/ jueves 21 de marzo de 2019

Nosotrxs | ¿Quién demonios es la sociedad civil?

Por: Ignacio Macedo Castillejos

¿Quién demonios es la sociedad civil? Técnicamente es más fácil responder a esta pregunta señalando quiénes no son sociedad civil. No son sociedad civil los policías, los militares, los clérigos, los funcionarios públicos, gobernantes y autoridades en general. De tal forma que hay una dicotomía entre los que cuentan con autoridad legítima enmarcada por la Constitución y los que no cuentan con esa autoridad, es decir, los gobernados, que son los llamados civiles, que en su conjunto, constituimos eso llamado sociedad civil; y aun así, un funcionario fuera de servicio, se considera como civil.

En México y otras partes del mundo, existen organizaciones creadas por civiles con el propósito de desarrollar actividades no lucrativas que contribuyan al desarrollo social. Algunas de esas organizaciones se han constituido utilizando la figura de persona moral bajo la forma de Asociación Civil, las llamadas AC. Cabe señalar que en México, algunas de estas asociaciones son llamadas organizaciones de la sociedad civil (OSC), que es el punto inicial de confusión sobre si las OSC son equivalentes a la sociedad civil o no.

El centro del debate respecto a la posición del gobierno de AMLO y las llamadas “organizaciones de la sociedad civil” es que durante los últimos años, este tipo de asociaciones se han utilizado como intermediarias entre en gobierno y los beneficiarios de programas sociales al asignar recursos públicos a estas asociaciones por medio de entidades como la Sedesol o el Indesol. Esto nos lleva a un escenario en el que recursos públicos son ejercidos por personas que no son servidores públicos.

Otorgar recursos públicos a asociaciones civiles que funjan como intermediarios entre el gobierno y el beneficiario final de los programas, es hasta cierto punto un engaño a los ciudadanos, pues el ejercicio de los recursos públicos no se da por la vía del gobierno que ellos eligieron sino a través de intermediarios que pueden ser afines a ideologías políticas distintas a las de los gobernantes electos.

No obstante, hay diferencias entre organizaciones de civiles que fungen como intermediarias y aquellas que se limitan la creación de valor social, la diferencia radica en si se otorga o no la decisión a una organización civil de seleccionar a los beneficiarios de un programa público, que de otorgársele se le está dando la circunstancia denominada como el poder de intermediación.

PUNTOS CLAVE DE ESTE DEBATE:

Estas OSC no representan directamente a la sociedad civil al no haber sido electos en proceso alguno avalado por autoridades electorales. De este modo, la opinión de una o varias OSC, no es equivalente a la opinión de la sociedad civil en su conjunto, solo una opinión más.

Si bien, varias asociaciones de civiles han mostrado eficacia para el cumplimiento de sus objetivos, el debate no debe centrarse en si las OSC hacen bien o no su trabajo, sino en si deben o no utilizarse como intermediarios entre gobierno y beneficiario final de un programa público.

No hay que confundir ser intermediario entre gobierno y beneficiario final, y generar un servicio de creación de valor social. Hay organizaciones civiles que cuentan con experiencia probada en el desarrollo de capacidades o generación de información; esto último no es ser intermediario y no crea conflicto alguno sobre su legitimidad para hacerlo, pues el resultado de la intervención de la organización no implica decidir sobre la asignación del recurso público hacia un beneficiario.

En una economía de mercado, las asociaciones civiles no pueden operar con reglas distintas a las de otras organizaciones, la diferencia es que en este ámbito se crea valor social y ese valor social debiera ser reconocido por medio de una correcta administración que cree esquemas que no impliquen la intermediación de recursos públicos.

En el entorno mundial, este debate no es nuevo, desde 2002, John Hariss en su libro Depoliticizing Development (Despolitizando al Desarrollo) pone el dedo en la llaga al cuestionar la legitimidad de las organizaciones civiles para ejercer recursos públicos y el uso faccioso del término “capital social” en los discursos de temática sobre desarrollo.

@NosotrxsMX

Por: Ignacio Macedo Castillejos

¿Quién demonios es la sociedad civil? Técnicamente es más fácil responder a esta pregunta señalando quiénes no son sociedad civil. No son sociedad civil los policías, los militares, los clérigos, los funcionarios públicos, gobernantes y autoridades en general. De tal forma que hay una dicotomía entre los que cuentan con autoridad legítima enmarcada por la Constitución y los que no cuentan con esa autoridad, es decir, los gobernados, que son los llamados civiles, que en su conjunto, constituimos eso llamado sociedad civil; y aun así, un funcionario fuera de servicio, se considera como civil.

En México y otras partes del mundo, existen organizaciones creadas por civiles con el propósito de desarrollar actividades no lucrativas que contribuyan al desarrollo social. Algunas de esas organizaciones se han constituido utilizando la figura de persona moral bajo la forma de Asociación Civil, las llamadas AC. Cabe señalar que en México, algunas de estas asociaciones son llamadas organizaciones de la sociedad civil (OSC), que es el punto inicial de confusión sobre si las OSC son equivalentes a la sociedad civil o no.

El centro del debate respecto a la posición del gobierno de AMLO y las llamadas “organizaciones de la sociedad civil” es que durante los últimos años, este tipo de asociaciones se han utilizado como intermediarias entre en gobierno y los beneficiarios de programas sociales al asignar recursos públicos a estas asociaciones por medio de entidades como la Sedesol o el Indesol. Esto nos lleva a un escenario en el que recursos públicos son ejercidos por personas que no son servidores públicos.

Otorgar recursos públicos a asociaciones civiles que funjan como intermediarios entre el gobierno y el beneficiario final de los programas, es hasta cierto punto un engaño a los ciudadanos, pues el ejercicio de los recursos públicos no se da por la vía del gobierno que ellos eligieron sino a través de intermediarios que pueden ser afines a ideologías políticas distintas a las de los gobernantes electos.

No obstante, hay diferencias entre organizaciones de civiles que fungen como intermediarias y aquellas que se limitan la creación de valor social, la diferencia radica en si se otorga o no la decisión a una organización civil de seleccionar a los beneficiarios de un programa público, que de otorgársele se le está dando la circunstancia denominada como el poder de intermediación.

PUNTOS CLAVE DE ESTE DEBATE:

Estas OSC no representan directamente a la sociedad civil al no haber sido electos en proceso alguno avalado por autoridades electorales. De este modo, la opinión de una o varias OSC, no es equivalente a la opinión de la sociedad civil en su conjunto, solo una opinión más.

Si bien, varias asociaciones de civiles han mostrado eficacia para el cumplimiento de sus objetivos, el debate no debe centrarse en si las OSC hacen bien o no su trabajo, sino en si deben o no utilizarse como intermediarios entre gobierno y beneficiario final de un programa público.

No hay que confundir ser intermediario entre gobierno y beneficiario final, y generar un servicio de creación de valor social. Hay organizaciones civiles que cuentan con experiencia probada en el desarrollo de capacidades o generación de información; esto último no es ser intermediario y no crea conflicto alguno sobre su legitimidad para hacerlo, pues el resultado de la intervención de la organización no implica decidir sobre la asignación del recurso público hacia un beneficiario.

En una economía de mercado, las asociaciones civiles no pueden operar con reglas distintas a las de otras organizaciones, la diferencia es que en este ámbito se crea valor social y ese valor social debiera ser reconocido por medio de una correcta administración que cree esquemas que no impliquen la intermediación de recursos públicos.

En el entorno mundial, este debate no es nuevo, desde 2002, John Hariss en su libro Depoliticizing Development (Despolitizando al Desarrollo) pone el dedo en la llaga al cuestionar la legitimidad de las organizaciones civiles para ejercer recursos públicos y el uso faccioso del término “capital social” en los discursos de temática sobre desarrollo.

@NosotrxsMX