Lorenzo Córdova y Ciro Murayama son los activistas más visibles para cercenar el derecho a la información y de expresión del Presidente de la República. Con el Acuerdo de medidas cautelares votado por el INE en su sesión extraordinaria el 15 de diciembre, se generan más incertidumbres que certezas; sin embargo, es claro que empieza a crearse un cerco a la libertad de expresión y al derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos de este país.
Hoy estos consejeros parecen preparar el camino para silenciar al Presidente y restringir los derechos de la ciudadanía a estar informada. Lo hacen ya bajo un catálogo de restricciones ambiguas y sujetas a interpretaciones varias, que apenas y tienen relación con lo manifestado en el artículo 134 de la Constitución. Se pretende amordazar al Presidente y, en los hechos, ejercer censura sobre la libre manifestación de las ideas y el derecho a la libertad informativa.
Esto, aunado al hecho de que, cuando menos en los dos últimos años, la oposición ha utilizado argumentos falaces y directamente mentirosos en los debates suscitados en la Cámara de Diputados en todos los temas relevantes para el desarrollo y la seguridad: Guardia Nacional, reforma educativa, derecho a la salud, programas sociales, fideicomisos y presupuesto de egresos, entre otros que implican bienestar para el pueblo y ayuda a los más desprotegidos.
Lo anterior ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación tradicionales, quienes conforman ya un amplio movimiento de expresión antigobiernista y visiblemente añorante del régimen anterior. Es poca, o casi nula, la difusión de los grandes éxitos del gobierno de la Cuarta Transformación.
Justo por la iniquidad mediática que priva todavía hoy, el espacio más visto por la ciudadanía para informarse de manera objetiva son las conferencias mañaneras del Presidente; esto es lo que la oposición quiere silenciar, porque tiene miedo a la verdad, y la falaz estrategia que utiliza es tratar de calificarlas como propaganda gubernamental. Esto, aun cuando el propio Tribunal Electoral ha dejado muy claro que no son propaganda gubernamental, sino un mecanismo de comunicación novedoso, gracias al cual existe una comunicación circular entre gobernantes y gobernados. Una rueda de prensa en el más puro de los sentidos.
Es entonces improcedente y errado que la oposición se queje de que afecta la contienda electoral. Nunca la información menoscaba la participación democrática de la ciudadanía, por el contrario, la refuerza.
Basta una simple ojeada al Acuerdo, para comprobar la forma sesgada y parcial con la que fue elaborado. Citan como ejemplo las violaciones realizadas, en su caso, por el usurpador Calderón, para hablar de interferencias en el proceso electoral; pretenden compararnos con eso, y refieren algunos ejemplos del Presidente López Obrador. Pero jamás aclaran que esas manifestaciones del Presidente fueron declaradas totalmente legales por el propio Tribunal Electoral.
De tal envergadura es el uso faccioso con el cual el consejero Ciro Murayama intenta construir sus ilegales acuerdos. Por ello el Tribunal ordenó que no sólo fuera la Comisión de Quejas la que conociera del asunto, sino el Pleno del Consejo del Instituto en su conjunto; y que también debía tomarse en cuenta el novedoso sistema de comunicación del Presidente. Aun así, el INE no cumple en este Acuerdo con lo ordenado por el Tribunal.
Lo que hoy fomenta el presidente del INE es un efecto corruptor en la participación democrática; emiten acuerdos completamente sesgados, se extralimita en la interpretación de la ley y en su comunicación pública, ya sea a través de redes sociales o entrevistas; habla de manera difusa para crear la sensación de que lo malo es que el Presidente López Obrador hable y se comunique, sin importar el tema.
Aducen que hay una causa-efecto entre lo tratado en las mañaneras y las preferencias electorales, cuando la causa real es entre las mentiras de la oposición y la verdad de los hechos.
Un pueblo informado es el mejor pilar de la democracia, y es por ello que los legisladores de MORENA defendemos el derecho consagrado en el artículo sexto constitucional a ser informados. Ya lo están viendo estos consejeros, voceros del viejo régimen autoritario.
Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena
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