Por Susana Donaire
El domingo se celebraron los comicios intermedios más grandes de la historia, que estuvieron marcados por la violencia política, y una alta polarización de quienes apoyan al partido del presidente, y sus aliados, y quienes consideran que se necesitan nuevas alternativas políticas, y sobre todo la pluralidad en la representatividad en el Congreso. Pero hay algo más que llama la atención sobre estas elecciones, y eso es algo que no es nuevo, pero que no por eso debería de dejar de sorprendernos e importarnos, y es que en nuestro país no existen consecuencias políticas para aquellos candidatos que tienen un historial de denuncias, y averiguaciones en torno a casos de corrupción, lavado de dinero, nexos con el crimen organizado, e incluso de abuso sexual y violencia ejercida contra las mujeres.
En los últimos 20 años, al menos ocho gobernadores fueron aprehendidos por corrupción, desvío de recursos públicos y vínculos al crimen organizado. Asimismo, desde el comienzo de esta administración, hemos visto cómo la impunidad ha reinado alrededor de personajes ligados a escándalos de corrupción, como es el caso de la entrega de dinero de David León a Pío López Obrador, hermano del presidente; así como la absolución de la SFP a Manuel Bartlett, por las acusaciones de haber ocultado en su declaración patrimonial propiedades por un valor de más de 800 millones de pesos y 12 empresas.
Y en estas elecciones, vemos que seguimos sin aprender la lección. Damos cuenta de que la política en México, y las decisiones electorales, no siempre se realizan de manera informada, y sin un entendimiento de que más allá del partido que representan, debemos analizar con cuidado cómo han desempeñado cargos anteriores, cuáles son sus plataformas políticas, sobre qué bases éticas trabajan, y lo más importante, que no tengan un historial de actos ilícitos.
En los ganadores de estos comicios tenemos algunos ejemplos. El entonces precandidato de Morena por la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, acusado por cinco víctimas de violación, abuso y acoso sexual fue ratificado por su partido, a pesar de las diversas protestas ciudadanas en contra de esta decisión. El mismo presidente lo defendió en las mañaneras. La candidatura no la perdió por los crímenes que se le acusan, si no por no presentar su informe de ingresos y gastos durante la precampaña. El mismo que amenazó al Instituto Nacional Electoral, y a sus representantes, sin ninguna consecuencia y que, por capricho, puso a su hija en la candidatura, haciéndonos saber que de una u otra forma iba a llegar al poder, y lo hizo.
A Ricardo Gallardo, gobernador electo de San Luis Potosí, que ya tenía un historial de imputaciones de sus vínculos con el grupo criminal “Los Zetas”, así como las acusaciones de realizar transferencias ilegales de 200 millones de dólares a través de sus empresas; en abril de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que lo estaban investigando por irregularidades fiscales, posible lavado de dinero y manejo de recursos de procedencia ilícita.
Y no sólo es un problema de actos ilícitos, también abundan los ejemplos sobre una mala gestión y desempeño en cargos anteriores. El ahora gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, quien fuera Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en los dos primeros años de esta administración, propuso como su principal plataforma política la mejora de la seguridad en la entidad. Cuando estuvo en el cargo a nivel federal, los niveles de violencia en México continuaron rompiendo récords históricos. También el gobernador electo llega con una sombra al puesto, dado que en meses pasados salió a la luz que la DEA está dando seguimiento a sus actividades, para descartar vínculos con el crimen organizado, aclarando que no hay acusaciones hasta el momento.
Será que los mexicanos somos de memoria corta como dicen, o que más bien ya entre tanta perversión política, estamos desensibilizados ante estos hechos. En otros países del mundo, escándalos y acusaciones de esa índole, son suficientes para terminar con la carrera política de cualquiera. En México, los partidos mismos los alientan a seguir, ni siquiera prevén que eso tenga algún costo político, al contrario, creo que es para demostrarnos que ellos tienen el poder y pueden actuar con toda impunidad.
