Nueva ley de la FGR atiende crisis de justicia

Tras varios meses de negociación por fin esta semana se aprobó en el Senado, por una amplia mayoría de 119 votos a favor y uno en contra del senador Emilio Álvarez Icaza, la Ley orgánica de la Fiscalía General de la República que, aunque no es lo mejor, sí responde a las principales demandas de las víctimas y de los colectivos de derechos humanos.

Esto se logró luego del acuerdo -de última hora- que encabezó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, de una adenda que vino a resolver uno de los puntos que había mantenido el dictamen en la “congeladora legislativa”: la permanencia de la FGR en el Sistema Nacional de Búsqueda, que no estaba contemplada en la propuesta original del zacatecano.

Además, reafirma su independencia respecto al Gobierno, crea un plan estratégico y establece mecanismos de evaluación.

Recordemos. Esta nueva legislación, sustituye a la Ley de la Fiscalía aprobada en 2018, ósea que reestructura el organigrama y las funciones de la institución apenas dos años después de su creación.

Surge gracias a la lucha de las organizaciones como el Colectivo #FiscalíaQueSirva, iniciativa que hizo aportaciones muy sustantivas a lo que se aprobó el miércoles en el Senado.

Basta mencionar que el movimiento demandaba la autonomía política del fiscal para que no se sometiera más al Ejecutivo. Plantearon, también, modelos de investigación más flexibles, descentralizados, con equipos multidisciplinarios dispuestos para entender fenómenos criminales complejos y no sólo casos aislados.

Así como la creación de la figura de un Consejo Ciudadano que fungiría como un actor que acompaña la transición y las prioridades de la Fiscalía, pero también como una entidad que pide cuentas a los fiscales del funcionamiento de la institución y sus resultados, entre otros puntos.

Sus aportaciones, sin duda fueron tomadas en cuenta por los legisladores ya que la nueva Ley establece que el fiscal será autónomo, nombrado por el Senado para cubrir un periodo de nueve años y sólo podrá ser removido por el Ejecutivo federal tras incurrir en causas graves o cometer delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, o bien por cometer violaciones graves a la Constitución.

Para perseguir a los infractores del Código Penal, los fiscales desplegarán a la Agencia de Investigación Criminal, que tendrá a su cargo la operación, investigación e inteligencia, así como coordinar y asignar a agentes de la Policía Federal Ministerial. En apoyo a sus actividades se podrá auxiliar de la Guardia Nacional, las instituciones de seguridad pública, peritos y analistas.

Otra de las innovaciones está en la implementación de un modelo de ventanilla única para registrar y dar seguimiento a las denuncias. Adicionalmente se establece un sistema de evaluación de resultados que deberá integrar los procesos de captura y recopilación de los datos generados por el ejercicio de las facultades del Ministerio Público.

Y lo más importante, en materia de reconocimiento a las víctimas, también se aprobó que la fiscalía participe como integrante en el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, en la Comisión contra la Trata de Personas y en el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.

Además, contempla la integración de un consejo ciudadano cuyo propósito es mejorar la intervención de la Fiscalía en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de Tortura.

La minuta aprobada fue bien vista por los integrantes del bloque opositor quienes reconocieron que en la minuta que se envió a la Cámara de Diputados para su análisis se hacen explícitos los derechos de las víctimas, que habían sido obviados en la iniciativa original; además, se garantiza el rol del Senado que como instancia revisora debe aprobar no sólo el nombramiento del titular y, en caso dado, las causas de su renuncia, sino el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, que también había sido borrado.

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Dr. J. Hector Muñoz Escobar

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