El viernes pasado se recibió en la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por el Presidente de México para reformar la Ley de Hidrocarburos, la cual tiene como propósito proteger la seguridad y eficiencia energética, en beneficio de los consumidores y de los empresarios honestos que tienen actividades relacionadas con los hidrocarburos.
Durante el periodo neoliberal se privilegiaron los intereses comerciales de unos cuantos, sobre el beneficio de toda la sociedad: el gobierno neoliberal se comportó como un agente de ventas en un remate de los bienes nacionales.
En esos tiempos se fomentó el desmantelamiento de las empresas productivas del país, y ello ha quedado más que claro en el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Desafortunadamente, Pemex tampoco fue la excepción. Nuestra empresa petrolera, otrora una de las más exitosas del mundo, hoy carga con una enorme deuda producto, entre otras cosas, de haber comprado chatarra a precio de empresas, como el conocido caso de Agro Nitrogenados, que le costó a México alrededor de 272 millones de dólares. Esta transacción hoy se ha convertido en uno de los delitos, por lo que están detenidos Lozoya y Ancira. Pero además de este tipo de fraudes monumentales, se alentaron permisos de importación de combustibles sin razón alguna, en detrimento de Pemex y, por supuesto, de todos los mexicanos.
La depredación y el abuso, como política pública del antiguo régimen, permeó en el mercado de combustibles como una práctica común, desde el huachicoleo hasta el contrabando técnico y disfrazado.
La reforma que recibimos recientemente en el Poder Legislativo propone combatir este tipo de prácticas corruptas, y revocar los permisos otorgados a quienes incumplan con las disposiciones respecto de la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos. Asimismo, impedirá que aquellos que modifiquen las condiciones técnicas de los sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente, puedan seguir teniendo posibilidades de comercialización o negocio.
Ya basta. Empresarios deshonestos han abusado de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que entre otras cosas no sanciona el hecho de que las gasolineras entreguen hasta 1.4% combustible menos, sin que ello se considere ilícito, por ejemplo. Lo que sí constituye una falta es alterar los sistemas para que siempre se disminuya esa cantidad de gasolinas y no nos entreguen litros completos. De cualquier modo, el problema del huachicoleo en gasolineras aún no ha quedado resuelto.
Tan sólo por este tipo de prácticas, la Cámara de Diputados estima que hay un robo a los consumidores que supera los 33 millones de pesos por día. Esas son el tipo de prácticas corruptas con las cuales se pretende acabar con esta reforma a la Ley de Hidrocarburos.
Las modificaciones también consideran la posibilidad de revocar los permisos de aquellos importadores que hacen un contrabando técnico de combustibles. Los importadores mezclan aceite base con combustibles para motores o clasifican el diésel como lubricante, lo cual hace que tengan de forma indebida una ventaja de hasta 40% menos en el precio del combustible, en detrimento de las finanzas públicas nacionales.
Finalmente, la reforma también está enfocada a garantizar el suministro de hidrocarburos y petrolíferos, dado que no se cuenta con un mecanismo para garantizar el acceso a la energía en casos excepcionales, por lo que se deben de reducir las debilidades estructurales del sistema energético nacional, a favor de todos los mexicanos.
Para afrontar una crisis energética, el gobierno debe contar con mecanismos que le permitan atender de manera inmediata la situación; y para tal emergencia se establece la posibilidad de suspender los permisos que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía hayan otorgado a quienes hoy están cometiendo fraudes a la nación. Además, la autoridad que haya emitido esta clase de permisos se hará cargo de la administración y operación del permisionario, durante el tiempo que la autoridad lo determine.
Con esta reforma se retoma la rectoría del Estado en materia de hidrocarburos, se protegen los derechos de los consumidores finales y, sobre todo, se vuelve a normar el interés superior de todos los mexicanos sobre la protección de intereses y prácticas desleales de unos cuantos. Transformar a México pasa también por cambiar las leyes que legitimaron ese saqueo a la nación.
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