Es errónea por ignorancia o un prurito anticastrense, la preocupación por un supuesto proceso de militarización, que el gobierno estaría llevando a cabo al asignar a las fuerzas armadas tareas que no les corresponden por ajenas a su naturaleza y a sus deberes, en la organización institucional de la sociedad. Los secretarios y principales mandos de las secretarias de la Defensa y de Marina son nombrados por el presidente de la República y con esa autoridad puede removerlos como ocurre en el caso de todas las dependencias del Ejecutivo. Es una reminiscencia de un pasado lejano en la historia del país insistir una y otra vez en señalar la lealtad del Ejército al gobierno legítimamente constituido del que sin duda alguna forma parte. El presidente de la República, se dice, es el jefe nato del Ejército y la Armada como es también la autoridad suprema de cada una de las instancias gubernamentales. El presidente es el único depositario del Poder Ejecutivo y el responsable final de aciertos y errores de su administración. Las fuerzas armadas no son un poder aparte al margen de la división de poderes marcada por la Carta Magna.
La multiplicación de responsabilidades y tareas encomendadas al Ejército y la Marina sobrepasan sus capacidades, pero no anuncian una militarización que daría poderes extraordinarios a ese sector que llevaría a un posible control castrense de todo el país o incluso a golpes militares que subvertirían el orden establecido. Las voces de alarma que esas indebidas atribuciones al Ejército y la Marina significan, corresponden al mismo equívoco de agradecer en cualquier ocasión la lealtad de los cuerpos armados. Yerra también el propio secretario de la Defensa, General Luis Cresencio Sandoval cuando en el aniversario de la Revolución Mexicana aclara que lo militar en el país debe subordinarse a lo civil, obviedad innecesaria en nuestra vida institucional. En esa cauda de incongruencias aparece una declaración del propio presidente Andrés Manuel López Obrador cuando al principio de su gobierno afirmó que si por él fuera, el Ejército no existiría. En esa sucesión de contradicciones, el secretario Sandoval se pronuncia en favor de lo que el gobierno de López Obrador ha llamado la cuarta transformación, como si, guste o no, ésta no formara parte de la administración.
Incongruente es en todo caso encargar a las fuerzas armadas del país labores más allá de la preservación de la seguridad nacional que en la situación actual debería incluir abiertamente el combate a la delincuencia con los instrumentos que esa parte del gobierno tiene para contenerla. Dar al Ejército y la Marina la obligación de construir y administrar aeropuertos, carreteras o líneas ferroviarias constituye un error de administración, el desperdicio de capacidades de otras instancias como serían la secretaría de Comunicaciones o la de Hacienda en el control de aduanas y puertos de la república. La multiplicidad de funciones a las fuerzas armadas no es militarización, sino muestra del pésimo aprovechamiento de los elementos indicados para esas tareas.
.jpg "Inflación (1).jpg")
