El fenómeno migratorio no es nuevo ni en México ni en ninguna parte del mundo. Actualmente, millones de personas abandonan sus países intentando dejar atrás pobreza, violencia, persecuciones, terrorismo y conflictos armados, étnicos o religiosos. Los migrantes constituyen la expresión más evidente del fracaso de un Estado en su responsabilidad de garantizar condiciones de vida digna, seguridad y oportunidades de progreso a sus habitantes.
Cuando ya no se tiene nada, nada se pierde al desplazarse a otro país. Lo único que importa es la sobrevivencia; en muchos casos, la miseria incita a arriesgar la vida misma. Esta es la razón que lleva a millones de migrantes a emprender una búsqueda, incierta, de aquello que su propia nación les ha negado.
Por más que se diga que la migración constituye un tema global y por lo tanto, es necesaria la cooperación internacional, lo cierto es que cada país debe resolver por sí mismo sus desafíos inmediatos: impulsar el desarrollo económico con equidad; garantizar seguridad, justicia y eficacia en la gestión de gobierno, así como combatir la corrupción. Y esto aplica desde luego para el caso mexicano.
Estando así la situación, no veo cómo se le pueda hacer frente a este fenómeno. En verdad, es difícil generar muchas expectativas considerando que la sociedad también se encuentra muy polarizada en este tema. Convergen posiciones que muestran solidaridad con los migrantes o que por el contrario, los estigmatizan; hasta aquellas que abiertamente manifiestan encono y rechazo, rayando en la violencia. No hay un consenso que contribuya a encauzar el problema.
La ONU celebró en 2016 una cumbre con el propósito de abordar esta cuestión. Se asumieron compromisos que quedaron contenidos en la Declaración de Nueva York. Son muchas las acciones acordadas con el objetivo no sólo de otorgar a las personas que transitan por nuestros países una atención “rápida, respetuosa, humana y digna, que se centre en las personas y tenga en cuenta las cuestiones de género”, sino que también garanticen el “pleno respeto y la protección de sus derechos humanos y libertades fundamentales”. En México estamos muy lejos de cumplir dichas disposiciones en la actual coyuntura.
Lo que esta Declaración busca también, es consolidar en cada país -estableciendo como plazo este año de 2018- una política migratoria que sea segura, ordenada y regular. Tampoco hay avances, ya que las distintas naciones están siendo rebasadas por la amplitud y complejidad de causas que hacen que millones de personas decidan dejar su “hogar”.
El tránsito por nuestro país de las caravanas de migrantes provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y otros más, no solamente ha exhibido incapacidad y descontrol por parte de los gobiernos federal y locales, sino también, nuevamente nos reitera que aquí en México las cosas tampoco están muy bien que digamos.
Con casi 54 millones de mexicanos en situación de pobreza, con los índices más altos de violencia de los que se tenga registro en los últimos 20 años, con una tendencia creciente en la desaparición de niñas, niños y adolescentes, con tanta corrupción e impunidad; con el desbordamiento del crimen organizado;… con todo esto, uno pensaría que igualmente miles de mexicanas y mexicanos siguen arriesgándose a “pasar al otro lado”.
Pero ya no es así. El número de compatriotas que se van a Estados Unidos está disminuyendo. Y esto no se debe a que México les esté brindando oportunidades para salir de la pobreza, a que haya más y mejores empleos o menos violencia.
Por el contrario, es resultado de varios factores de carácter externo: que a los mexicanos ahora les resulta más difícil cruzar la frontera, que en el país vecino cambiaron las condiciones de demanda laboral, que se profundizó el sentimiento antiinmigrante y que en algunos sectores de la sociedad estadounidense se extendió un ambiente de abierta intolerancia en contra de los mexicanos que ingresan ilegalmente en búsqueda de trabajo.
La cuestión es que nuestro gobierno no tiene nada que ofrecerles a los mexicanos que son deportados de Estados Unidos o a los que decidieron ya no desplazarse a este país; mucho menos a los millones de migrantes centro y sudamericanos que están a punto de provocar un gran hacinamiento en Tijuana, pues muy difícilmente lograrán pasar la frontera. Es más, México no sabe qué hacer ni cómo manejar la situación. Es muy probable que entremos en una crisis.
Estamos una encrucijada. Para los migrantes -de cualquier nacionalidad- que intentan ingresar a Estados Unidos no hay futuro, pero tampoco hay forma, ni medios ni recursos para retenerlos. Recordemos que los mexicanos que están de forma ilegal en ese país, son víctimas de la discriminación y de las políticas persecutorias, racistas y xenófobas de Donald Trump y que, en algún momento, México condenó con bastante tibieza.
Presidente de la Academia Mexicana de Educación
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