Por: Ricardo Gallegos
En la columna pasada, comentábamos acerca de la necesidad de incorporar nuevos enfoques en el análisis de la calidad crediticia de los subnacionales mexicanos. A continuación, les presento cuáles son los criterios y variables, dentro de este nuevo enfoque, que podrían tener mayor efecto en la calidad crediticia.
La naturaleza del análisis ESG (criterios ambientales, sociales y de gobernanza, denominados ESG, por sus siglas en inglés -Enviromental, Social & Governance-), radica en identificar no solamente el riesgo de los factores ambientales, sociales y de gobernanza, sino también en conocer cuáles son los planes, las estrategias y la resiliencia de dichas entidades para abordar estos fenómenos. Cada uno de estos factores incide de manera diferente, dependiendo si es un estado o un municipio, y lo anterior se deriva inclusive de las potestades o áreas de influencia. Por ejemplo, el manejo de basura es un ámbito claramente más municipal que estatal, pero en el estrés hídrico tiene mayor incidencia a nivel estatal y/o federal.
Dentro de los criterios ambientales que se estarán evaluando tanto en estados como en municipios, resaltaría para el caso de los primeros, la vulnerabilidad al cambio climático y el manejo sustentable del medio ambiente. Dentro de estas grandes áreas, destacaría las referentes a la vulnerabilidad a deslaves e inundaciones, pues hemos visto cómo estos fenómenos naturales cuando se presentan suelen hacer que las entidades destinen una gran cantidad de recursos y transferencias directas a la población y a reconstruir la infraestructura perdida, como ejemplo claro de estos fenómenos basta recordar los ciclones y huracanes que impactan la parte turística de municipios de Quintana Roo o Nayarit, o los deslaves e inundaciones del área metropolitana de Monterrey.
En relación al manejo sustentable, las variables que más inciden en los estados mexicanos se relacionan con los siguientes elementos: el estrés hídrico, el porcentaje de caudal tratado de agua, el porcentaje de pérdida de superficie cubierta por árboles, el volumen y tratamiento de residuos sólidos generados y su disposición en términos de manejo y cobertura. Para el caso de los municipios -ya que la dinámica es diferente-, el tema de cómo funcionan los organismos operadores de agua y alcantarillado es una frecuente fuente de riesgo y estrés para la entidad, pero también la manera en que se encuentra el sistema de recolección de basura, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también desde la contingencia que muchas veces llega a presentarse en los municipios mexicanos. Todos estos factores son medibles y comparables a nivel nacional, y permiten establecer un ranking sobre cómo los estados y municipios enfrentan estas contingencias.
En los criterios sociales de la evaluación ESG, incluiremos variables relacionadas a la nutrición alimentaria, la esperanza de vida, el analfabetismo, el porcentaje del sector informal, la tasa de homicidios y los factores relacionados a la percepción de inseguridad. Este tipo de variables nos indican cómo los estados hacen frente a una de sus principales actividades y están directamente relacionadas al bienestar de su población. En este punto, por ejemplo, una variable importante que hace diferencia son las acciones que los estados hacen para reducir estas diferencias y desventajas de su población, por lo que destacaría los resultados en términos de bienestar en estados como Yucatán, Nuevo León y Querétaro.
El último de los criterios se refiere a elementos de gobernanza, es decir, aspectos relacionados con procesos claros y efectivos de planeación y ejecución presupuestal, así como presentación de información contable en tiempo y forma. Otros factores a considerar dentro de este aspecto y que quizás terminan incidiendo de alguna manera en el corto plazo son: el riesgo de inestabilidad, política y económica, por procesos electorales y cambios de administración; riesgos de liquidez asociados al corto plazo y, finalmente, los asociados a un tema que, en mi opinión será una de las temáticas más difíciles: el pago de las pensiones, ya que la mayoría de los estados tienen un bajo nivel de reserva actuarial para el pago de estas obligaciones y dependiendo de la entidad, empiezan a representar una serie de obligaciones extraordinarias que podrían llegar a comprometer la calidad crediticia de estos estados.
Para el caso de los municipios destacaría la inclusión del análisis de juicios, tanto de tipo mercantil como de laudos laborales que hemos identificado, llegan a dificultar la operatividad de la entidad en la medida de que incluso se identifican embargos en las cuentas municipales, así como demandas por contratos incumplidos principalmente relacionados a arrendamiento de luminarias o concesiones de servicios como los de recolección de basura.
Sin duda, implementar estos nuevos enfoques dentro de las calificaciones permitirá que los subnacionales identifiquen fortalezas y áreas de oportunidad que les permitirán mejorar la toma de decisiones, incluyendo otro tipo de variables que inciden en el mediano y largo plazo en la calidad crediticia de sus calificaciones.
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*Ricardo Gallegos es Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas & Deuda Soberana en HR Ratings. Economista por el ITESM y estudios de Maestría en Políticas Públicas por el ITAM.
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