La República está en vilo, porque el Presidente y el Senado aceptaron la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin que ofreciera una explicación o los motivos que lo llevaron a dejar el cargo 11 años antes de concluirlo y en medio de fuertes acusaciones.
La dimisión del exprocurador General de la República fue un hecho sin precedentes y el ministro en retiro José Ramón Cossio sintetizó a la perfección los errores que hubo en el caso Medina Mora: “Constitucional y legalmente, el proceso de renuncia ha sido un desastre. El que debía aceptar (AMLO), estuvo ausente. Los que debían aprobar (Senado), también. No se enteraron de nada.
Se lastimó al orden jurídico. No algo en abstracto. Simplemente, nuestras más mínimas reglas de convivencia.”
Desde su llegada a la SCJN, propuesto por el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), el extitular del Cisen fue cuestionado y rechazado por diversos grupos políticos, civiles y expertos constitucionalistas por su desempeño en acontecimientos donde hubo abuso de poder cuando ocupó cargos relacionados con la impartición de justicia, como las Mujeres de Atenco, el incendio de la Guardería ABC o la ciudadana francesa Florence Cassez.
Los cuestionamientos hacia Medina Mora aumentaron en junio pasado, cuando circuló la versión que había recibido depósitos bancarios millonarios en dólares y libras, que son investigados por las autoridades estadounidenses. De ahí en adelante, nadie tomaba en serio al ministro quien decidió dejar tras de sí el rastro de la sospecha.
Horas antes de presentar su renuncia, el ahora exministro otorgó una suspensión para que el Congreso de Nuevo León no enjuicie al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, porque presuntamente utilizó a funcionarios estatales para recolectar las firmas que le valieron la candidatura presidencial independiente el año pasado.
Pese a que la renuncia del ahora ex ministro ya fue aceptada, no debe olvidarse que el artículo 98 de la Carta Magna es muy claro al señalar que sólo debe aprobarse si existe un motivo grave. En este caso ¿cuál fue esa razón de peso?
Resulta ilógico que ni al Presidente López Obrador ni a los senadores les interese conocer los motivos de Medina Mora.
ZALDÍVAR NOQUEÓ A CALDERÓN
Para agravar aún más las dudas a la supuesta independencia de poderes (que debe prevalecer en cualquier democracia), el titular de la SCJN, Arturo Zaldívar, acusó a Felipe Calderón de haber presionado y amenazado al Poder Judicial de la Federación durante su gobierno (2006- 2012). Agravios de los que el ministro no sólo dijo ser testigo, sino también objeto de algunas presiones durante el gobierno del panista.
El jueves, Zaldívar ofreció una conferencia de prensa para dar la cara a los medios de comunicación y revelar más detalles de lo ocurrido durante la época del espurio Calderón. El ministro se refirió a dos casos específicos en los que fue presionado, el incendio de la Guardaría ABC (que dejó un fatal saldo de 49 niños muertos) y el de la ciudadana francesa Florence Cassez (que provocó enfrentamientos con el gobierno de Nicolás Sarkozy.
El presidente de la Corte destapó ese círculo vicioso que por muchos años sólo era un rumor entre los mexicanos. Desde Los Pinos se ordenaba qué hacer y cómo actuar a los impartidores de justicia, sin importar que se violara la Constitución.
Aunque fue muy claro en sus respuestas ante los reporteros, Arturo Zaldívar se negó a pronunciarse sobre la renuncia de Medina Mora bajo el argumento que se había tratado de un asunto personal. Una vez más, quedaron bajo sospecha los argumentos de la salida. Parece que a nadie le interesa saber qué obligó al ahora exministro a concluir sus funciones tan apresuradamente.
El único interesado en tratar de defenderse, inútilmente, fue Calderón Hinojosa, quien desde su cuenta de Twitter negó lo dicho por el ministro Zaldívar y aseguró que congelar las cuentas de Medina Mora “sí es chantaje”.
Sobre este asunto, la administración lopezobradorista ha sabido utilizar de manera adecuada a la Unidad de Inteligencia Financiera para golpear donde más duele a la corrupción y a los grupos delictivos.
En el dinero, los bienes y propiedad que dan fortaleza a los delincuentes. Sólo deben cuidarse de no abusar de ese poder legal.
LA MALA ESTRATEGIA DE LOS NORMALISTAS
En medio de estas críticas en contra de quienes deben velar por el cumplimiento de la Constitución, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer si los normalistas de Tenería, Estado de México, que secuestraron durante 9 días a 92 choferes, e igual número de autobuses de la empresa Flecha Roja, cometieron o no alguna infracción.
Tras una negociación a puerta cerrada en la Secretaría de Gobernación, se logró la liberación tanto de los conductores como de las unidades a cambio de que el gobierno otorgue más de 80 plazas magisteriales a los egresados y participantes en el secuestro de los trabajadores.
Con este acuerdo, quedó demostrado que la administración de López Obrador hará lo que sea con tal de “destrabar” cualquier conflicto social que vaya apareciendo, lo cual sería un error porque dentro de poco veremos en las calles retenciones ilegales, privaciones de la libertad, marchas y protestas de todo tipo, con o sin justificación.
Luego del “logro” de los normalistas del Estado de México, siguió el mal ejemplo un grupo de mujeres de la normal rural “Carmen Serdán” en Puebla, quienes retuvieron casi 14 horas dos autobuses y sus conductores.
A esas movilizaciones deben sumarse el paro en 28 universidades que realizaron el pasado miércoles y la denuncia que presentó el rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Daniel Valdez, en contra del gobernador Francisco Vega para que pague a esa institución mil 600 millones de pesos de su presupuesto.
Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
