Por Mercedes Carbonell
El General Felipe Ángeles Ramírez, considerado como “el mejor artillero de México”, fue un héroe de la Revolución Mexicana. A petición del Presidente López Obrador, se decidió nombrar en su honor al Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía como una manera de homenajear a este personaje y su convicción por la causa democrática. Sin embargo, la admiración por este personaje histórico sólo es de dientes para afuera. En la práctica, no se emula la lealtad a las instituciones legalmente constituidas que se le atribuye a Felipe Ángeles; al contrario, existe una tendencia a desmantelar instituciones y a actuar sin sustento legal.
La profundización de la militarización que estamos viviendo en este sexenio ocurre en detrimento de instituciones civiles y sin sustento legal o, en otros casos, violando expresamente la Constitución. Parte del aumento de responsabilidades de las Fuerzas Armadas no se ha visto reflejado en la ley, pero sí en el presupuesto, como la nueva función de participar en la construcción de obras de infraestructura. Por ejemplo, en 2020, el Nuevo Aeropuerto “Felipe Ángeles” tenía proyectado poco más de cinco millones y medio de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); para 2021, el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación (PPEF) tenía contemplados 280% más para dicha obra, es decir, 21 mil millones de pesos. Lo mismo ocurre con el proyecto del Tren Maya: de 2020 a 2021, el presupuesto asignado a este proyecto aumentó en 43% y pasó de 25 mil millones de pesos a 36 mil millones de pesos. Finalmente, el Parque Ecológico de Texcoco pasó de tener 135 millones de pesos asignados en el 2020 a mil 400 millones de pesos en 2021.
No sólo ha aumentado el presupuesto de los proyectos en los que colaboran las Fuerzas Armadas, sino también el presupuesto designado al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional, que, en la práctica, es una extensión más de las Fuerzas Armadas y no una institución civil como lo dicta la Constitución. De acuerdo con datos del Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sobre PPEF para el Ejercicio Fiscal de 2021, la Secretaría de Defensa (SEDENA) aumentó sus recursos 16%, en más de 18 mil millones de pesos. La Secretaría de Marina (SEMAR) aumentó sus recursos en 2.1% en casi dos mil millones de pesos; mientras que el presupuesto de la Guardia Nacional aumentó en 18% hasta alcanzar poco más de 35 mil millones y medio de pesos.
Lo grave no sólo es el aumento presupuestal de las Fuerzas Armadas; también preocupa que estos recursos carecen de una fiscalización oportuna. El dinero que reciben el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional puede ser usado discrecionalmente, pues estas instituciones no cuentan con mecanismos de supervisión y transparencia adecuados. Esto es contradictorio al discurso anticorrupción que tanto promueve el gobierno, el cual se vuelve cada vez más opaco y abre espacios para la corrupción.
El Presupuesto de Egresos de la Federación refleja las prioridades del gobierno: se fortalece a las Fuerzas Armadas y el proyecto militarista mientras se abandona rubros vitales para nuestro país y nuestra democracia como las policías locales, las escuelas de tiempo completo, y el Instituto Nacional Electoral, por mencionar algunos. La militarización de México, en las calles y en el presupuesto, es una amenaza para el Estado de derecho y el sistema de garantías; no abona al proyecto democrático por el que lucho Felipe Ángeles.
