Denisse Valdés, investigadora de Causa en Común
En Guanajuato una de las notas que abrió el mes fue la siguiente: 1 de octubre un policía fue asesinado a tiros mientras patrullaba. Seguimos, el 4 de octubre fue asesinado por sujetos armados un policía que resguardaba a una mujer amenazada por sicarios; el 11 de octubre un elemento de la policía municipal y dos personas más, murieron luego de una agresión a balazos. El suceso que más impactó en medios fueron los cuatro ataques simultáneos contra la Policía de León el 20 de octubre que dejó un elemento caído y dos más lesionados.
Guanajuato es el estado con mayor número de policías asesinados en lo que va del año, con un total de al menos 44. Los continuos y graves ataques directos que han sufrido las corporaciones policiales en la entidad, y en otros estados como Zacatecas y Michoacán, han sido relacionados con la toma de poder de los nuevos alcaldes que gobernarán para el periodo 2021-2024. Sin lugar a dudas, una transición política puede desatar el aumento de la violencia; sobre todo en ciudades con alta presencia del crimen organizado. Sin embargo, la realidad es que lamentablemente las muertes y ataques armados se han convertido en situaciones cotidianas para los guanajuatenses.
Personas civiles han sido víctimas de los constantes ataques en el estado. Por ejemplo, solo en el mes de octubre han resaltado eventos como el asesinato de un padre de familia y su hija menor de edad en un ataque a balazos; la muerte de un niño de 10 años luego de un tiroteo a un cortejo fúnebre; el asesinato de un ciclista menor de edad en una agresión armada y la masacre de tres hombres que fueron atacados por sujetos armados en la vía pública. Los muertos en Guanajuato no sólo son cuerpos de seguridad o personas vinculadas con el crimen organizado, la violencia ha cobrado la vida de personas inocentes como niños y adolescentes que tuvieron la mala fortuna de estar en un momento y lugar de tiroteos.
Pese a la lamentable situación de Guanajuato la apuesta va hacia la desaparición de corporaciones policiales, como la de Juventino Rosas, acto que permite que se siga dando paso a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. El abandono de los policías es claro, pero no sólo de ellos, también de la propia ciudadanía; prácticamente el estado y buena parte del país ha quedado a merced de la violencia y delincuencia. En el último informe de Causa en Común sobre atrocidades y eventos de alto impacto, la entidad encabeza la lista de estados con más atrocidades y ocupa el segundo lugar con más víctimas.
Resulta evidente que ni las autoridades locales, ni estatales, ni federales han podido mitigar la ola de inseguridad que azota a la entidad. Los ataques armados y las muertes no sólo continúan, sino que incluso se recrudecen. El ejemplo más reciente, la aparición de una camioneta en llamas con seis cuerpos calcinados adentro. Las personas en Guanajuato sobreviven en un contexto de horror y alta letalidad para cualquier civil o policía.
La seguridad de la población no se va a garantizar con el exterminio de las corporaciones de policía y la instauración del militarismo como la única alternativa. Lo que se necesita es que las autoridades asuman su responsabilidad para disminuir los continuos delitos y muertes atroces en Guanajuato y otros estados con alta incidencia delictiva. Una vía es realizar reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan problemáticas como bajos sueldos, prestaciones incompletas, capacitación deficiente, equipos e infraestructuras insuficientes.
