente. Nuestro país no es una isla que pueda aislarse de los efectos del cambio, ni tampoco de las responsabilidades, máxime al estar entre las 20 economías del mundo más grandes y de mayor emisión de dióxido de carbono. No es justo no con el mundo ni con México.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26 de Glasgow, Escocia, concentrará reflectores durante toda la primera quincena de noviembre. Es de esperarse ante el mayor desafío de la humanidad y las tendencias al respecto: simplemente, no van bien; no estamos haciendo lo suficiente. El problema es que, fuera de círculos especializados y sectores con más conciencia (afortunadamente cada vez más jóvenes), la atención general suele decaer una vez que concluyen estos eventos, cuando hay que ocuparnos del reto de forma permanente y prioritaria. El caso de México es preocupante: en sentido contrario a las responsabilidades nacionales ante el mundo y las nuevas generaciones de mexicanos.

Esta edición de la COP es particularmente importante. No sólo por la cancelación del evento en 2020: sobre todo por la campanada de alarma del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por las siglas en inglés). Presentado en agosto, el reporte fue contundente por el consenso científico, las advertencias y la precisión tanto en términos de causas como de previsiones y consecuencias. Según expertos, ha sido el más completo y de mayor certidumbre en el diagnóstico desde el primer reporte, en 1990.

Mostró que las emisiones de gases de efecto invernadero de actividades humanas son responsables de un calentamiento en un 1.1 grados centígrados del inicio del periodo industrial (1850 a 1900) a la actualidad. Predice que alcanzaremos los 1.5 °C en los próximos 20 años, y si no reducimos drásticamente las emisiones, rebasaremos ese umbral, lo que implicaría una catástrofe sin precedentes para la humanidad: tragedia ambiental, económica, social y política. Contamos con 10 años para evitarlo. No más.

El aumento hasta 1.5°C se da por descontado; hay que prepararse y hacer grandes inversiones para la adaptación a cambios irreversibles que alterarán muchos aspectos de nuestras vidas. Pero si pasamos de eso, los eventos extremos serían más frecuentes y llegaríamos a niveles de tolerancia crítica para la salud y la agricultura. Mil millones de personas podrían sufrir olas de calor que pondrían en peligro su vida. Cientos de millones batallarían con escasez de agua por sequías más graves y prolongadas. Podríamos ver un proceso de extinción masivo de especies, así como incremento en los niveles del mar que pondría en dificultades a muchas zonas costeras. Los arrecifes de coral, que sustentan la pesca en muchas zonas del planeta, pueden desaparecer.

Entre los objetivos que los especialistas destacan para la COP26 resalta el compromiso de limitar el calentamiento en 1.5 grados: varios países se han resistido, manteniendo el apego a los combustibles fósiles. Lamentablemente, México se ha insertado de lleno en este grupo. Cuando crece la inversión en energías limpias en todo el mundo, aquí se invierte en refinerías y se pretende imponer una contrarreforma que provocaría una desinversión dramática en generación eólica y solar. Inclusive, una de las disposiciones es acabar con el principal instrumento de reducción de emisiones que teníamos: el mercado de Certificados de Energía Limpia.

Recién trascendió que un informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía de Estados Unidos estima que las emisiones de carbono de México podrían dispararse entre 26 y 65 por ciento de aprobarse la contrarreforma. Y esto se daría junto con un aumento de entre 32 y 54 por ciento en los costos de generación eléctrica y uno de hasta 35% en la probabilidad de cortes o apagones.

Otro punto crucial de la agenda es asegurar el acuerdo de que los países desarrollados destinen 100 mil millones de dólares anuales para ayudar a los países en desarrollo a reducir emisiones de carbono, así como para mitigación y adaptación a los impactos inevitables del cambio. También aquí México va al corto circuito: ¿cómo conseguir una parte de ese fondeo para las necesidades energéticas de nuestra economía, y para el cumplimiento con el Acuerdo de París, si se presenta una contrarreforma para desplazar las inversiones que se han hecho en fuentes limpias desde la reforma eléctrica del 2013?

La cita en Glasgow también es ocasión para llegar a acuerdos para acelerar la construcción de un soporte financiero a la altura: por un lado, cómo fondear las inversiones requeridas en reducción de emisiones y adaptación; por otro, una valuación realista del precio del carbono y desarrollo de sus mercados. Igualmente destaca la intención de frenar la deforestación y la de reducir más rápido las emisiones de metano, menos abundante que el dióxido de carbono, pero 80 veces más poderoso. Incluso se habla de fijar metas para lograr que todos los automóviles nuevos que se vendan dentro de 20 años sean libres de emisiones.

Un punto medular está en las contribuciones determinadas a nivel nacional: el plan de cada país para hacer su parte. Una noción de soberanía mal entendida no puede ser pretexto para incumplir las responsabilidades inherentes de cada país. La huella de carbono se genera localmente, pero afecta globalmente. Nuestro país no es una isla que pueda aislarse de los efectos del cambio, ni tampoco de las responsabilidades, máxime al estar entre las 20 economías del mundo más grandes y de mayor emisión de dióxido de carbono. No es justo no con el mundo ni con México.