Ha iniciado un Periodo Ordinario de Sesiones en el Legislativo Federal con un nuevo balance de poder, significativamente distinto al de la primera mitad del sexenio. Con la renovación de la Cámara de Diputados podríamos volver a la tónica del gobierno dividido, interrumpida por el fuerte mandato que las elecciones del 2018 dieron al Ejecutivo Federal con una mayoría aplastante para su proyecto político en la LXIV Legislatura.
Esta situación podría avivar la polarización que, de por sí, sofoca la vida política en el país, con barreras incluso para la interlocución y el reconocimiento del otro. Desde otro punto de vista, puede verse como buena noticia: restablecimiento de contrapesos y equilibrios fundamentales para una democracia.
Si la vía de la imposición no funcionó en tres años de confrontación y empoderamiento del Ejecutivo, menos lo hará ahora, ante el declive sexenal y una oposición más sólida en el Legislativo. Aunque parece improbable, se esperaría que hubiese una disposición distinta, favorable a encontrar puntos de acuerdo a pesar de las diferencias.
Hay una coalición partidaria con mayoría indiscutible, pero no calificada para reformas constitucionales. Tampoco, en términos prácticos, para atrincherarse en posiciones intransigentes (“no cambiar una sola coma”). Morena se sostiene como la primera fuerza política del país, con 198 diputados, 53 menos que en la anterior Legislatura. Con sus aliados, Partido Verde, con 43 curules, y del Trabajo, con 37, suma 278. Lejos de los 334 de la mayoría calificada (dos tercios más uno); ni siquiera si fuese apoyada por los 23 diputados de Movimiento Ciudadano.
Pueden aprobar el Presupuesto y leyes secundarias con esa mayoría simple, que también tienen en el Senado, aunque tampoco ahí llegan a la calificada: cuentan con 78 senadores; les faltan ocho. Así, no pueden imponer nombramientos como consejeros y Presidente del INE, facultad de los diputados; ni en el Senado a ministros de la Suprema Corte y comisionados de INAI, IFT o Cofeco. Además, habrá gran dependencia del Partido Verde, y no es seguro que éste respalde en todo al bloque mayoritario: más bien es probable, por su historial, que se acomodé según las circunstancias, sobre todo a medida que se acerque el fin del sexenio.
En cuanto a la oposición, el PAN tiene 114 diputados, el PRI 70 y el PRD 15: en total, 199. Si sumaran a los de MC, serían 222. No pueden pasar una reforma legal solos, pero sí tienen margen para ser un dique eficaz, de mantenerse la alianza.
Funcionó el esfuerzo del INE para que hubiese sintonía entre los votos logrados por los partidos y su representación efectiva en el Congreso, a fin de evitar el fenómeno de la sobrerrepresentación, producto del traspaso de candidatos y legisladores. Sin embargo, esta redistribución no debe confundirse con una paridad. Hay otros factores de peso: por ejemplo, en 2022 solo 11 de las 32 entidades tendrán gobiernos de oposición. Subsiste un movimiento político predominante en México.
En el balance, lo que tenemos es una coalición política con capacidad ofensiva, que llevará la iniciativa, y una de índole defensiva, en la función de limitar, acotar e inclusive parar, pero ahora con más apalancamiento para cumplir ese papel.
El nuevo balance es positivo para frenar cambios que pueden ser adversos para el país, pero también puede derivar en más polarización y parálisis. En general, se requiere de negociación y actitud republicana. Hay asuntos fundamentales para el país que deben avanzar.
En primer lugar, está el paquete económico de 2022. La coalición gobernante podría sacar por sí sola el Presupuesto Federal, facultad exclusiva de los Diputados, y la Ley de Ingresos. Pero la oposición tendrá capacidad de negociar: si se pretende ignorarla, puede ejercer su reserva de contención en los asuntos que exigen mayoría calificada.
El paquete económico no es lo único. La ex Presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, dijo que hay al menos 46 transitorios pendientes, 41 de ellos vencidos. Están la Ley de Revocación de Mandato; la de Ciencia, Tecnología e Innovación; la del Coneval, y la regulación de la cannabis.
En cuanto a las tres prioridades presidenciales, será muy difícil que avancen si no hay disposición a la negociación. Y afortunadamente, puesto que en varios sentidos implican retrocesos: socavar la competencia y la inversión en el mercado eléctrico; vulnerar la representación en el Congreso, al eliminar a los legisladores plurinominales, y menoscabar al sistema electoral, con un cambio constitucional solo para colocar a consejeros electorales afines; y ampliar las facultades a las Fuerzas Armadas, con lo que ello supone. Incluso, al menos en teoría, estas iniciativas, al menos las dos primeras, irían contra intereses del Partido Verde y banderas que dice defender.
Hay gran expectativa y no es para menos. Es positivo el fortalecimiento de la división de poderes y las instituciones, pero la polarización es receta para la parálisis. La nueva composición del Congreso debería tomarse como exigencia de conciliación para evitar el conflicto permanente y el estancamiento. Está en la voluntad del gobierno, pero también en la oposición y en las fuerzas políticas en su conjunto.
