Si revisamos la estructura orgánica del gobierno federal e incluso de los gobiernos locales, no encontraremos una institución que se encargue de atender de manera especial a los niños y las niñas, no así tratándose de jóvenes, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad, quienes cuentan con organismos públicos descentralizados enfocados en cada uno de esos sectores de la población.
En 1977 el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia se transformó en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y desde esa época ha atendido a este importante sector, que hoy ocupa alrededor del 33% de la población en México.
Desde entonces, la atención de niñas y niños siempre ha estado en el ámbito de la asistencia social, es decir, han sido considerados como un grupo vulnerable; sin embargo, es importante tener en consideración, por una parte, que la familia enfrenta nuevos y desafiantes retos y por otra, que en 2011 se aprobó la reforma Constitucional más importante, en materia de Derechos Humanos, desde que fuera aprobada la Constitución de 1917.
Esta reforma implica que debemos ver a niños y niñas no como beneficiarios de asistencia social, sino como titulares de derechos a quienes se debe garantizar, de manera efectiva, el acceso a ellos. En consecuencia, el DIF, que innegablemente es una noble institución, debe enfrentar el reto de transformarse desde una visión amplia de Derechos Humanos, en un elemento indispensable para lograr que las familias accedan a sus derechos.
Si bien es cierto que México cuenta, desde 2014, con procuradurías nacional y estatales de protección de niñas y niños, estas tienen otra función. No obstante, deben consolidarse para posicionarse como el organismo que garantice la restitución de derechos a niños y niñas, además de tener claro su papel cuando dos entidades o más entran en algún conflicto de competencias y de manera especial ante situaciones de carácter internacional.
El fortalecimiento de estas procuradurías implica, desde luego, la suficiencia presupuestal para articular una política nacional en materia de restitución y protección de derechos, a través de medidas claras, oportunas y contundentes.
Por otro lado, el país cuenta desde 2014 con un Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que es útil para la transversalización e implantación de una política pública con perspectiva de derechos humanos, que además debe tener un papel preponderante en la evaluación de las distintas dependencias y entidades encargadas de atender a niñas, niños y adolescentes.
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