Ser espectador de la tragedia humana sin la mínima empatía, nos hace cómplices pasivos del dolor que sufre el prójimo. La solidaridad colectiva debe anteponerse al fracaso de las instituciones impartidoras de justicia para no olvidar a las víctimas. El brutal asesinato de José Nicanor Araiza, padre y activista zacatecano, quien buscaba a su hijo desaparecido desde hace tres años, no debería morir en el anonimato y en el lúgubre cementerio sembrado por el crimen organizado.
La desaparición forzada es uno de los delitos más atroces que se pueden cometer en contra de un individuo. Esta conducta delictiva priva de su carácter humano y de su dignidad básica a las personas que son víctimas y a sus seres más cercanos: su familia, al quedar en la incertidumbre absoluta de lo ocurrido a una persona que trasciende en sus vidas.
Las víctimas de desaparición forzada son privadas de su libertad, de sus más básicos derechos humanos y excluidos de su comunidad con el consentimiento del Estado o como ocurre en México, por células del crimen organizado, reclama Amnistía Internacional. Lo más deleznable consiste en que los victimarios torturan tanto física como mentalmente a quienes son sujetos pasivos de este delito. Su salud mental colapsa ante la incertidumbre de no saber si permanecen con vida, fueron ultimados, desconocen su paradero o cuál será el futuro de las personas que aman.
Defensores de derechos humanos, periodistas, familiares de las víctimas, testigos clave y profesionistas del derecho, también son víctimas. Aquellas personas que se atreven a buscar la justicia y localizar a sus familiares son amedrentadas, amenazadas, torturadas, desaparecidas y asesinadas.
Desde que se declaró la guerra al crimen organizado, en el 2006, y hasta el pasado 7 de abril de 2021, en el país 85 mil personas están reportadas como desaparecidas y no localizadas. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, 90% de estas personas fueron desaparecidas por la delincuencia organizada. Respecto a los 2 mil 736 restos humanos recuperados en fosas en 1 mil 606 sitios de inhumación clandestinos, de diciembre de 2018 hasta marzo de 2021, 38% han sido identificados y 22.6% entregados a sus familiares. Desde el inicio del sexenio, son 69 personas activistas defensoras de los derechos humanos que han sido ultimadas.
Ahora, los criminales no solamente desaparecen a sus rivales. Resulta imperdonable que un padre o una madre que han perdido a su hijo, sean asesinados o desaparecidos. Una tragedia absoluta. Demandemos justicia para Nicanor. Reclamemos justicia para quienes no volverán a ver a sus seres queridos.
