Por Jorge Uzeta (Colmich)
Las regiones de México suelen estar llenas de olvidos a propósito de sus vínculos con procesos históricos de largo aliento. Considérense, por ejemplo, la discusión sobre el “progreso” y el “desarrollo” en la Sierra Gorda de Guanajuato. Estos términos hoy se utilizan para subrayar las bondades económicas que dejaría en las poblaciones locales, ubicadas en la franja de la pobreza, la posible explotación del subsuelo.
Más allá de que se trata de una Reserva de la Biosfera, los entusiastas de la minería repiten que la actividad sería una palanca para “la reactivación económica de la zona”. Con este tipo de argumentos es fácil olvidar que el debate dista mucho de ser novedoso, tal como se puede constatar a través de diferentes documentos históricos.
Tan solo a mediados del siglo XIX, los inversionistas mineros interesados en esos mismos espacios proyectaban sus empresas como la punta de lanza del progreso. No sólo por lo que se refería a la transformación de la naturaleza mediante los avances científicos propios de la industria, sino también por su influencia en la sociedad regional, al ir acompañada de leyes y de una mayor presencia del Estado.
En la sierra comenzaba a crecer ese tipo de negocios, al tiempo que –legal o ilegalmente– las fincas rústicas se expandían cada vez más sobre las tierras de pequeñas poblaciones desperdigadas por todo el relieve, apropiación que obstaculizaba el acceso de la gente a los recursos del monte (aguas, pastos y maderas).
De acuerdo con varios historiadores, aquellas presiones sobre la tierra fueron el detonante de la rebelión suscitada en la Sierra Gorda en 1847, misma que en su momento de auge abarcó porciones de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato (Fotografía 1).
La rebelión coincidió con la invasión norteamericana a México, lo que obligó al gobierno a decretar nuevas cargas impositivas para financiar la defensa del país. Al menos en la Sierra, lo anterior no hizo sino incrementar el malestar social, estimulando la consolidación de líderes sociales y militares que fueron capaces de redactar planes y proyectos con vistas a la protección de las poblaciones desfavorecidas.
En este contexto, es interesante resaltar que varios documentos, algunos elaborados por institucionales de gobierno y otros por los propios empresarios atrapados en la revuelta, esbozan a los habitantes de la serranía recurriendo a formulaciones despectivas. La zona, entonces, estaba ocupada por una población culturalmente heterogénea, repartida entre asentamientos indígenas y otros más amestizados, pero todos básicamente dedicados a desempeños rurales de corte agrario.
La consideración que este perfil poblacional le merecía a empresarios y políticos de la época tenía mucho que ver con una perspectiva de evolución social, pues si estos últimos se auto-atribuían la imagen de ciudadanos respetuosos de la ley, nacionalistas e impulsores del progreso y la modernidad, las personas de las localidades les permitían ilustrar el polo opuesto: se les consideraba revoltosas, desdeñosas de las leyes y listas para cualquier aventura de corte violento. Si bien algunos personajes de la época juzgaban que eso era fruto de la falta de educación –como han señalado algunos investigadores–, otros más parecían sugerir que aquellos hábitos eran propios del carácter o de la naturaleza del indígena.
Como podría suponerse, aquellas iniciativas mineras se vieron interrumpidas durante los años de la revuelta, pero la tensión y la violencia social se mantuvieron hasta más allá de finales del siglo XIX.
Eventualmente, nuevos empresarios aprovecharon las facilidades otorgadas por el gobierno de Guanajuato para impulsar las labores extractivas, reconociendo los predios denunciados en favor de los inversionistas interesados en la explotación del subsuelo. En el actual municipio de Atarjea, por ejemplo, las poblaciones tuvieron un extenso diferendo con un empresario minero alemán que logró hacerse con una enorme propiedad (Fotografía 2).
En esas últimas querellas relucieron algunos temas que en años recientes han vuelto a destacar en la discusión pública, asuntos que han sido abordados por medios dedicados al periodismo de investigación: entre otros, el beneficio económico que reportaría a los empobrecidos vecinos de la zona una contratación asalariada, pero también la asociación directa entre una explotación altamente tecnificada y la devastación ecológica del entorno, pues no sólo se echaría mano de aguas y otros recursos naturales, sino que la actividad extractiva terminaría inutilizando los espacios ocupados.
Las posibilidades empresariales están lidiando actualmente con las restricciones conservacionistas propias de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato. En el pasado, sin embargo, situaciones muy semejantes abonaron muchos de los posicionamientos locales en favor de los proyectos más radicales de la Revolución mexicana, entre ellos, el reparto agrario. No habría por qué sorprendernos de lo anterior, pero ciertamente no deberíamos olvidarlo.
Autor
El doctor Jorge Uzeta Iturbide es investigador del Centro de Estudios Antropológicos en El Colegio de Michoacán (Colmich).
Contacto: Eva Alcántar Muñoz eva@colmich.edu.mx
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