Nuestro país está habitado por miles de ausencias: por las más de 75 mil personas desaparecidas; por las y los hijos de las “Rastreadoras del Fuerte” que siguen buscando en Sinaloa; por los tres estudiantes de cine que fueron desaparecidos en Tonalá; por Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, Rosendo Radilla y Claudia Ivette González, cuyos familiares tuvieron que acudir a instancias internacionales para exigir la investigación y sanción por su desaparición; y, por supuesto, por los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, cuya desaparición cumple 6 años este fin de semana.
La conmemoración de estos hechos tan lamentables, además de exponer la ineficiencia gubernamental para esclarecer los hechos, es un buen pretexto para hablar de lo indecible e incómodo: el Estado mexicano es incapaz de encontrar a las personas desaparecidas. Y también, para reconocer que los avances en la materia han sido resultado del esfuerzo de los colectivos de familiares que, desde hace décadas, han subsanado la labor de un estado ausente.
Uno de los principales frutos de dicho esfuerzo fue la creación de una Ley General en materia de desaparición, la cual fue aprobada en 2017, y cuyo objetivo fue contar con mecanismos e instituciones eficaces de búsqueda, investigación e identificación forense. Sin embargo, a casi tres años de la entrada a vigor de esta ley, sigue sin cumplirse. Y así, se mantiene la falta de resultados.
Conforme al informe del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, en 2019 solo había 22 comisiones locales de búsqueda instaladas (de 32), a pesar de que la ley mandataba que todas debían entrar en funciones durante 2018. Por si fuera poco, de estas comisiones, 9 reportaron tener menos de 10 trabajadores, y en el peor de los absurdos, la comisión de Baja California reportó un solo trabajador.
De igual manera, no todas las entidades federativas tienen fiscalías especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición; la ley también estipulaba que debían entrar en funciones durante 2018. Tan solo hace unos cuantos días, el colectivo “Sabuesos Guerreras” acudió al Congreso del Estado de Oaxaca para pedir la creación de dicha fiscalía. Ahora, resulta que se deben hacer peticiones para que las autoridades cumplan con la ley.
El informe también destaca la insuficiencia de recursos financieros, materiales y humanos de las instituciones para responder a las necesidades de búsqueda e investigación. Refiere, además, que la mayoría de las comisiones locales subsisten con recursos federales, y que una tercera parte no recibió dichos recursos durante 2019. Asimismo, que la mayoría de las entidades federativas no tienen un plan de búsqueda de personas, y ni siquiera cuentan con el mínimo material indispensable para la conducción de operaciones de localización e identificación.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas se actualiza en tiempo real e integra los datos de todas las personas que no han sido localizadas. Desafortunadamente, las cifras crecen día con día. El trabajo incesante de los colectivos ha contribuido a acercarnos a la verdad, y a ponerle cara, nombre e historia a cada número. Este registro, más que un logro, es un recordatorio que el Estado mexicano ha sido incapaz de enfrentar un problema tan complejo. Un recordatorio que les falta localizar a miles de personas. Un recordatorio para llenar la ausencia.
David Blanc, consultor independiente. Twitter: @ddblanc
