Un violador debería ir a la cárcel, no ser postulado para un cargo de elección popular, ni ser ascendido en su trabajo, ni seguir dando clases, ni dormir en el cuarto de a lado o en la misma cama de su víctima, ni estar en la calle acosando a mujeres, ni dirigiendo proyectos, ni siendo jueces, ni seguir con una vida normal, pero el hecho es que en el sistema patriarcal: la violación, la violencia, el control y abuso de los cuerpos de las mujeres es algo que sigue siendo normal, y es por ello que acabar con la violencia y garantizar el acceso de las mujeres a la justicia es hoy la demanda central de los movimientos feministas.
La ratificación de la candidatura a Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, a pesar de ser señalado por diversas acusaciones de violación, cobra relevancia pues lejos de ser sancionado es premiado con una candidatura, desestimando las denuncias de abuso por no haber sentencias a pesar de que existen testimonios y denuncias formales. Se manda un mensaje claro, para Salgado si vale la ley y están salvo sus derechos políticos, mientras que con las victimas de abuso no hay justicia.
El argumento de que no se pueden limitar los derechos políticos de Salgado Macedonio por que no ha sido sentenciado y que se debe privilegiar el principio de inocencia, choca con la realidad en la que la impunidad es la constante, pues 99% de las violaciones no se atienden.
En México, de acuerdo al más reciente reporte del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2020 hubo 16 mil 543 denuncias por violación; mientras que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, 21.6 % de las mujeres de 18 años y más, en el segundo semestre del 2020, enfrentó alguna situación de acoso y/o violencia sexual, es decir, al menos 1 de cada 5 mexicanas mayores de edad, esto significa que el 99 % de los casos de violación no hay denuncias o no se inició una investigación.
De los casos denunciados, pocos se judicializan y muchos menos terminan en una sentencia condenatoria. De acuerdo con el estudio ‘Impunidad feminicida: radiografía de los datos oficiales sobre violencia contra las mujeres’, en el caso de abuso sexual, entre 2017 y 2019, se documentó que las fiscalías estatales recibieron 28 mil 977 denuncias; sin embargo, el nivel de sentencias condenatorias conseguidas en el mismo periodo de tiempo fue de apenas 785. Es decir, solo el 2.7% de las denuncias por abuso sexual documentadas acabaron en una sentencia a favor de la víctima. El 97% restante continúa impune.
En los datos de violencia presentados hay muchos violadores, comunes y corrientes, que se saben impunes, pero en el caso de quienes aspiran ocupar cargos públicos además es un acto de violencia de Estado, pues son las autoridades, de los diferentes niveles y ámbitos de gobierno, quienes permiten se encumbre un político con antecedentes de abuso en la total impunidad, pero además con licencia para seguir haciéndolo desde el poder que detenta.
Es un hecho que Salgado no es el único político con antecedentes de abuso y violencia, por ello desde la sociedad civil se impulsó la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, a fin de exigir que quienes aspiren a un cargo de elección popular no sean deudores alimentarios; no tengan antecedentes de violencia familiar, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; ni de delitos sexuales. Esta iniciativa quedó incorporada en los lineamientos del INE contra la violencia política hacia las mujeres, por lo que los candidatos deberán incluir en su registro una declaración, bajo protesta de decir verdad, de no tener antecedentes de violencia. Es previsible que Salgado, con total desfachatez, la presente. Pero habremos de seguir las vías legales para impugnarlo, pues las mujeres hemos decidido poner un alto y no permitir que un violador sea gobernador.
