Hoy en día, está en tela de juicio la utilidad de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en México. El debate, sobre la sociedad civil, se está construyendo en términos absolutos, es decir, o todos buenos o todos malos. Toda generalización peca de ceguera por exceso o por defecto, por ejemplo: todos los ministros de culto esconden algo, todos los médicos se dedican a salvar vidas, todo el pensamiento de la cultura grecolatina es útil. Reducir la discusión a clichés en nada contribuye a la creación de una sociedad con diversidad de ideas.
Hay religiosos que dedican su vida a ayudar y no esconden nada; e ideas que podemos abandonar o ignorar sin que se caiga la República en mil pedazos. La pluralidad es de las mayores virtudes de una democracia.
La sociedad civil no es una roca monolítica de buenos o malos. Hay de todo. Existen organizaciones no gubernamentales o sectores de la sociedad civil que producen temor, son un tipo de submarino político envuelto en el discurso de los derechos humanos. Otras que maltratan a la sociedad y a las víctimas, por ejemplo: una ONG que utiliza a las víctimas ante los servidores públicos para ciertos fines, otra ONG que lleva una calcomanía en el automóvil que dice “defensores de los derechos humanos, por la tierra, la paz y la dignidad del mundo” para violar el reglamento de tránsito; y otras que obligan a las víctimas a firmar contratos sobre los medios de comunicación que pueden intervenir en su caso y en qué condiciones.
Ciertos sectores de la sociedad civil también han recibido grandes contratos del Estado mexicano; y, sin duda, algunos de ellos abusivos. Estos son algunos de los problemas que registran las organizaciones no gubernamentales y el mundo de la sociedad civil. Sin embargo, nuestro México también tiene:
La intervención en el caso Ayotzinapa que dio lugar a la creación de la Comisión de Investigación por una resolución judicial. También existen los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A mayor abundamiento están los refugios de mujeres víctimas de violencia, el acompañamiento a la infancia, el apoyo psicológico y legal a migrantes, el auxilio para la legítima interlocución con el Estado mexicano, vidas dedicadas a grupos indígenas o afroamericanos; y un largo etcétera de cosas maravillosas. El Estado mexicano está llamado a revisar los contratos abusivos y ejercer las acciones legales que crea convenientes.
El Estado también puede legislar y revisar la relación entre las víctimas y las organizaciones no gubernamentales. El Estado tiene que reordenar muchísimas cosas. Debemos conservar lo moral, lo legal, lo útil y recomponer lo ilícito y los abusos. No deberíamos de ahorcar financieramente a la sociedad civil hasta que se den los procedimientos legales y sepamos los resultados. El México moderno y democrático también es producto de la intervención de la sociedad civil ¿Cuántas organizaciones intervinieron en los feminicidios en Ciudad Juárez?, ¿Cuántas organizaciones señalaron, documentaron y criticaron la guerra contra las drogas? y ¿Cuántos activistas han muerto?
Cortar en tabla rasa no es buena idea, nos regresa al problema de generalizar y simplificar todo. Cada caso merece una revisión que desemboque en un proceso judicial o en mantener el apoyo del Estado, no distinguir deja a unos impunes -oes injusto con la sociedad civil moral, útil y comprometida, peor aún, es injusto con las víctimas que éstas apoyan.
