Por: Jamile Esquivel Rodríguez* y Gerardo Trujano Velásquez**
El pasado 1 de febrero la Junta Militar birmana dio un golpe de Estado al recién electo gobierno democrático, encabezado por la líder política Aung San Suu Kyi.
Unos meses antes la Liga Nacional para la Democracia (LND) había arrasado las elecciones electorales con más de 80% de los asientos parlamentarios. Antes de la aprobación del nuevo parlamento la facción militar llevó una larga y fallida campaña desacreditando los resultados electorales, hasta que impuso un estado de emergencia, tomó el control de instituciones estatales y arrestó a dirigentes de dicho partido.
La controversial constitución birmana entró en vigor en 2008 (en 2010, la junta militar fue disuelta tras haber gobernado autoritariamente por casi 50 años), iniciando el cuasi proceso de democratización que perduró hasta este año. Dicha constitución otorga atribuciones políticas al ejército, entre ellas la capacidad de declarar un estado de emergencia.
Bajo dichas facultades, el golpe fue anunciado y se nombró a Min Aun Hlaing como presidente interino por un periodo de un año. Inmediatamente, el ejército, también conocido como Tatmadaw, suspendió el uso de líneas telefónicas, vuelos internacionales y emisiones de televisión.
A partir del 6 de febrero, día de la primera gran protesta en contra del nuevo régimen militar en las calles de Yangon, el Tatmadaw ha desplegado bloqueos diarios al acceso a internet. Paralelamente, ha suspendido definitivamente el acceso a sitios web, tales como Facebook y Twitter.
Las razones detrás de las disrupciones a estos servicios son desconocidas; sin embargo, existen dos teorías predominantes: la primera coloca a estas acciones como una respuesta a la desobediencia civil organizada, ya que la ciudadanía birmana, principalmente jóvenes, ha recurrido a plataformas de internet para documentar y exhibir los abusos cometidos por el Tatmadaw.
La segunda es más alarmante: un nuevo régimen de censura con un proyecto de ley en ciberseguridad y una enmienda a la Ley de Transacciones Electrónicas. La primera otorgaría el acceso ilimitado a los datos de usuarios cibernautas dentro del territorio y permitiría bloquear contenido publicado considerado como amenazante al régimen. La segunda, faculta al gobierno provisional para encarcelar a personas que publiquen información considerada como “falsa” por el Tatmadaw.
Organizaciones Internacionales han condenado estas acciones y han llamado a la comunidad internacional a tomar cartas en el asunto, sin embargo, las respuestas han sido débiles y ambiguas.
Los jóvenes han contraatacado usando nuevas tecnologías de la información, para evitar ser rastreados por el Tatmadaw y así acceder a aplicaciones que aún no han sido bloqueadas, principalmente ‘Tik Tok’, con más de 800 millones de usuarios, se ha convertido en la nueva plataforma de activismo político en Myanmar.
Gracias al algoritmo único y orgánico de la aplicación el hashtag #SaveMyanmar cuenta con más de 1.2 billones de vistas en Tik Tok, pues sus herramientas de interacción se fundamentan en la promoción del contenido de sus internautas por medio de la denominada For You Page.
Así, las nuevas herramientas de represión se enfrentan a nuevos espacios de creación y denuncia. No es la primera vez que Tik Tok se utiliza como un instrumento de contraataque civil en el mundo. La aplicación, podría estar pasando de ser una mera fuente de entretenimiento a fungir como un jugador estratégico en el escenario político global.
- *Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac México.
- ** Coordinador de la Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac México.
