Cada vez hay más preguntas y menos respuestas sobre el costo total de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, y que inevitablemente tendrá un cargo a las finanzas públicas no sólo en este sexenio sino que se heredará a las futuras administraciones. El monto básicamente incluye los contratos con diversas empresas constructoras y proveedores relacionados; los inversionistas financieros que se dividen en tenedores de bonos internacionales por seis mil millones de dólares y 30 mil millones de pesos de la Fibra NAIM que se colocó en marzo del año pasado en medio de dudas e incluso la posibilidad de cancelar la transacción donde participaron renombrados bancos globales de inversión como CreditSuisse, Citigroup, BTG Pactual, y a nivel nacional actuaron como intermediarios líderes Inbursa, BBVA Bancomer, Banorte y Santander.
Y a las cuentas hay que sumar los honorarios de los asesores financieros y abogados que apoyan a la Secretaría de Hacienda de Carlos Urzúa, un hermético rubro, y los gastos en que se incurran por potenciales demandas judiciales por la cancelación.
En el caso de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura, Fibra NAIM, donde el gobierno cuenta con la asesoría del influyente despacho internacional GreenbergTraurig, se informó a la BMV de José Oriol Bosch, la decisión del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que dirige Gerardo Ferrando de iniciar los trámites y convocar una asamblea con los tenedores y proceder a la amortización anticipada de los instrumentos.
Adiferencia de lo que sucedió con los bonos de deuda, donde el gobierno federal presume que después de aumentar la oferta de recompra recibió una respuesta “abrumadora“, el caso del Fibra será más terso, pero no por eso menos costoso a pesar de que los recursos obtenidos se mantienen en el fideicomiso del proyecto y serían utilizados exclusivamente para financiar la construcción. La estructura de los certificados ofreció a los inversionistas una tasa de rendimiento mínima, que sube hasta 10 por ciento anual en caso de amortización anticipada, lo que implica que cuando menos se tendrían que poner sobre la mesa no sólo tres mil millones de pesos sino una cantidad mayor por el efecto de la inflación para lograr el objetivo y liberar al gobierno de cualquier limitación u obligación posterior”.
Así, la cuenta del costo público del rescate seguirá en aumento, y lo más grave es que prácticamente es dinero que se tira a la basura por más argumentos a favor de la cancelación, porque lo único que quedará del proyecto para la urgente ampliación de la capacidad aeroportuaria de la capital del país serán deudas que tardarán años en liquidarse, con un costo financiero de por medio y una infraestructura a medias y altamente costosa por una decisión visceral y sin fundamentos técnicos y mucho menos económicos.
@robertoah
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