/ jueves 16 de enero de 2020

Nuevas leyes e inoperancia de la FGR

Por: María Novoa*

Apenas había iniciado 2020 cuando ya se escenificaba el desencuentro entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, y la Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz. Ante cuestionamientos específicos por parte de la prensa, Nieto se limitaba a enunciar el número de denuncias realizadas ante a la FGR. Por su parte, Gertz aprovechaba un foro ante embajadores para denostar tácitamente el trabajo de la UIF, al considerar que su operación vulnera la presunción de inocencia. La razón del desencuentro luce sencilla, aunque sus implicaciones son complejas y graves para todo el sistema.

Una de las atribuciones de la UIF es identificar y colectar evidencia sobre flujos financieros irregulares, que posteriormente son denunciados ante la FGR, institución que asume el rol de investigar y perseguir las conductas que se constituyen como delitos. La buena coordinación entre estas instancias es un activo imprescindible en el combate a la corrupción y, en general, en la investigación efectiva de diversos ilícitos.

Veamos: la UIF ha informado que durante 2019 presentó 160 denuncias ante la FGR, mismas que involucraron a 1,371 sujetos y 12,074 cuentas bancarias bloqueadas (5 mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares ‘congelados’).

Sin embargo, a la fecha se desconocen las acciones emprendidas desde la Fiscalía para la investigación de estos casos. No estoy sugiriendo que el fiscal deba airear sus líneas de investigación –eso pondría en riesgo su propia operación–. Me refiero a la rendición de cuentas sobre su gestión. Esto incluye dar a conocer las decisiones tomadas, los recursos y el nivel de prioridad asignados, el estado que guardan los asuntos e, incluso, el tiempo estimado para su conclusión. El silencio del fiscal en casos emblemáticos como la liberación de Ovidio Guzmán y la investigación de la masacre de los LeBarón, por mencionar sólo algunos, está causando graves afectaciones al Estado de Derecho y al equilibrio entre poderes.

La inoperancia de la Fiscalía ha provocado la activación de figuras jurídicas que buscan su reconocimiento como víctimas de casos de corrupción. Véase el ejemplo de Tojil, una asociación civil que reclama dicho reconocimiento en el caso Duarte. Si el aparato de justicia busca optimizarse, alega Tojil, es necesario que en casos donde la corrupción afecte a un derecho de la sociedad, se le otorgue a la misma sociedad la posibilidad de ser parte de los procesos penales. El litigio estratégico en este caso es muy aplaudible, ya que empodera a la ciudadanía, pero la moneda tiene otra cara: ¿qué sucede en Chihuahua, donde son instancias públicas del gobierno estatal las que reclaman su reconocimiento como víctimas del Estado? ¿Acaso una instancia de naturaleza pública puede decirse víctima del Estado al que pertenece?

Por lo demás, la falta de proactividad por parte del aparato de procuración de justicia provoca que se abran espacios de riesgo de impunidad. Estemos de acuerdo o no con la forma de combatir la corrupción y las redes de delincuencia, cierto es que por primera vez se está enfocando un elemento clave: el desarrollo de inteligencia para dar en el punto débil: el flujo de ingresos que mantiene a estas redes operando.

Otra consecuencia de la inacción: diversas instancias ya buscan ampliar sus atribuciones y ‘saltar’ jurídicamente a la Fiscalía. Las reformas en materia de bloqueo de cuentas y extinción de dominio por parte de la propia UIF lo ejemplifican. ¿No demuestra esto que un engrane del entramado institucional no funciona como debe?

Ante este escenario, no se nos ofrece la transformación de las instituciones para buscar la persecución eficaz de los delitos. Por el contrario, se nos propone un nuevo paquete legislativo que sin tapujos busca reinstalar el sistema de justicia inquisitivo para devolverle mayores espacios de arbitrariedad y opacidad a la Fiscalía.

* María Novoa es coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa

Por: María Novoa*

Apenas había iniciado 2020 cuando ya se escenificaba el desencuentro entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, y la Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz. Ante cuestionamientos específicos por parte de la prensa, Nieto se limitaba a enunciar el número de denuncias realizadas ante a la FGR. Por su parte, Gertz aprovechaba un foro ante embajadores para denostar tácitamente el trabajo de la UIF, al considerar que su operación vulnera la presunción de inocencia. La razón del desencuentro luce sencilla, aunque sus implicaciones son complejas y graves para todo el sistema.

Una de las atribuciones de la UIF es identificar y colectar evidencia sobre flujos financieros irregulares, que posteriormente son denunciados ante la FGR, institución que asume el rol de investigar y perseguir las conductas que se constituyen como delitos. La buena coordinación entre estas instancias es un activo imprescindible en el combate a la corrupción y, en general, en la investigación efectiva de diversos ilícitos.

Veamos: la UIF ha informado que durante 2019 presentó 160 denuncias ante la FGR, mismas que involucraron a 1,371 sujetos y 12,074 cuentas bancarias bloqueadas (5 mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares ‘congelados’).

Sin embargo, a la fecha se desconocen las acciones emprendidas desde la Fiscalía para la investigación de estos casos. No estoy sugiriendo que el fiscal deba airear sus líneas de investigación –eso pondría en riesgo su propia operación–. Me refiero a la rendición de cuentas sobre su gestión. Esto incluye dar a conocer las decisiones tomadas, los recursos y el nivel de prioridad asignados, el estado que guardan los asuntos e, incluso, el tiempo estimado para su conclusión. El silencio del fiscal en casos emblemáticos como la liberación de Ovidio Guzmán y la investigación de la masacre de los LeBarón, por mencionar sólo algunos, está causando graves afectaciones al Estado de Derecho y al equilibrio entre poderes.

La inoperancia de la Fiscalía ha provocado la activación de figuras jurídicas que buscan su reconocimiento como víctimas de casos de corrupción. Véase el ejemplo de Tojil, una asociación civil que reclama dicho reconocimiento en el caso Duarte. Si el aparato de justicia busca optimizarse, alega Tojil, es necesario que en casos donde la corrupción afecte a un derecho de la sociedad, se le otorgue a la misma sociedad la posibilidad de ser parte de los procesos penales. El litigio estratégico en este caso es muy aplaudible, ya que empodera a la ciudadanía, pero la moneda tiene otra cara: ¿qué sucede en Chihuahua, donde son instancias públicas del gobierno estatal las que reclaman su reconocimiento como víctimas del Estado? ¿Acaso una instancia de naturaleza pública puede decirse víctima del Estado al que pertenece?

Por lo demás, la falta de proactividad por parte del aparato de procuración de justicia provoca que se abran espacios de riesgo de impunidad. Estemos de acuerdo o no con la forma de combatir la corrupción y las redes de delincuencia, cierto es que por primera vez se está enfocando un elemento clave: el desarrollo de inteligencia para dar en el punto débil: el flujo de ingresos que mantiene a estas redes operando.

Otra consecuencia de la inacción: diversas instancias ya buscan ampliar sus atribuciones y ‘saltar’ jurídicamente a la Fiscalía. Las reformas en materia de bloqueo de cuentas y extinción de dominio por parte de la propia UIF lo ejemplifican. ¿No demuestra esto que un engrane del entramado institucional no funciona como debe?

Ante este escenario, no se nos ofrece la transformación de las instituciones para buscar la persecución eficaz de los delitos. Por el contrario, se nos propone un nuevo paquete legislativo que sin tapujos busca reinstalar el sistema de justicia inquisitivo para devolverle mayores espacios de arbitrariedad y opacidad a la Fiscalía.

* María Novoa es coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa

jueves 16 de enero de 2020

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