/ miércoles 12 de junio de 2019

No discriminar, ni criminalizar a los migrantes

El día de hoy, se cumplen 16 años de la entrada en vigor de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, lo que obliga a pensar cómo era el mundo entonces.

La política institucional impulsada por el primer Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación durante la presidencia de Gilberto Rincón Gallardo, proponía igualdad de género, sociedades de convivencia, inclusión de las personas con discapacidad, acceso a derechos y trato digno a personas con VIH-Sida, garantía de acceso de pueblos y comunidades a salud, educación, trabajo y justicia, considerados los espacios centrales de la discriminación estructural; así como a la población migrante en territorio nacional.

Y es que, desde la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (2005), la sociedad mexicana se mostró con un alto nivel de prejuicios y rechazo hacia ciertos grupos sociales, por ejemplo, hacia las personas extranjeras (42.1 % consideró que no estaría dispuesta a permitir que en su casa viviera un extranjero). 12 años después, esta discriminación ha disminuido en un 10 %, aunque el 23 % de la población considera que “cuando hay desempleo en el país, debe negarse a las personas extranjeras” (ENADIS, 2017).

Si bien este avance es muy positivo, tenemos que hacer una lectura crítica en el contexto de la criminalización de migrantes centroamericanos en caravana.

De acuerdo con reportes de El Colegio de la Frontera Norte (2019), las personas viajan en caravana como estrategia de sobrevivencia, en busca disminuir los riesgos de secuestro, desaparición, extorción y delitos sexuales, sobre todo en el caso de niñas y mujeres, en su paso por México. El despliegue de 6,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, puede obligarles a continuar su paso a pie por pasos cada vez más difíciles, intensificando las condiciones de vulnerabilidad.

Adicionalmente, el endurecimiento de la política migratoria mexicana se ha acompañado de un incremento de declaraciones xenofóbicas, sobre todo en redes sociales, expresando un retroceso de una visión plena de derechos humanos transfronterizos.

No obstante, un sondeo reciente señala que niñas, niños y adolescentes mexicanos opinan que los migrantes no son culpables de la pobreza que viven en sus países y ayudarles; que debemos ofrecerles alojamiento, agua y alimentos, tanto en el trayecto como en los refugios, así como brindarles información y darles accesos a derechos mientras se encuentren en territorio nacional. Parafraseando a Mercedes Sosa “Quién dijo que todo está perdido…”

@ClauCorichi

El día de hoy, se cumplen 16 años de la entrada en vigor de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, lo que obliga a pensar cómo era el mundo entonces.

La política institucional impulsada por el primer Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación durante la presidencia de Gilberto Rincón Gallardo, proponía igualdad de género, sociedades de convivencia, inclusión de las personas con discapacidad, acceso a derechos y trato digno a personas con VIH-Sida, garantía de acceso de pueblos y comunidades a salud, educación, trabajo y justicia, considerados los espacios centrales de la discriminación estructural; así como a la población migrante en territorio nacional.

Y es que, desde la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (2005), la sociedad mexicana se mostró con un alto nivel de prejuicios y rechazo hacia ciertos grupos sociales, por ejemplo, hacia las personas extranjeras (42.1 % consideró que no estaría dispuesta a permitir que en su casa viviera un extranjero). 12 años después, esta discriminación ha disminuido en un 10 %, aunque el 23 % de la población considera que “cuando hay desempleo en el país, debe negarse a las personas extranjeras” (ENADIS, 2017).

Si bien este avance es muy positivo, tenemos que hacer una lectura crítica en el contexto de la criminalización de migrantes centroamericanos en caravana.

De acuerdo con reportes de El Colegio de la Frontera Norte (2019), las personas viajan en caravana como estrategia de sobrevivencia, en busca disminuir los riesgos de secuestro, desaparición, extorción y delitos sexuales, sobre todo en el caso de niñas y mujeres, en su paso por México. El despliegue de 6,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, puede obligarles a continuar su paso a pie por pasos cada vez más difíciles, intensificando las condiciones de vulnerabilidad.

Adicionalmente, el endurecimiento de la política migratoria mexicana se ha acompañado de un incremento de declaraciones xenofóbicas, sobre todo en redes sociales, expresando un retroceso de una visión plena de derechos humanos transfronterizos.

No obstante, un sondeo reciente señala que niñas, niños y adolescentes mexicanos opinan que los migrantes no son culpables de la pobreza que viven en sus países y ayudarles; que debemos ofrecerles alojamiento, agua y alimentos, tanto en el trayecto como en los refugios, así como brindarles información y darles accesos a derechos mientras se encuentren en territorio nacional. Parafraseando a Mercedes Sosa “Quién dijo que todo está perdido…”

@ClauCorichi

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