Por: Fausto Carbajal
En 1994, Stella Liebeck, una mujer estadounidense que rondaba los ochenta años, se detuvo a comprar un café en alguna de las sucursales de McDonald’s en la ciudad de Alburquerque, Nuevo México. Una vez hecha la compra, la Sra. Stella, quien al mismo tiempo iba conduciendo su coche, quiso tomar un sorbo del líquido hirviendo. En lugar de generarle un efecto de placer –muy propio del café, aun el más barato–, se le derramó sobre sus piernas y entrepierna, causándole quemaduras de tercer grado.
Eventualmente, tras una demanda interpuesta por la anciana Stella en contra de McDonald’s, la compañía se vio obligada a darle a la afectada una compensación económica de 2.9 millones de dólares por daños y perjuicios. Más aún, la compañía se vio en la necesidad de replantearse prácticas que el jurado consideró negligentes, como la de servir el café innecesariamente hirviendo. No sólo eso, el litigio que terminó por favorecer a la Sra. Stella, hizo que todos los restaurantes de comida rápida en Estados Unidos pusieran sus barbas a remojar. En palabras de un miembro del jurado en aquel momento: "McDonald's sólo tuvo la mala suerte de que les tocó a ellos, pero la sentencia es una advertencia para todos".
En un contexto distinto, y probablemente con una complejidad mayor, el 4 de agosto del año en curso el Estado mexicano presentó ante una Corte en Boston, Massachusetts, una demanda civil en contra de 11 compañías en Estados Unidos productoras y distribuidoras de armas de fuego. Desde la perspectiva mexicana, estas empresas han llevado a cabo por años prácticas negligentes e intencionales que propician el trasiego ilegal de sus armas de alto calibre a México, con las ramificaciones que esto representa para el país en términos de inseguridad y violencia homicida.
Más allá de lo testimonial que puede ser la experiencia de la Sra. Stella, lo que este caso tendría que poner de relieve es la importancia de que México utilice los instrumentos legales y diplomáticos a su alcance, para denunciar algo que a todas luces son prácticas corporativas negligentes y omisas que han costado la vida de miles de personas en territorio mexicano. Según estimaciones, cada año 500 mil armas de fuego cruzan ilegalmente de Estados Unidos a México; un país en el que tan sólo en 2020 se cometieron 36,579 homicidios dolosos, según cifras del INEGI, y de los cuales en cerca del 70 por ciento estuvo involucrada un arma de fuego.
Sería un error que este litigio se lea como una acción contra Estados Unidos, nuestro socio y aliado. O como un intento para afectar económicamente a las empresas demandadas. Se trata de un recurso para que las compañías de armas mejoren las políticas de autorregulación y monitoreo en sus cadenas comerciales, a fin de evitar el desvío ilícito de las armas que fabrican. ¿Por qué no utilizar los avances tecnológicos para que sus armas de fuego no puedan ser disparadas excepto por quien las compra? ¿Por qué no incrementar los niveles de vigilancia en sus sistemas de distribución y evitar venderle armas a armerías vinculadas con traficantes o, mejor aún, asociadas con el asesinato de personas en territorio mexicano? ¿Por qué no aumentar los dispositivos para garantizar la trazabilidad de las armas, para con ello identificar y desmantelar rutas de tráfico ilícito? ¿Cómo interpretar que las empresas sigan haciendo caso omiso de los informes de la ATF estadounidense sobre el destino de sus armas? ¿Es acaso normal que algunas de sus pistolas tengan nombres como “El Jefe de Jefes”?
Transformar las prácticas de estas compañías no será fácil: se trata de una industria muy poderosa económica, política y legalmente. Tan sólo en Estados Unidos se vendieron casi 23 millones de armas el año pasado, lo que les dejó una ganancia económica de 63 mil millones de dólares. Actores como la Asociación Nacional del Rifle han financiado por años a legisladores y políticos estadounidenses. Desde 2005, existe una ley –la Protection of Lawful Commerce in Arms Act– que protege a los comerciantes de armas ante demandas civiles como la interpuesta por México.
Por otra parte, ¿detener el flujo ilegal de armas estadounidenses será suficiente para disminuir la violencia criminal en México? Probablemente no. De acuerdo con un reporte de 2018 de Small Arms Survey, 16.8 millones de armas ya se encontraban en posesión de civiles en México. No obstante, es una condición necesaria para cortar la capacidad de fuego de los grupos criminales que operan en México. Más aún, es una condición necesaria para algún día aspirar a desmilitarizar la seguridad pública, y contar con policías de carácter civil y de proximidad social en el país.
Sería un error que este litigio se convirtiera en una cuestión de gobierno. En cambio, tendría que ser considerada como una acción de Estado, y como tal, independientemente de filias y fobias necesarias en una democracia, un llamado al espíritu de cuerpo y la unidad nacional. Ejemplo de ello lo ponen estos estudiantes: https://www.youtube.com/watch?v=VgTmycX_Rkw
Esta es mi contribución. #NoMasTraficoDeArmas.
