A finales de febrero, el presidente López Obrador mencionó lo siguiente sobre los primeros casos de COVID-19 en México: “no es algo terrible, no es algo fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza”. También recalcó que México tiene la infraestructura suficiente para responder a la pandemia. AMLO está en lo correcto al mencionar que la situación no es equivalente a la influenza: este virus es peor. La tasa de contagio es casi del doble, lo que requiere medidas más drásticas y prolongadas.
El presidente ha ignorado que las afectaciones van más allá de los contagios y las muertes, a 5 meses del primer caso en México, es evidente que los peores impactos económicos tienen como objetivo a los más pobres. La situación de vulnerabilidad aumenta en familias cuyo ingreso viene de la economía informal o en grupos de trabajadores que no cuentan con seguridad social. Estas personas no pueden acceder ni a los llamados ‘créditos a la palabra’ ni a otros apoyos sociales del IMSS e ISSSTE.
Aquí se pone en duda una de las primeras afirmaciones del presidente: ¿qué sucede cuando se cuenta con infraestructura, pero existe negligencia para utilizarla? Aclaro que no hago referencia a la infraestructura médica, de por sí precaria, sino a la económica.
Activistas, organizaciones de la sociedad civil, políticos, académicos, entre otros, han planteado implementar el Ingreso Vital durante meses. Éste requiere entre el 0.8% y el 1.2% del PIB nacional, cifra mínima si volteamos a ver lo que han invertido otros países como respuesta a la pandemia. No obstante, el gobierno federal cierra puertas y no quiere escuchar propuestas para cumplir una de sus funciones esenciales: proteger a sus ciudadanos.
La propuesta es clara: la implementación un Ingreso Vital de emergencia, temporal, no condicionado y dirigido a los más vulnerables. El llamado consiste en aprobar la iniciativa sin miras a ideologías, partidos o creencias. Su puesta en marcha es necesaria y urgente. Gobiernos de todo el mundo ya han implementado medidas similares. En España ya se cuenta con el Ingreso Mínimo Vital, en Brasil se cuenta con un bono de emergencia, mientras que en Argentina se aprobó el Ingreso Familiar de Emergencia para mitigar los efectos económicos de la pandemia.
Ya se ha identificado que una respuesta tardía por parte del Estado se traduce en más muertes. Tomando de ejemplo el distanciamiento social, el que un gobierno retarde su recomendación, deviene en aumento de casos y, en consecuencia, mayor número de muertes. Lo mismo sucede con las afectaciones económicas, respuestas lentas se traducen en afectaciones más graves a los más vulnerables. CEPAL ya ha llamado a ésta, la ‘década perdida’, dado que países de toda Latinoamérica enfrentarán retrocesos alrededor de 10 años en los avances en pobreza y pobreza extrema, los países más afectados serán Ecuador, Nicaragua y México.
De implementar el Ingreso Vital, el gobierno de México refrendaría su autoproclamada vocación hacia los más pobres. De no hacerlo, recrudecerá las consecuencias que han afectado a todo el mundo y dejará en situación de vulnerabilidad a millones de mexicanos.
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