Cuando Andrés Manuel López Obrador dice esperar a que una consulta popular –el pueblo sabio—decida si lleva a proceso a expresidentes de la República, ignora y pasa por alto una de las obligaciones primordiales del depositario del Poder Ejecutivo de la Nación: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Denunciar ante las autoridades competentes de procuración y aplicación de la justicia no requiere por parte del presidente de la autorización de ciudadano o grupo alguno. El presidente de la República no puede eludir la responsabilidad de hacer del conocimiento, oficialmente, toda violación a la ley. No hacerlo, por omisión o encubrimiento, lo sitúa en el papel de cómplice de la falta cuya sanción debe procurar.
En sus conferencias mañaneras el presidente López Obrador ha insistido en su decisión de llevar adelante una política de punto final, olvido o perdón, especialmente en lo que se refiere a los cinco últimos presidentes de la República. Se trataría de una especie de amnistía política, una renuncia a todo lo que parezca o se pueda interpretar como una venganza por supuestos agravios de los exmandatarios en su contra y en general a todo lo que represente el pasado político. Frente a esas afirmaciones surgen preguntas en relación con la validez jurídica del propósito que las anima. Si López Obrador tiene elementos para denunciar ante la justicia probables delitos cometidos por funcionarios de administraciones anteriores, su deber es denunciarlos ante las instancias correspondientes. Es una obligación que forma parte del compromiso establecido ante el país al rendir protesta como garante de la Constitución y sus leyes. No proceder en consecuencia ameritaría el reclamo de la sociedad. Si por el contrario, el presidente de la República no tiene pruebas ni elemento alguno para acusar a sus antecesores o a funcionarios públicos de cualquier nivel por la comisión de algún delito, la acusación pública, mediática, que día tras día lanza contra los responsables de administraciones anteriores se convierte en falsedad y recurso político, publicitario, para apoyar los cambios que afirma llevar adelante en la obsesión y el abuso de la condena a todo lo que represente el pasado.
A la denuncia pública de delitos contra la nación debe seguir la acción de la justicia que comienza por la obligación de la administración de procurar la aplicación estricta de la ley. En lo que sería el cumplimiento de ese deber, el presidente López Obrador se escuda, cuando le conviene, en la independencia y la autonomía de los órganos de procuración de justicia para eludir o disfrazar de abstención la parte que le corresponde en la investigación del delito y la aportación de los elementos, que sin embargo están presentes en los pocos casos que ha emprendido la Fiscalía General de la República, en su mayoría carpetas de investigación en curso desde la administración anterior, como los del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, o la exsecretaria de SEDESOL y SEDATU, Rosario Robles.
Callar ante el delito es contravenir el compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley. Lanzar epítetos sin fundamento jurídico difama y desprestigia no sólo a funcionarios honestos que cumplieron cabalmente con su función, que los hay, sino a personas o grupos de la sociedad, lo que contribuye a la división de una comunidad que debería exigir, sí, la aplicación de la ley, el verdadero estado de derecho, pero rechazar la falsa acusación con fines políticos inconfesables. No es el voto ni mucho menos la mano alzada en cualquier mitin, ni la manipulación de la expresión popular manejada al arbitrio, lo que señalará el camino moral y legalmente recto para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.
