El pasado 14 de junio, en su mañanera, el presidente de la república comentó: “Me dicen ‘¿por qué hubo 60 candidatos asesinados?’ Y les digo no, no fueron 60, creo que fueron seis, y fueron menos que en la elección del 21, y menos que en la elección del 18, y menos que en la elección del 12, menos que la elección del 6. Entonces es una desinformación.”
Son sus otros datos, los que convienen a las estadísticas de su gobierno para sostener la falacia de que en este sexenio todo fue mejor, que se abatió el crimen y que estas fueron las elecciones más tersas que las del pasado. No importa que apenas el 28 de mayo Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en otro intento burdo hubiera maquillado las cifras señalando que solo eran 22 asesinatos, bajo el argumento de que solo se consideraba a las candidaturas formalmente registradas ante los órganos electorales.
Solo el gobierno no quiere ver la realidad que el país padece todos los días. Los medios de comunicación, día a día, dieron cuenta de los atentados y asesinatos en las semanas previas a la jornada electoral. Otros espacios de análisis como Data Cívica, Integralia o el Laboratorio Electoral también llevaron un registro puntual de los diversos hechos de violencia relacionados con las elecciones.
Así, el Laboratorio Electoral documentó 320 casos de violencia, 93 fueron asesinatos que incluyen a 36 personas que aspiraban a cargos de elección popular, precandidatos o candidatos. Data Cívica y México Evalúa, el 10 de junio pasado, informaron que fueron asesinados 30 precandidatos y candidatos, 70 funcionarios públicos y 29 integrantes de partidos políticos. Hay coincidencia entre las instancias que registraron estos lamentables hechos.
Los asesinatos han continuado después de la jornada electoral y no van a cesar solo porque el presidente defienda la falsedad de sus datos. El 8 de junio se informó sobre la muerte de una regidora en Tixtla, Guerrero, lo mismo que el día 10 cuando fueron ultimados dos regidores más, uno en Jacona, Michoacán y otro en Tulancingo, Hidalgo.
La conclusión es tan lamentable como simple: este ha sido el proceso electoral más violento de la historia reciente, más que todos los que mencionó López Obrador. La violencia y la criminalidad se presentaron recurrentemente, al menos en la mitad de las entidades federativas, bastaría revisar lo acontecido en Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. También habrá que sumar las intimidaciones y amenazas que sufrieron distintas candidaturas que decidieron no participar, que renunciaron a esa posibilidad para no sufrir represalias que los lastimaran a ellos y a sus familias.
México no va a erradicar la violencia mientras el gobierno se ocupe solo en ocultar la contundencia de los datos y no de atacar el problema de raíz. Veremos en los meses siguientes cómo los grupos del crimen organizado lograron imponer sus candidaturas, esas que les permiten mantener sus negocios y áreas de control. Al crimen organizado no le ha importado vulnerar instituciones, lastimar familias o deshacer comunidades, lo preocupante es que, al parecer, tampoco al gobierno.
Veremos, en breve, si la Presidenta Claudia Sheinbaum decide mantener la supuesta política de abrazos para los jóvenes y cero impunidad para los delincuentes, así como lo dijo en diversas ocasiones durante su campaña, tratando de explicar el slogan de AMLO de abrazos no balazos. Veremos si los logros en materia de seguridad que presumió lograr en la CDMX, se traducen en beneficios tangibles para el país.
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
