/ lunes 7 de enero de 2019

Militarización de la seguridad pública

La perpetuación de militarización de la seguridad pública, es un grave error. Y la gravedad consiste en que López Obrador se ha propuesto cambiar la Constitución para hacer su Guardia Nacional desde una concepción propia de un régimen derechista. Una policía militarizada nacional, con la ampliación de delitos para aplicar prisión preventiva oficiosa, sin presunción de inocencia, sin controles ni rendición de cuentas recuerda a policías de corte fascista.

Y es una falta de respeto a todos que antes de que concrete su reforma constitucional, esté promoviendo oficialmente su formación invitando a jóvenes para que se inscriban en lo que todavía no es. Hagamos una breve historia. En la discusión de la Ley de Seguridad Interior señalamos que se pretendía continuar con una fórmula que no sólo había fracasado en los últimos dos sexenios, también expresamos nuestra preocupación porque México ha sido señalado desde los organismos de derechos humanos como un país en donde la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, constituían violaciones a los derechos humanos.

Violación a los derechos humanos en expresiones derivadas del uso excesivo de la fuerza porque las fuerzas armadas están adiestradas para enfrentar al enemigo. Los delincuentes propiamente son enemigos de la sociedad, no del Estado. La declaración de guerra contra las drogas decretada por Calderón marcó su sexenio y para desgracia del país, también caracterizó al de Peña, y la pretensión de legalizar lo ilegal originó una discusión trascendental en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la ley de Seguridad Interior impuesta por el PRI y aliados en el Congreso anterior.

Pero hoy estamos peor, reformar la Constitución para imponer un modelo de seguridad militarizada es sumamente peligroso.

Con esta decisión el Presidente indica claramente que los retrocesos a lo concebido en materia del debido proceso legal, reestructuración de centros de privación de libertad, reinserción social, prevención social del delito y protección a los derechos humanos son serios. Lo logrado sufrirá interrupción y riesgos de volver al sistema inquisitivo.

Lo que observamos corresponde a una concepción de gobernar que no es hacia adelante, no se consolidan los sistemas de anticorrupción, de respeto a los derechos humanos, hacia una sociedad más igualitaria y con políticas inscritas en el desarrollo sostenible; su forma de concebir el gobierno mandando al diablo a las instituciones, al estado laico, a la política exterior caracterizada por el respeto al derecho internacional de los derechos humanos, su imposición de caprichos como Santa Lucía y tren maya argumentando mitomanías como que una “mayoría” decidió que así fuera, desoyendo como él mismo reconoce a su propio equipo es preocupante. Y lo es más no dar las respuestas que exigen las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos.

La Guardia Nacional no es una ley secundaria, son reformas estructurales a la Constitución. Es la transgresión a los fundamentos esenciales del constitucionalismo. Nos iría mejor si en lugar de predicar que debemos respetar los mandamientos e ir a la iglesia, López Obrador se lea todos los días el artículo 1 de la Constitución. Claro, puede ser riesgoso porque puede aprender; o también ordenar su reforma.

Defensora de los Derechos Humanos

La perpetuación de militarización de la seguridad pública, es un grave error. Y la gravedad consiste en que López Obrador se ha propuesto cambiar la Constitución para hacer su Guardia Nacional desde una concepción propia de un régimen derechista. Una policía militarizada nacional, con la ampliación de delitos para aplicar prisión preventiva oficiosa, sin presunción de inocencia, sin controles ni rendición de cuentas recuerda a policías de corte fascista.

Y es una falta de respeto a todos que antes de que concrete su reforma constitucional, esté promoviendo oficialmente su formación invitando a jóvenes para que se inscriban en lo que todavía no es. Hagamos una breve historia. En la discusión de la Ley de Seguridad Interior señalamos que se pretendía continuar con una fórmula que no sólo había fracasado en los últimos dos sexenios, también expresamos nuestra preocupación porque México ha sido señalado desde los organismos de derechos humanos como un país en donde la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, constituían violaciones a los derechos humanos.

Violación a los derechos humanos en expresiones derivadas del uso excesivo de la fuerza porque las fuerzas armadas están adiestradas para enfrentar al enemigo. Los delincuentes propiamente son enemigos de la sociedad, no del Estado. La declaración de guerra contra las drogas decretada por Calderón marcó su sexenio y para desgracia del país, también caracterizó al de Peña, y la pretensión de legalizar lo ilegal originó una discusión trascendental en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la ley de Seguridad Interior impuesta por el PRI y aliados en el Congreso anterior.

Pero hoy estamos peor, reformar la Constitución para imponer un modelo de seguridad militarizada es sumamente peligroso.

Con esta decisión el Presidente indica claramente que los retrocesos a lo concebido en materia del debido proceso legal, reestructuración de centros de privación de libertad, reinserción social, prevención social del delito y protección a los derechos humanos son serios. Lo logrado sufrirá interrupción y riesgos de volver al sistema inquisitivo.

Lo que observamos corresponde a una concepción de gobernar que no es hacia adelante, no se consolidan los sistemas de anticorrupción, de respeto a los derechos humanos, hacia una sociedad más igualitaria y con políticas inscritas en el desarrollo sostenible; su forma de concebir el gobierno mandando al diablo a las instituciones, al estado laico, a la política exterior caracterizada por el respeto al derecho internacional de los derechos humanos, su imposición de caprichos como Santa Lucía y tren maya argumentando mitomanías como que una “mayoría” decidió que así fuera, desoyendo como él mismo reconoce a su propio equipo es preocupante. Y lo es más no dar las respuestas que exigen las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos.

La Guardia Nacional no es una ley secundaria, son reformas estructurales a la Constitución. Es la transgresión a los fundamentos esenciales del constitucionalismo. Nos iría mejor si en lugar de predicar que debemos respetar los mandamientos e ir a la iglesia, López Obrador se lea todos los días el artículo 1 de la Constitución. Claro, puede ser riesgoso porque puede aprender; o también ordenar su reforma.

Defensora de los Derechos Humanos

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