Por contener errores, contradicciones y violentar derechos fundamentales, numerosos decretos que contienen reformas legales impulsadas por el partido en el poder han sido controvertidos ante el Poder Judicial de la Federación. Y las recientes reformas a la Ley de la Industria Eléctrica no son la excepción.
El pasado 23 de febrero, durante la extenuante discusión del dictamen que contenía el proyecto de reformas a la industria eléctrica, producto de la iniciativa preferente presentada por el Poder Ejecutivo Federal, no menos de diez veces diversos legisladores y legisladoras destacaron en tribuna los visos de inconstitucionalidad de lo que se estaba discutiendo.
En su oportunidad, el diputado Fernando Galindo Favela, tras advertir la grave omisión de no contar con el análisis de impacto presupuestario que señalara los ingresos y egresos que traería consigo la reforma, así como el posible aumento en el subsidio que el gobierno federal tendría que otorgar a la Comisión Federal de Electricidad, sostuvo con toda claridad: “… esta reforma viola lo establecido en la Constitución. El dictamen no analiza la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni tampoco analizó las opiniones de los expertos que hablaron en el parlamento abierto. De este modo, esta iniciativa no cumple con los principios y disposiciones constitucionales de derecho a la salud, el medio ambiente, la seguridad jurídica, la no retroactividad de la ley y la eficiencia económica. Así como tampoco cumple con los compromisos internacionales suscritos por nuestro país”.
Por su parte, la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez sostuvo valientemente en tribuna que “Las consecuencias de las modificaciones propuestas en este dictamen resultan jurídicamente inviables por entrar en contradicción con preceptos constitucionales vigentes, por contravenir tratados y convenios internacionales …”.
La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz dijo: “[esta reforma] es anticonstitucional y violenta la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó diversas disposiciones de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional”.
Argumentos técnicos que no obedecían una ideología o intereses particular, sino a la realidad constitucional de nuestro país y que representa la mayor defensa de los habitantes de territorio nacional frente a los excesos y abusos de poder.
Sin embargo, no existió la visión, talento ni capacidad para reconocerlo y hacer las cosas bien, apegadas a la Constitución y a nuestra legalidad. Ahora los resultados que se busca disfrazar con una conspiración en contra de los intereses de la patria y de los recursos naturales de los mexicanos.
Éste no es un tema de clases económicas ni sociales, sino de constitucionalidad, que nos atañe a todas y todos, pues nuestros derechos y libertades están en riesgo.
Por ello, es justo respaldar y reconocer la actuación de los jueces que, sin caer en provocaciones ni presiones, han realizado su trabajo en la admisión de procedimientos de amparo frente a las reformas en la industria eléctrica. Se trata de impartidores de justicia que se han preparado y caracterizado por su capacidad y talento.
Por el bien de todas y todos, primero el apego irrestricto a la Constitución y a nuestras leyes.
