El pasado viernes 17 de noviembre la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas (PI), Victoria Tauli-Corpuz, rindió su declaración de cierre de misión a México. Misión cuyo objetivo fue examinar la implementación de las recomendaciones realizadas en 2003 por su predecesor, Rodolfo Stavenhagen, como la relativa a promover, conforme a los principios pactados en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, el reconocimiento constitucional de los PI como sujetos de derecho público y no como simples sujetos de interés público, así como evaluar la incorporación de los compromisos asumidos por México en materia de derechos humanos de los PI. Su resultado: reconocer el avance a partir de la reforma constitucional de 2011 en esta materia, pero también denunciar al Gobierno Mexicano en torno al “inadecuado reconocimiento legal vigente de los pueblos indígenas como titulares de derechos… incluyendo tierras y territorios; autonomía, libre determinación y participación política; auto-adscripción; acceso a la justicia; violencia e impunidad; el derecho a determinar sus prioridades de desarrollo, consulta y consentimiento libre, previo e informado, derechos económicos, sociales y culturales, y la situación particular de sectores específicos de los pueblos indígenas”.
Con ello, una vez más quedó evidenciado -contra lo que sostiene el gobierno federal- que la contrareforma agraria salinista se encargó de desnaturalizar el régimen agrario indígena y campesino, comprendido su concepto de territorio y formas de organización y representación. A su vez, que el actual marco jurídico y su aplicación impiden el reconocimiento y ejercicio de los derechos de autonomía, libre determinación y participación política de los PI, cuyas propias instituciones terminan por ser socavadas al tiempo que son víctimas permanentes de la coacción partidista durante los procesos electorales. En cuanto a su derecho al desarrollo, que éste resulta nugatorio, como lo evidencia el encontrar que un 71.9% de los PI se ubican en pobreza o pobreza extrema, mientras que de las 29 mil concesiones mineras, hidroeléctricas y de energía eólica, un 17% está sin su consentimiento ni consulta previa en territorios indígenas, lo que constituye una de las mayores violaciones a los derechos humanos, despojo agrario e impacto ambiental, a los que se enfrentan los PI de México. Pueblos que aún esperan los embates de la reforma energética de 2013 y del que sobrevenga cuando operen las zonas económicas especiales. Lo más grave: la impunidad del 99% de los delitos, la falta de reconocimiento efectivo a sus usos y costumbres y la extrema violencia que enfrentan, sobre todo por cuestiones agrarias y de sus recursos, además de las masacres, violaciones, torturas, desplazamientos y desapariciones forzadas de que son víctimas, a cargo del “crimen organizado, grupos paramilitares, oficiales de la ley y militares”, y que han generado la mayor desintegración y pulverización del tejido social de los PI de nuestra historia. Y es que de nada sirve, salvo para avergonzarnos y constatar el doble discurso gubernamental, que México apoye en la palestra internacional el reconocimiento de los derechos de los PI, si carece de toda voluntad política en su régimen interior y continúa con el abandono ancestral hacia ellos. Por lo pronto, el mismo viernes el presidente de la República promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Ley demandada amplia y largamente por una sociedad lacerada con la crudeza atroz de la delincuencia y devastada por la campeante impunidad e imbatible corrupción. La pregunta es: ¿podrá el nuevo ordenamiento combatirla y erradicarla o solo terminará legitimando a este voraz flagelo, abominable plaga hecatónquira? Lo comentaremos.
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