No es No

En México, durante el confinamiento por la pandemia por COVID 19, en 2020, se registraron 54 mil 314 denuncias por violencia sexual y 46 denuncias diarias por violación, un aumento del 60 porciento en la última década. “Prácticamente todas las violaciones que registramos durante la pandemia tuvieron lugar dentro del hogar y fueron cometidas por algún miembro del núcleo familiar” declaró en entrevista Jorge Amador, director de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Esta alarmante cifra desmonta los estigmas de género en torno a los delitos sexuales, ya que las mujeres están siendo atacadas en los lugares donde se supone deberían estar más seguras y por las personas que deberían garantizar su seguridad, no por salir de noche, ni por la ropa que usan, ni por provocar la agresión. Sin embargo, ellas aún deben probarlo, no se les cree si no hay evidencias de violencia física y aunque las haya, se les revictimiza, y los niveles de impunidad impiden que las mujeres accedan a la justicia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 35% de las mujeres del mundo ha sufrido violencia física o sexual, y en algunos países de América Latina la cifra llega a 70%. En este escenario, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención sobre Belém do Pará (CEVI) alertó que en los últimos años se ha utilizado la figura del consentimiento ha sido usada habitualmente como mecanismo de exculpación de la responsabilidad penal del o los imputados de violencia sexual contra mujeres, adolescentes y niñas, así como para estigmatizar a las víctimas, lo que ha permitido un alto índice de impunidad en materia de delitos contra la libertad sexual en América Latina.

Por ello, el Comité desarrolló la Recomendación General No. 3 sobre la figura del consentimiento en casos de violencia sexual por razones de género, a fin de replantear la forma en que se aborda la violencia sexual desde la ley y las instituciones, poniendo énfasis en la figura del consentimiento. La figura del consentimiento frente a casos de violencia sexual, entendida como la capacidad de las mujeres de indicar su voluntad de participar en el acto, constituye la distinción entre un acto consensuado y un acto de abuso o violación.

En este sentido, el CEVI llama a los Estados a crear medidas integrales que permitan reconocer los elementos de desigualdad que desencadenan situaciones de violencia sexual y, sobre todo, conceptualizar el consentimiento como elemento fundamental que permite diferenciar entre una sexualidad libremente ejercida y un acto de violencia.

Ante este contexto, a finales de la LXIV Legislatura y con el ánimo de contribuir a garantizar a las mujeres un adecuado acceso a la justicia, presentamos en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al Código Penal Federal en materia de delitos sexuales, suscrita por un grupo plural de diputadas de todos los partidos políticos. La propuesta busca incluir el concepto de consentimiento voluntario, genuino y deseado, abrogar el estupro y eliminar la prescripción del delito de violación.

Esta iniciativa se deriva del trabajo colaborativo de Aliadas por la igualdad y no violencia, alianza conformada por las organizaciones civiles mexicanas Colectiva Ciudad y Género, RAÍCES, Análisis de Género para el Desarrollo y Mujer Ideas Desarrollo e Investigación, MIDI; y las internacionales, Centro por la Justicia y el Desarrollo Internacional (CEJIL) y Equality Now.

Para profundizar en la reflexión de la problemática y su análisis, este miércoles 23 de abril, con el Instituto Belisario Domínguez, llevaremos a cabo el evento No es No. Foro de discusión sobre delitos sexuales y consentimiento voluntario, genuino y deseado. Esperamos que legisladores de ambas Cámaras la retomen e impulsen su aprobación.