¿Cuáles son las mejores políticas públicas de integración para las ciudades y zonas regionales?, es una interrogante que utilicé en el Primer Encuentro Nacional de Diputados Locales por la Movilidad que, con el propósito de fortalecer el trabajo legislativo en este tema y en seguridad vial, fue organizado por el Diputado Local Jonadab Martínez García desde el Congreso Estatal de Jalisco hace un par de semanas.
En distintos artículos hemos levantado la voz sobre la necesidad de contar con una ley de movilidad única para todo el territorio nacional, con el propósito de fijar bases de compatibilidad entre los derechos humanos y la movilidad; entendiéndola como nuestra capacidad de tránsito o desplazamiento, ya sea de personas y bienes, anticipando la accesibilidad universal, la seguridad vial y la preservación del equilibrio ecológico; que logre una real coordinación entre zonas metropolitanas y una moderación de sectores y servicios.
Al respecto las conclusiones del evento mencionado fueron plasmadas en cinco ejes que nos parece importante dar a conocer, pues su impacto, que en un primer momento pareciera de ámbito local, a nivel nacional, la movilidad y la seguridad vial son tópicos interrelacionados, que deben ser desarrollados de manera integral y no independiente, pues todos queremos desplazamientos, con cualquiera que sea el medio de transporte, de manera segura, llegar a nuestros destinos de forma óptima y tener certidumbre de estar todos en el mismo entendido sobre el respeto a las reglas de vialidad, tránsito y convivencia.
Estos ejes son: a) ventajas del seguro vial; b) mejores conductores, menos accidentes viales; c) requisitos mínimos para las unidades de transporte público; d) regulación para empresas de redes de transporte; y e) transporte de carga, sin carga para la ciudad.
El primero, pugna por un seguro vehicular obligatorio, que incluya cobertura médica a lesionados, responsabilidad para con las víctimas y reparación de daños materiales, incluyendo los ocasionados en espacios públicos; la proporcionalidad del costo de la póliza, en función al grado de accidentalidad o sanciones administrativas viales, que sea de un menor costo a quien por conducir de forma responsable no registre hechos viales que recurran al cumplimiento de la póliza; la renovación del parque vehicular del transporte público, masivo, taxis o empresas en redes de transportes, a efecto de contar con unidades más seguras y accesibles; así como la inclusión de los elementos establecidos para los vehículos automotores seguros por la ONU y OMS.
Para mejores conductores, menos accidentes viales, como segundo estribo, expone aumentar la sanción para conductores que conduzcan en estado de ebriedad o bajo influidos del alcohol; el establecimiento de requisitos elementales para el otorgamiento de la licencia de conducir entre los que se encuentran de manera enunciativa, más no limitativa, exámenes: teóricos, prácticos de manejo en lugares abiertos y/o cerrados, conocimientos del reglamento de tránsito y de la señalética, de la vista, pruebas de psicología de la movilidad y toxicología, entre otros.
La calificación de reincidencias en la comisión de faltas de movilidad o tránsito, a efecto de la suspensión o cancelación de la licencia de conducir; la clasificación de licencias y sus requisitos de expedición atendiendo al tipo de la unidad, automóviles y motocicletas; inclusión en los planes de estudios en materia local de formación y educación vial; y el compromiso de evitar legislar a favor de licencias de conducir permanentes.
El tercer pilar, habla sobre los requisitos mínimos para las unidades de transporte público, para que los vehículos del transporte público que vayan a ser renovados, cumplan con características mínimas de seguridad y accesibilidad, buscando en la medida de lo posible que sean impulsados por energías más amigables con el medio ambiente.
Regular el servicio prestado en las entidades donde las empresas de redes de transporte operan, incluyendo las medidas de recaudación correspondiente, atendiendo a las condiciones, circunstancias y características propias de cada Estado de la República, es el objetivo del cuarto punto de conclusiones del Encuentro en comento.
Finalmente, el transporte de carga, sin carga para la ciudad, expone la necesidad de atender las normas oficiales mexicanas: NOM-012-SCT-2-2017 y NOM-087- SCT-2-2017, con la finalidad de no generar discrecionalidad en criterios establecidos.
Consideramos que cada uno de los ejes mencionados está dando cumplimento a las pautas que, de manera internacional, se han generado con la finalidad de contar con una movilidad incuestionablemente revestida de seguridad vial en beneficio del país. Esto sin duda establecerá puntos importantes para los Legisladores sobre los contenidos normativos que las ciudades requieren para lograr una mejor sustentabilidad.
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