/ jueves 17 de septiembre de 2020

¿Minería responsable en la 4T?

En el marco de la cuarta transformación, como se ha autodenominado la forma de ejercer el poder desde gobierno federal, hay un problema grave de certidumbre en la forma en la que se comunican los mensajes. Si bien algunos de los instrumentos, que en su momento fueron muy útiles para el Presidente López Obrador, como es el caso de las conferencias matutinas, también hay graves errores por omisión o por falta de coordinación en la forma de comunicar de los diferentes funcionarios del gabiente, las decisiones de política del gobierno y el propio presidente.


En el caso del sector minero, se inició el sexenio con una expectativa de que la Secretaría de Economía vía la subsecretaría de minería desarrollaría una guía para impulsar la minería sustentable en el país, para lo cual se convocaron diferentes mesas de discusión y sí logró despertar el interés, no solo de los dueños de las mineras sino de los diferentes actores que participan en esta actividad económica e incluso de los propios sectores afectados, que en su gran mayoría son los habitantes de las comunidades circundantes a la mina. Lo cierto fue que se emitió una guía de buenas intenciones del sector, no hubo nada más, ni siquiera la forma en que se conciliaría los conflictos existentes. Posteriormente se comunicó que se desarrollarían bases para una nueva minería y no se ha emitido nada. Pero sin embargo había un área en la administración pública, destinada a atender estos conflictos, como una manguera de escape, misma que hoy ha desaparecido como decisión de política en el marco de la austeridad republicana.


El Presidente López Obrador sigue comunicando que el problema en el sector es debido a la forma en el que en el periodo neoliberal se concesionó mas del 60% del territorio nacional a compañías mineras, que la gente ni se entero de lo que había sido concesionado y por lo tanto hay muchos enfrentamientos entre las empresas, los trabajadores, los sindicatos, las poblaciones en la zona de influencia de la mina y lamentablemente este es un problema heredado.


La situación de la exploración y posterior explotación de los recursos minerales en los diferentes estados mineros presentan patrones de conflicto similares, originados principalmente por una falta de compromiso en el cuidado del entrono ambiental que les corresponde, falta de cumplimiento en los compromisos que se adquieren en las comunidades, falta de inversión justa en las zonas en donde explotan y que los pobladores locales se sienten explotados más que ser beneficiarios de dicha actividad, pero en donde el gobierno es parte del problema, al no hacer un ejercicio real de aplicación de la ley.


Para quienes hemos seguido el tema de cerca, en algún momento hubo mucho interés en analizar y discutir un verdadero Plan de minería sustentable, donde las empresas se comprometieran a impulsar una verdadera compensación por las externalidades negativas originadas por el proceso de explotación mineral, principalmente de aquéllas que lo hacen a cielo abierto. Garantizar el cumplimiento de los compromisos pero sin que se tradujera en una pérdida de la derrama económica vía los proyectos de inversión que ejecutan las empresas concesionarias. Que instrumentos como el Fondo Minero sí tendrían mejores sistemas de monitoreo para garantizar que los recursos del fondo sí se aplicaran en obras que llevara un beneficio colectivo a las comunidades de influencia y no fueran solo recursos que se aplicaban a obras que beneficiaran a unos cuantos, por citar dos ejemplos, en materia medioambiental y social, que se engloba en el marco de responsabilidad corporativa. Pero una vez más no evolucionó dicha convocatoria. Seguimos en la fase de comunicación vía las mañaneras, de lo que el Presidente quiere decir del sector, que lamentablemente se queda en puros juicios de valor por corrupción en el sector.


Ejemplos se pueden citar diversos, pero hoy estamos en la antesala de un conflicto por el proyecto denominado Santa Marta, en Oaxaca, que desde el 2018 Minarum Gold realiza actividades de exploración de oro, cobre y plata en un polígono de 7,310 hectáreas y que tiene una concesión por 50 años de duración. Tanto las comunidades como grupos ambientalistas se han opuesto, pero la concesión sí se autorizó . La minería se realizara en la Selva de los Chimalpas que es una de las zonas con mayor biodiversidad del país y donde la comunidad Zoque se verá afectada por el uso de su terrtiroio y donde ha habido un rechazo total de la comunidad a dicha actividad.


Es totalmente incongruente hablar de minería sustentable, porque en sí misma la actividad implica la afectación del entorno natural y los recursos naturales de la propia mina, pero sin embargo sí podemos impulsar una Minería Responsable” que impulse la economía local y nacional, atraiga inversiones, genere empleo, mejore la calidad de vida, y protección real al ambiente. La Iniciativa para el Aseguramiento en Minera Responsable (IRMA) lanzó un Estándar que incluye un programa de certificación global. En 2002, Fundar publicó el reporte Minería, comunidades y medio ambiente Investigaciones sobre el impacto de la inversión canadiense en México” donde destaca que la Ley Minera fue diseñada con el objetivo de establecer condiciones competitivas para las inversiones, enfocándose más a la promoción de la minería que a su control; Se otorga a la minería prioridad sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de la tierra. Esta disposición lleva a un desequilibrio en la relación entre la promoción del crecimiento económico y la protección del medio ambiente, así como en la correlación de fuerzas entre los diferentes actores involucrados y afectados por las actividades mineras y la legislación vigente subordina valores centrales para las sociedades, como el derecho de las personas y las comunidades a gozar de salud y de un medio ambiente limpio, así como el derecho a participar en las decisiones que les afectan y decidir sobre su propio desarrollo.


Buscar el respeto y cuidado por el medio ambiente, contribuir a la conservación de la biodiversidad y a enfoques integrados de planificación territorial y atender las necesidades de los pueblos originarios, es fundamental. El potencial conflicto no es solo un problema de gobiernos neoliberales, sino es una responsabilidad de la 4T con una actividad económica del país. Si hay mucho que hacer, lástima que las señales son en sentido inverso.

En el marco de la cuarta transformación, como se ha autodenominado la forma de ejercer el poder desde gobierno federal, hay un problema grave de certidumbre en la forma en la que se comunican los mensajes. Si bien algunos de los instrumentos, que en su momento fueron muy útiles para el Presidente López Obrador, como es el caso de las conferencias matutinas, también hay graves errores por omisión o por falta de coordinación en la forma de comunicar de los diferentes funcionarios del gabiente, las decisiones de política del gobierno y el propio presidente.


En el caso del sector minero, se inició el sexenio con una expectativa de que la Secretaría de Economía vía la subsecretaría de minería desarrollaría una guía para impulsar la minería sustentable en el país, para lo cual se convocaron diferentes mesas de discusión y sí logró despertar el interés, no solo de los dueños de las mineras sino de los diferentes actores que participan en esta actividad económica e incluso de los propios sectores afectados, que en su gran mayoría son los habitantes de las comunidades circundantes a la mina. Lo cierto fue que se emitió una guía de buenas intenciones del sector, no hubo nada más, ni siquiera la forma en que se conciliaría los conflictos existentes. Posteriormente se comunicó que se desarrollarían bases para una nueva minería y no se ha emitido nada. Pero sin embargo había un área en la administración pública, destinada a atender estos conflictos, como una manguera de escape, misma que hoy ha desaparecido como decisión de política en el marco de la austeridad republicana.


El Presidente López Obrador sigue comunicando que el problema en el sector es debido a la forma en el que en el periodo neoliberal se concesionó mas del 60% del territorio nacional a compañías mineras, que la gente ni se entero de lo que había sido concesionado y por lo tanto hay muchos enfrentamientos entre las empresas, los trabajadores, los sindicatos, las poblaciones en la zona de influencia de la mina y lamentablemente este es un problema heredado.


La situación de la exploración y posterior explotación de los recursos minerales en los diferentes estados mineros presentan patrones de conflicto similares, originados principalmente por una falta de compromiso en el cuidado del entrono ambiental que les corresponde, falta de cumplimiento en los compromisos que se adquieren en las comunidades, falta de inversión justa en las zonas en donde explotan y que los pobladores locales se sienten explotados más que ser beneficiarios de dicha actividad, pero en donde el gobierno es parte del problema, al no hacer un ejercicio real de aplicación de la ley.


Para quienes hemos seguido el tema de cerca, en algún momento hubo mucho interés en analizar y discutir un verdadero Plan de minería sustentable, donde las empresas se comprometieran a impulsar una verdadera compensación por las externalidades negativas originadas por el proceso de explotación mineral, principalmente de aquéllas que lo hacen a cielo abierto. Garantizar el cumplimiento de los compromisos pero sin que se tradujera en una pérdida de la derrama económica vía los proyectos de inversión que ejecutan las empresas concesionarias. Que instrumentos como el Fondo Minero sí tendrían mejores sistemas de monitoreo para garantizar que los recursos del fondo sí se aplicaran en obras que llevara un beneficio colectivo a las comunidades de influencia y no fueran solo recursos que se aplicaban a obras que beneficiaran a unos cuantos, por citar dos ejemplos, en materia medioambiental y social, que se engloba en el marco de responsabilidad corporativa. Pero una vez más no evolucionó dicha convocatoria. Seguimos en la fase de comunicación vía las mañaneras, de lo que el Presidente quiere decir del sector, que lamentablemente se queda en puros juicios de valor por corrupción en el sector.


Ejemplos se pueden citar diversos, pero hoy estamos en la antesala de un conflicto por el proyecto denominado Santa Marta, en Oaxaca, que desde el 2018 Minarum Gold realiza actividades de exploración de oro, cobre y plata en un polígono de 7,310 hectáreas y que tiene una concesión por 50 años de duración. Tanto las comunidades como grupos ambientalistas se han opuesto, pero la concesión sí se autorizó . La minería se realizara en la Selva de los Chimalpas que es una de las zonas con mayor biodiversidad del país y donde la comunidad Zoque se verá afectada por el uso de su terrtiroio y donde ha habido un rechazo total de la comunidad a dicha actividad.


Es totalmente incongruente hablar de minería sustentable, porque en sí misma la actividad implica la afectación del entorno natural y los recursos naturales de la propia mina, pero sin embargo sí podemos impulsar una Minería Responsable” que impulse la economía local y nacional, atraiga inversiones, genere empleo, mejore la calidad de vida, y protección real al ambiente. La Iniciativa para el Aseguramiento en Minera Responsable (IRMA) lanzó un Estándar que incluye un programa de certificación global. En 2002, Fundar publicó el reporte Minería, comunidades y medio ambiente Investigaciones sobre el impacto de la inversión canadiense en México” donde destaca que la Ley Minera fue diseñada con el objetivo de establecer condiciones competitivas para las inversiones, enfocándose más a la promoción de la minería que a su control; Se otorga a la minería prioridad sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de la tierra. Esta disposición lleva a un desequilibrio en la relación entre la promoción del crecimiento económico y la protección del medio ambiente, así como en la correlación de fuerzas entre los diferentes actores involucrados y afectados por las actividades mineras y la legislación vigente subordina valores centrales para las sociedades, como el derecho de las personas y las comunidades a gozar de salud y de un medio ambiente limpio, así como el derecho a participar en las decisiones que les afectan y decidir sobre su propio desarrollo.


Buscar el respeto y cuidado por el medio ambiente, contribuir a la conservación de la biodiversidad y a enfoques integrados de planificación territorial y atender las necesidades de los pueblos originarios, es fundamental. El potencial conflicto no es solo un problema de gobiernos neoliberales, sino es una responsabilidad de la 4T con una actividad económica del país. Si hay mucho que hacer, lástima que las señales son en sentido inverso.