La muerte se devalúa selectivamente en este país: no queda claro lo que determina que un caso acapare la atención e indignación y que otros no a pesar de ser hechos similares. Recientemente, el país se conmocionó por el asesinato de Aranza Ramos -quien buscaba a su esposo desaparecido-, pero poco o nada se ha dicho sobre los otros asesinatos de personas buscadoras. Desafortunadamente, este valor mediático y anímico es insuficiente para que las autoridades reaccionen y hagan algo más que lamentarse. Si la desaparición de una persona debe generar un daño irreparable, el riesgo de morir buscándola debe generar uno incomprensible.
Primero fue la demanda para que no desaparecieran más personas, pero hace unos días la cifra superó a las 90 mil; este sexenio tiene el mayor número desde que se tiene registro. Después fue la petición para que los gobiernos las buscaran y encontraran, pero sus resultados han sido nulos. Ahora la exigencia es que los colectivos y familiares de personas desaparecidas no estén en riesgo mientras, literalmente, hacen el trabajo que no pudieron hacer las autoridades. Resulta verdaderamente absurdo y lamentable que ni siquiera puedan hacer eso; es lo mínimo esperado después de que su negligencia e incompetencia es la causa de tantos infortunios.
No faltan leyes ni instituciones para solucionar este problema: desde hace algunos años se emitieron diversas leyes para -supuestamente- prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición de personas y se crearon fiscalías dedicadas exclusivamente a la investigación de este delito y comisiones para la búsqueda de personas. La realidad es que no existe un compromiso serio por parte de las autoridades. Por ejemplo, en las recientes elecciones, los colectivos y familiares de personas desaparecidas tuvieron que hacer una protesta bajo el lema “te cambio mi voto por mi desaparecido” debido a la invisibilidad del tema. De hecho, casi ningún partido político incluyó alguna propuesta o acción al respecto en sus plataformas; ni siquiera en Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato que son los estados con mayor número de personas desaparecidas a nivel nacional.
A la coreografía de lamentos e inacciones también se sumaron diversos países de la región y organismos internacionales. Lo único que se les podría admirar, sin duda alguna, es la cantidad y rapidez de comunicados que pueden emitir por cualquier atrocidad que se comete en el país. Y lo que se les puede reprochar es la poca presión que ejercen contra el gobierno mexicano a pesar de tener suficientes motivos y mecanismos para hacerlo. ¿Qué harían las autoridades mexicanas si, por ejemplo, les condicionaran las vacunas del COVID-19 a la seguridad del país?, ¿cambiarían sus políticas de combate a la delincuencia si les impusieran sanciones económicas?, ¿ahora sí harían bien su trabajo? Parecería entonces que el lema del respeto irrestricto a los derechos humanos por parte de la comunidad internacional es simplemente de dientes para afuera.
Las desapariciones se han convertido en otro negocio fallido del sistema político: existe todo un aparato burocrático con instituciones, personal, recursos materiales y presupuestos para atender y resolver esta problemática. Sin embargo, no solo ha incumplido con su objetivo -que es la razón misma de su existencia-, sino que la situación está aún peor de lo esperado. Una mejor idea sería darles todo lo invertido y creado a los colectivos y familiares que sí han logrado tener resultados en su lucha. Los gobiernos podrían hacer esto por empatía o simplemente porque después de tanto tiempo de no ayudar, por fin, podrían dejar de estorbar.
Consultor en seguridad y justicia.
@ddblanc
