El jueves 30 de noviembre pasado la Cámara de Diputados, finalmente con más de 10 años de retraso, aprobó en lo general la Ley de Seguridad Interior (LSI).
Pasó un año después del enérgico reclamo del Secretario de la Defensa Nacional a las autoridades encargadas de la seguridad interna del país.
Igualmente pasó un año donde el ejército prácticamente se retiró, bajo el argumento de que “les era menos costoso, el castigo por desobedecer que el castigo por el reclamo de la Comisión Nacional de derechos Humanos”.
La Ley de Seguridad Interior, da respuesta al justo reclamo de las fuerzas armadas y al grito desesperado de la ciudadanía, que ya no exige empleo sino una elemental seguridad para las familias.
Primero fueron rebasados los mandos municipales, hoy en su gran mayoría de los que existen responden irremediablemente a mandos “extralegales”. Ahora, con algunas excepciones, prácticamente también están rebasados los mandos estatales. Por ejemplo, Baja California Sur, Zacatecas, Veracruz, Tabasco y Morelos, son 5 de las entidades federativas con mayor índice de criminalidad, claramente la inseguridad los rebasó.
La LSI, regulará el desempeño de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública. Es deseable que se haga ver y sentir el poderío que representan la Sedena, Semar, Policía Federal y Gendarmería Federal en su conjunto, como la única opción que tenemos ante el desbordamiento generalizado del “río revuelto” que se generó al dejar a su suerte y al garete a los estados y Municipios.
Tal como lo establece el artículo 21 constitucional, contra lo que se diga, en la actual circunstancia, debido al desbordamiento de la inseguridad en estados y municipios, solo la fuerza federal está en capacidad de restablecer y salvaguardar el orden en el país.
El manotazo que se debe dar, debe ser de la magnitud que las circunstancias lo exigen en la mayoría de las entidades federativas, sobre todo en las arriba señaladas.
Hoy no es la amenaza externa, sino la violencia generalizada ante la omisión, mas que debilidad del gobierno para cumplir con la elemental función consagrada en la Constitución, para mantener el Estado de Derecho.
Ha habido oposición, críticas y dudas con argumentos como: “la Ley de Seguridad Interior fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia civil”;“abre la puerta de la militarización del país y potenciales violaciones de garantías de los ciudadanos”, y otras más.
Pudieran ser validas, pero en la actual circunstancia no queda de otra más que optar por la militarización ahora regulada en la Ley de Seguridad Interior, o la criminalidad desbordada.
Tal vez, para volver “las aguas a su cause”, sea necesario sacrificar temporalmente algunas libertades individuales, para garantizar la paz colectiva. No son pocos los que actualmente hablan de declara el “Estado de Excepción”, entendida como la declaración que puede hacer un gobierno para establecer un régimen de excepción en situaciones especiales, como las que incuestionablemente estamos padeciendo más que viviendo, en varias zonas y regiones del país.
Pudiera sonar exagerada, y para muchos violatoria a las Garantías Individuales, sin embargo, no hay otra vía para detener la macroviolencia (las disputas entre cárteles) que ha proahijado la microviolencia (secuestro, extorsión, robo, homicidio).
La LSI, contempla que en “aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”, el ejecutivo podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas.
*Presidente de Unidos Podemos A.C. ZACATECAS
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