/ domingo 27 de enero de 2019

No puede seguir la indefinición jurídica 

París. Fracasó la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Interior, como fracasaron varios proyectos políticos y jurídicos para proporcionar las condiciones políticas y jurídicas en sexenios anteriores, para crear un adecuado contexto legal. Ahora de se observa de nuevo, un enorme retraso frente a las graves necesidades del país en materia de seguridad pública. Me pregunto: ¿es mejor la indefinición actual que una específica referencia a lo que el Estado mexicano debe hacer ante la crisis?

Asistí a los debates convocados por la Cámara de Diputados para el análisis de la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional, no obstante, en pocas opciones escuché planteamientos viables, acordes a la emergencia que vive el país. Mantener la ambigüedad jurídica no es una opción; se trata de una notable regresión ante la virulencia de la criminalidad, es imposible de atender desde el cubículo de investigador o desde los resúmenes periodísticos vía internet o whatsapp. Las dimensiones sólo pueden ser valoradas a partir de sistematizar las cifras ofrecidas por las oficinas gubernamentales o empresas como Parametría, o bien, estando en los escenarios de insólita violencia.

Aunque se haya enviado al periodo ordinario de sesiones de febrero, la iniciativa de ley para la creación de la Guardia Nacional, la situación en materia de inseguridad pública se va a agudizar. Es con datos oficiales, ni son especulaciones ni perspectivas pesimistas. De allí que si en serio se busca una solución o al menos, una medida acorde con las dimensiones de la circunstancias, la presencia de las Fuerzas Armadas es una cuestión sin debate o crítica.

Las naturales resistencias a la creación de un cuerpo armado, deben o pueden ser procesadas a partir de las implicaciones que tiene o mejor dicho, los riesgos que entraña mantenernos como sociedad, gobierno y Estado en la precariedad jurídica y política. Una muestra fehaciente: la forma en que pobladores de Tlalhuililpan trataron (maltrataron) y destruyeron parte de un mobiliario del Estado mexicano. No es concebible que queden esas acciones en la absoluta impunidad.

Yo le denomino la pedagogía de la impunidad. Sin castigo, apegado a la ley y al respeto a los Derechos Humanos, no hay sociedad que prospere ni consolide sus prácticas democráticas. Dañar a instituciones como son las Fuerzas Armadas, evidencian lo profundo de la crisis social que vivimos. No es política ni económica. Es una fractura que solo desde el principio de autoridad puede corregirse. Aplicar la ley, en ninguna democracia, es sinónimo de represión.

El todavía nuevo gobierno, con todo y sus porcentajes de aceptación al Presidente López Obrador, debe mantener con una visión de futuro, abordar los desafíos que a ninguna otra administración le habían tocado. Veremos ante la disfunción de seguridad pública, cuáles son las prioridades, pero sobre todo, sus objetivos. Por eso la Guardia Nacional es la vía correcta.


Javierolivaposada@gmail.com

@JOPso

París. Fracasó la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Interior, como fracasaron varios proyectos políticos y jurídicos para proporcionar las condiciones políticas y jurídicas en sexenios anteriores, para crear un adecuado contexto legal. Ahora de se observa de nuevo, un enorme retraso frente a las graves necesidades del país en materia de seguridad pública. Me pregunto: ¿es mejor la indefinición actual que una específica referencia a lo que el Estado mexicano debe hacer ante la crisis?

Asistí a los debates convocados por la Cámara de Diputados para el análisis de la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional, no obstante, en pocas opciones escuché planteamientos viables, acordes a la emergencia que vive el país. Mantener la ambigüedad jurídica no es una opción; se trata de una notable regresión ante la virulencia de la criminalidad, es imposible de atender desde el cubículo de investigador o desde los resúmenes periodísticos vía internet o whatsapp. Las dimensiones sólo pueden ser valoradas a partir de sistematizar las cifras ofrecidas por las oficinas gubernamentales o empresas como Parametría, o bien, estando en los escenarios de insólita violencia.

Aunque se haya enviado al periodo ordinario de sesiones de febrero, la iniciativa de ley para la creación de la Guardia Nacional, la situación en materia de inseguridad pública se va a agudizar. Es con datos oficiales, ni son especulaciones ni perspectivas pesimistas. De allí que si en serio se busca una solución o al menos, una medida acorde con las dimensiones de la circunstancias, la presencia de las Fuerzas Armadas es una cuestión sin debate o crítica.

Las naturales resistencias a la creación de un cuerpo armado, deben o pueden ser procesadas a partir de las implicaciones que tiene o mejor dicho, los riesgos que entraña mantenernos como sociedad, gobierno y Estado en la precariedad jurídica y política. Una muestra fehaciente: la forma en que pobladores de Tlalhuililpan trataron (maltrataron) y destruyeron parte de un mobiliario del Estado mexicano. No es concebible que queden esas acciones en la absoluta impunidad.

Yo le denomino la pedagogía de la impunidad. Sin castigo, apegado a la ley y al respeto a los Derechos Humanos, no hay sociedad que prospere ni consolide sus prácticas democráticas. Dañar a instituciones como son las Fuerzas Armadas, evidencian lo profundo de la crisis social que vivimos. No es política ni económica. Es una fractura que solo desde el principio de autoridad puede corregirse. Aplicar la ley, en ninguna democracia, es sinónimo de represión.

El todavía nuevo gobierno, con todo y sus porcentajes de aceptación al Presidente López Obrador, debe mantener con una visión de futuro, abordar los desafíos que a ninguna otra administración le habían tocado. Veremos ante la disfunción de seguridad pública, cuáles son las prioridades, pero sobre todo, sus objetivos. Por eso la Guardia Nacional es la vía correcta.


Javierolivaposada@gmail.com

@JOPso