Sin duda, el conflicto por el control de la Cementera Cruz Azul, iniciado en 2020, debe ser ya atendido por las autoridades para que pongan orden en el sector, pues de lo contrario la lucha de los grupos que se disputan el poder de esta emblemática empresa puede escalar en más violencia, pérdidas millonarias y la estabilidad de miles de familias.
Todo comenzó cuando a finales de julio de 2020 se filtró en diversos medios una carta en la que el entonces director general de la cooperativa, Guillermo Billy Álvarez, había presentado su renuncia luego de más de 30 años en el cargo.
Acto seguido, al directivo se le señaló de actividades delictivas de la cementera y hasta se giró una orden de aprehensión en su contra y de otros directivos por diversos delitos.
Ya en agosto los consejos de Administración y Vigilancia de la cementera, en ese entonces al mando de Víctor Velázquez y José Antonio Marín, tomaron las oficinas de la firma ubicadas en Pedregal de Carrasco, en la Ciudad de México.
A partir de ahí la cementera se ha visto envuelta en una guerra entre los grupos conocidos como “la resistencia y disidencia” que ha derivado incluso, en enfrentamientos violentos como el ocurrido el pasado mes de abril, y que dejaron como saldo al menos 8 muertos, 11 lesionados y 10 detenidos.
Tras la elección de Federico Sarabia como presidente del Consejo de Administración y de Alberto López como presidente del Consejo de Vigilancia, poco a poco se han ido recuperando las instalaciones de la cementera en el país y la de Hidalgo representa el último bastión.
Recordemos que las plantas de Puebla y Aguascalientes fueron recuperadas en 2020 por el Consejo de Administración y Vigilancia.
En tanto, la de Lagunas, en Oaxaca se recuperó el año pasado con lo que hasta ahora suman nueve complejos los recobrados.
Lo cierto es que estos dos bloques quieren mantener el control de las instalaciones y de la producción de cemento que no es nada despreciable.
Para darnos una idea de la importancia de esta industria, tan sólo en Hidalgo, basta mencionar que, en una conferencia de prensa celebrada en diciembre del 2021, la dirección cooperativa mencionaba que el conflicto por el control de la planta cementera de Cruz Azul en Tula, Hidalgo, pone en riesgo la producción de cemento por cerca de 500 millones de pesos y el ingreso de más de mil 100 trabajadores.
En ese momento, la producción de cemento que se tenía en la planta de Hidalgo era de 7 mil toneladas de cemento diarias. Mientras que la derrama económica mensual (afectada) era de cerca de 500 millones de pesos que se dejaron de generar.
Por estos datos resulta más que necesaria la intervención de las autoridades correspondientes, tanto para dar con los responsables de la irrupción violenta del pasado 27 de abril en la planta de Tula, Hidalgo y al mismo tiempo dirimir el conflicto entre socios.
Pues lo cierto es que se está afectando la productividad de esta empresa y el trabajo del que dependen más de 17 mil familias; de lo contrario este problema podría continuar con capítulos más violentos sólo vistos, en la primera mitad del siglo pasado.
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