Por: Juan Méndez
En el panorama actual, la discusión gira en torno a la legalidad de las aplicaciones móviles, como Uber. Paradójicamente, aunque los repartidores de comida están incorporados en los mismos esquemas laborales que los conductores privados, sus demandas no figuran dentro de la agenda pública. Mucho menos existen en la agenda los temas de precariedad laboral y vulnerabilidad social a la que se enfrentan los repartidores. Cuestiono si la legalidad —laboral, económica y tributaria— queda en entredicho, si ésta no se complementa de una visión de derechos.
Un día, José Manuel tomó su bicicleta y su mochila de encargos, salió a la calle, abrió la aplicación de comida en la cual trabajaba y emprendió su camino. Él ganaba entre 29 y 50 pesos por pedido y ese día tomó un pedido que lo llevó a cruzar Periférico. José nunca volvió a casa con su bicicleta, pues fue atropellado y luego revictimizado en medios. El argumento para justificar su muerte: que él no era un “buen ciclista”. Básicamente, lo culparon de su propia muerte.
Las y los repartidores, mexicanos e inmigrantes, carecen de la mayoría de las características con las que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo digno: derechos fundamentales en el trabajo, oportunidades iguales de empleo, protección social y diálogo social. Mismos pilares que sostiene la agenda de #TrabajoJusto y que defendemos en Nosotrxs desde la fundación del Movimiento.
A causa de la indignación por la muerte de José, un grupo de repartidores impulsaron la creación del colectivo #NiUnRepartidorMenos. Este grupo de repartidores de comida tienen una simple consigna: “Ni más, ni menos derechos que otros trabajadores. Lo justo.” En colectivo abogan por un trabajo digno —con salarios justos y seguridad social— y por la mejora en sus condiciones laborales, principalmente, en términos de seguridad. En palabras de los integrantes: “Entre el pedido y la llegada a tu puerta, hay un mundo de problemas de por medio.”
Entre estos problemas está la discriminación que padecen día con día estas personas, como no poder usar los sanitarios de restaurantes por cuestiones de “seguridad de los comensales”. La falta de derechos laborales, acceso a la seguridad social y salarios caídos —derechos que el Estado mexicano está comprometido, por las leyes nacionales e internacionales, a respetar, garantizar, defender y promover—. Las múltiples caídas, lesiones, atropellamientos y agresiones, acompañados de la frase “eso no lo cubre el seguro ni la empresa, joven”. A eso hay que añadir la escalada de robos a mano armada y de fraudes de los que son víctimas a falta de esquemas de protección y seguridad eficientes. Pero ¿por qué habrían de importar tus condiciones de trabajo, si, como en el caso de José, los accidentes que te ocurren en tu jornada laboral “son culpa de tus cuestionables habilidades como ciclista”?
La OIT ya ha advertido que el subempleo derivado de estas plataformas es alarmante y que los gobiernos deben focalizar las políticas públicas en torno a garantizar el derecho a un empleo digno. No obstante, los gobiernos han sido y se mantienen negligentes ante las exigencias de los repartidores; ante la escalada de violencia e inseguridad a la que se enfrentan y ante la falta de derechos laborales y sociales. El gobierno mexicano ha priorizado los impuestos y retenciones en vez de la dignidad de estas personas.
En Nosotrxs, creemos que el trabajo digno es un derecho que cualquier ciudadano debe exigir y creemos fielmente en la defensa de esta causa. Por un lado, recordamos al gobierno que tiene una obligación con nosotros, las y los ciudadanos, de proteger y garantizar nuestros derechos. Por otro lado, nos mantenemos firmes en nuestra convicción de asumir nuestros derechos y exigir colectivamente el cumplimiento de las leyes.
@NosotrxsMX
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