En diciembre del año pasado, el exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, fue asesinado en el bar Distrito 5 en Puerto Vallarta. Le dispararon por la espalda en el sanitario y, cuando sus escoltas lo iban a trasladar a un hospital, un grupo armado los atacó afuera del establecimiento. La forma en que se realizó el atentado, en un destino turístico tan importante, sumado a que los empleados del bar eliminaron evidencia, refleja que no fue un evento aislado ni circunstancial, sino que estuvo planeado y, posiblemente, hubo colusión con algunas autoridades.
El alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, refirió que estaban malinterpretando las situaciones y que el municipio estaba seguro. Además del atentado contra el exgobernador, estas “situaciones” también incluyen seguramente el secuestro de un grupo de turistas en julio y de un empresario en noviembre del año pasado. Contrario a lo declarado por el alcalde, hace algunos días el gobierno estatal decidió tomar el control de la policía municipal para restablecer el orden y brindar seguridad a la población debido a lo ocurrido en los últimos meses. Fieles a su estilo, las autoridades pretenden disfrazar un problema sistemático como reciente y darle falsas salidas.
Así, se les olvida que durante muchos años ignoraron los señalamientos en contra de la policía. Por ejemplo, en 2016 no hicieron nada cuando el entonces comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, refirió que no hubo ningún policía municipal durante los hechos que derivaron en el secuestro de los hijos del Chapo Guzmán; todos los grupos delincuenciales operaron con plena libertad. Tampoco en 2018, cuando detuvieron a dos mandos de esta corporación porque brindaban protección a la delincuencia y habían participado en el secuestro de dos policías federales. Asimismo, mantuvieron por más de dos años a Jorge Misael López como jefe de la policía a pesar de que reprobó los exámenes de control y confianza; un requisito de ley para permanecer en el cargo.
En consonancia con estos antecedentes, se ha mencionado que la policía municipal tardó media hora en llegar al lugar del atentado contra el exgobernador. Sin embargo, el alcalde aseguró que la policía llegó en dos minutos, y el exjefe de la policía, Jorge Misael, que en realidad fue al minuto. Al respecto, la Fiscalía de Jalisco publicó dos vídeos en donde se ve al personal del bar limpiando el lugar de los hechos y borrando evidencia por más de nueve minutos. Entonces, si la policía llegó tan rápido, valdría la pena preguntarles en dónde esperaron mientras alteraban toda la escena del crimen, ¿afuera o adentro?
El gobierno estatal también decidió nombrar a Fernando Viveros, un marino en activo, como jefe de la policía. Sin embargo, la seguridad pública no mejorará por incluir militares en dichas tareas. No son sus responsabilidades, no están ahí sus fortalezas, ni hay casos de éxito. Además, mencionaron que no hará cambios porque todo se ha hecho bien; únicamente es un relevo de mando y el resto de la corporación se mantendrá en sus actividades ordinarias. Entonces, ¿para qué llegó?
El gobernador, Enrique Alfaro, dijo que irían hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables del asesinato del exgobernador: “No nos van a doblar, vamos a seguir trabajando para recuperar la paz y la tranquilidad”. Debido a los antecedentes y hechos, las líneas de investigación también deberían apuntar a la policía. Las autoridades jaliscienses no pueden seguir haciendo caso omiso a los señalamientos en contra de esta corporación. Ya es hora de que dejen de tapar el problema y lo resuelvan de una vez. Ya no hay pretextos.
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