onforme a procedimientos desahogados recientemente por el INE, se han sancionado dos hechos que lastiman gravemente la imagen pública de los Partidos del Trabajo y Morena y que no solo exigen llegar a las últimas consecuencias sino también definir medidas que, de una vez y por todas, eviten atrocidades de esta naturaleza, cometidas por estos u otros partidos.
En efecto, en uno de los hechos más vergonzantes de los últimos tiempos el INE demostró desvíos en Nuevo León a cargo de la esposa de Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo y los multó con 119 millones 870 mil 694 pesos. El hecho es que de 2015 a 2017 la entonces directora de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), María Guadalupe Rodríguez Martínez desvió casi 60 millones de pesos de recursos públicos para entregarlos a dirigentes del partido político, de entre los recursos que el gobierno de la entidad ingresó a la “cuenta personal” de la propia directora para que los aplicara en el funcionamiento de 13 cendis.
Los recursos fueron proporcionados por el gobierno de Nuevo León para el funcionamiento de estos centros educativos, pero al menos 59 millones ingresaron indebidamente al patrimonio del partido político, por lo que el INE sancionó esta práctica con 200 por ciento del monto involucrado, casi 120 millones de pesos. En la resolución también se da vista a distintas autoridades para determinar el destino del resto de los recursos públicos pues simplemente desaparecieron.
El segundo caso se refiere a una lamentable práctica, inconstitucional e inmoral de descuentos al salario de trabajadores del Municipio de Texcoco cuando la actual Secretaria de Educación Pública era la presidenta municipal y lo reconoció en una entrevista en la que señaló, que el mecanismo de retención consistió en que trabajadores del ayuntamiento firmaban una solicitud de descuento salarial por escrito, exteriorizando su voluntad a través de la firma de un documento, actos a los cuales les otorgó visto bueno como presidenta municipal, autorizando los actos necesarios para los descuentos. Afirmó que los recursos retenidos a los trabajadores tuvieron como destino la organización política de Morena, es decir, la formación del partido y luego financiar sus propias campañas.
Lamentablemente no es una práctica ni nueva ni única. La historia registra el ominoso caso del PEMEXGATE y algo similar en el gobierno de Chihuahua, donde se retuvo salario de los trabajadores para luego entregar los recursos al PRI. Ahora se ordenó descontar dinero a los empleados del ayuntamiento y se utilizaron recursos institucionales para canalizar el dinero hacia el llamado “Grupo de Acción Política” de Morena.
Estos temas evidencian la urgencia de aplicar correctivos definitivos a los partidos que incurran en estas deleznables conductas, que solo los aleja de las funciones sociales y políticas que les asigna la constitución. Ni con mucho es suficiente una sanción económica, tan grave es uno como el otro caso. ¿Cuáles deben ser las sanciones pertinentes a estas infracciones? De esto sí debe hacerse cargo la reforma electoral e imponer castigos ejemplares, como la pérdida temporal o definitiva de su registro y de su derecho a participar en las contiendas electorales, regional o nacionalmente.
Buena parte de la crisis de representación y de credibilidad que viven los partidos políticos radica en los lamentables hechos de corrupción que sus integrantes cometen y en la debilidad de las sanciones impuestas. Ejemplos hay muchos y de casi todos los partidos.
*Profesor en UP y UNAM. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
