/ viernes 11 de octubre de 2019

Nuestro fracturado federalismo

En estos días de tanta confusión en México hemos visto cómo se promueven, con sorprendente ligereza, procesos de desaparición de poderes, derivado de pugnas partidistas. Primero, contra el gobierno de Veracruz; después, en represalia, contra los de Tamaulipas y Guanajuato. Expedientes sin posibilidad de salir adelante, pero que polarizan, mientras consumen tiempo y recursos que deberían dedicarse a los graves problemas que enfrenta la ciudadanía y el país-

En el mismo sentido, contra viento y marea, en Baja California se pretende extender el periodo del próximo gobernador a cinco años, desde los dos para los que fue electo. En respuesta a las críticas por la maniobra, violatoria de la Constitución, se pone como pretexto a la soberanía estatal y se trata de revivir la histórica pugna entre el centro y los estados.

Al mismo tiempo, gobernadores de algunas de las entidades con mayor aportación a la recaudación tributaria federal se quejan, con razón, de la fuerte reducción en sus participaciones y de una distribución injusta de los recursos públicos. Incluso se dan amenazas de salirse del actual modelo de coordinación fiscal, que desde hace años se muestra rebasado por la realidad y las necesidades de los estados, de los municipios y del país en su conjunto.

Son señales elocuentes de un federalismo con grietas importantes y crecientes, y un llamado perentorio a abordar el reto con seriedad y oportunidad.

Poner al día nuestro pacto federal es indispensable para construir las respuestas que hacen falta en varios de los mayores desafíos del país, como la seguridad pública y la vigencia del Estado de derecho. La definición de soluciones a la altura y su ejecución dependen de contar con un esquema eficaz de acuerdo, gobernanza y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Aquí salta a la vista un área olvidada en la evolución del sistema político mexicano. La transición democrática, que inició con la reforma electoral de 1977, de alguna forma puso todo el acento en el acceso al poder, relegando el tema de cómo debe ejercerse, de su distribución y ejercicio. Así, hoy es evidente que tenemos un arreglo federalista agotado, que no corresponde a las circunstancias y las necesidades del México de hoy.

Lejos de un juego de suma cero entre estados y Gobierno Federal, con los municipios en el margen, la mayoría de los 2 mil 458 en condiciones muy precarias, hay que buscar una fórmula ganar-ganar para las tres partes, pero sobre todo para la gestión del bien común y el interés colectivo. Esto es imprescindible inclusive para mantener la cohesión política nacional.

El estado del federalismo hacendario es ilustrativo del reto. Hay que recordar que la recaudación en México se concentra en el Gobierno Federal, con casi el 95%, mientras los estados apenas llegan a 4% y los municipios o gobiernos locales no alcanzan el 1 por ciento. En otros países federales de la región, como Brasil, los gobiernos subnacionales recaudan casi 25% de los ingresos tributarios.

En México, estados y municipios perciben, en promedio, solo cerca de un peso de cada 10 de sus ingresos por la vía de los impuestos locales. El resto viene de las transferencias federales, principalmente participaciones y aportaciones. Sin embargo, hay estados donde apenas llegan a 50 centavos de recaudación propia por de cada 10 pesos de sus ingresos, como Hidalgo, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Morelos.

La mitad de las entidades federativas que menos impuestos federales recaudaron, menos de 13% del total nacional, han recibido hasta 55% de las aportaciones y participaciones. Como se señala desde los estados con mayor aportación, cada vez en voz más alta, la solidaridad es un principio básico de nuestro facto federal, pero no va a funcionar si se socavan las capacidades financieras y la economía de las entidades que más aportan, por su crecimiento y desarrollo.

Desde el Gobierno Federal se ha hecho el compromiso de no promover cambios fiscales en la primera mitad del sexenio, lo cual puede abonar a que haya cierta estabilidad. Sin embargo, es claro que una reforma hacendaria de fondo es una de las grandes asignaturas pendientes de la nación, cada vez más urgente.

En esa reforma integral, un componente fundamental es el de la coordinación fiscal: tener un modelo adecuado de federalismo tanto en términos de recaudación como de gasto. El esquema actual, cuyo diseño se remonta a los años 80, tiene limitaciones de origen, con un creciente desfase respecto a la evolución de las necesidades fiscales del país, y en particular de los estados y municipios.

Esta situación no puede ser resuelta con más parches, y menos aún con amenazas y una confrontación que acabaría por debilitar a todas las partes, sino considerar una nueva Convención Nacional Hacendaria. La vía es la altura de miras y el acuerdo. Eso mismo se requiere en los otros aspectos fundamentales del federalismo, en general. Sólo así podemos avanzar hacia una coordinación gubernamental en el que todos ganemos.

En estos días de tanta confusión en México hemos visto cómo se promueven, con sorprendente ligereza, procesos de desaparición de poderes, derivado de pugnas partidistas. Primero, contra el gobierno de Veracruz; después, en represalia, contra los de Tamaulipas y Guanajuato. Expedientes sin posibilidad de salir adelante, pero que polarizan, mientras consumen tiempo y recursos que deberían dedicarse a los graves problemas que enfrenta la ciudadanía y el país-

En el mismo sentido, contra viento y marea, en Baja California se pretende extender el periodo del próximo gobernador a cinco años, desde los dos para los que fue electo. En respuesta a las críticas por la maniobra, violatoria de la Constitución, se pone como pretexto a la soberanía estatal y se trata de revivir la histórica pugna entre el centro y los estados.

Al mismo tiempo, gobernadores de algunas de las entidades con mayor aportación a la recaudación tributaria federal se quejan, con razón, de la fuerte reducción en sus participaciones y de una distribución injusta de los recursos públicos. Incluso se dan amenazas de salirse del actual modelo de coordinación fiscal, que desde hace años se muestra rebasado por la realidad y las necesidades de los estados, de los municipios y del país en su conjunto.

Son señales elocuentes de un federalismo con grietas importantes y crecientes, y un llamado perentorio a abordar el reto con seriedad y oportunidad.

Poner al día nuestro pacto federal es indispensable para construir las respuestas que hacen falta en varios de los mayores desafíos del país, como la seguridad pública y la vigencia del Estado de derecho. La definición de soluciones a la altura y su ejecución dependen de contar con un esquema eficaz de acuerdo, gobernanza y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Aquí salta a la vista un área olvidada en la evolución del sistema político mexicano. La transición democrática, que inició con la reforma electoral de 1977, de alguna forma puso todo el acento en el acceso al poder, relegando el tema de cómo debe ejercerse, de su distribución y ejercicio. Así, hoy es evidente que tenemos un arreglo federalista agotado, que no corresponde a las circunstancias y las necesidades del México de hoy.

Lejos de un juego de suma cero entre estados y Gobierno Federal, con los municipios en el margen, la mayoría de los 2 mil 458 en condiciones muy precarias, hay que buscar una fórmula ganar-ganar para las tres partes, pero sobre todo para la gestión del bien común y el interés colectivo. Esto es imprescindible inclusive para mantener la cohesión política nacional.

El estado del federalismo hacendario es ilustrativo del reto. Hay que recordar que la recaudación en México se concentra en el Gobierno Federal, con casi el 95%, mientras los estados apenas llegan a 4% y los municipios o gobiernos locales no alcanzan el 1 por ciento. En otros países federales de la región, como Brasil, los gobiernos subnacionales recaudan casi 25% de los ingresos tributarios.

En México, estados y municipios perciben, en promedio, solo cerca de un peso de cada 10 de sus ingresos por la vía de los impuestos locales. El resto viene de las transferencias federales, principalmente participaciones y aportaciones. Sin embargo, hay estados donde apenas llegan a 50 centavos de recaudación propia por de cada 10 pesos de sus ingresos, como Hidalgo, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Morelos.

La mitad de las entidades federativas que menos impuestos federales recaudaron, menos de 13% del total nacional, han recibido hasta 55% de las aportaciones y participaciones. Como se señala desde los estados con mayor aportación, cada vez en voz más alta, la solidaridad es un principio básico de nuestro facto federal, pero no va a funcionar si se socavan las capacidades financieras y la economía de las entidades que más aportan, por su crecimiento y desarrollo.

Desde el Gobierno Federal se ha hecho el compromiso de no promover cambios fiscales en la primera mitad del sexenio, lo cual puede abonar a que haya cierta estabilidad. Sin embargo, es claro que una reforma hacendaria de fondo es una de las grandes asignaturas pendientes de la nación, cada vez más urgente.

En esa reforma integral, un componente fundamental es el de la coordinación fiscal: tener un modelo adecuado de federalismo tanto en términos de recaudación como de gasto. El esquema actual, cuyo diseño se remonta a los años 80, tiene limitaciones de origen, con un creciente desfase respecto a la evolución de las necesidades fiscales del país, y en particular de los estados y municipios.

Esta situación no puede ser resuelta con más parches, y menos aún con amenazas y una confrontación que acabaría por debilitar a todas las partes, sino considerar una nueva Convención Nacional Hacendaria. La vía es la altura de miras y el acuerdo. Eso mismo se requiere en los otros aspectos fundamentales del federalismo, en general. Sólo así podemos avanzar hacia una coordinación gubernamental en el que todos ganemos.

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