La confianza y credibilidad de los ciudadanos hacia los gobiernos y las instituciones atraviesan por uno de sus momentos más críticos. Este desencanto ciudadano no es contra la democracia, pues ésta sigue siendo la forma de gobierno más extendida y aceptada en el mundo. El malestar social es contra el pésimo desempeño de las instituciones y los gobernantes.
De manera particular, hoy en día los partidos políticos son objeto de las peores calificaciones por parte de la sociedad. En este sentido, los candidatos independientes representan una alternativa distinta para la ciudadanía, quien tiene la posibilidad de votar por personas individuales y ya no solo por partidos en descrédito.
Sin embargo, la partidocracia y el mismo Instituto Nacional Electoral (INE), se empeñan en complicar el camino a los independientes. El primer requisito que se les exige es que, antes de solicitar su registro necesitan constituir una asociación civil; luego viene la cantidad de firmas que deben reunir para obtener el registro; y después, el mecanismo que la autoridad determine para juntar dichas firmas.
Estos requisitos no solo derivan de la legislación electoral aprobada por los partidos; el INE también se ha encargado de ponerles trabas. Para la elección del 2018 no solo sustituyó el método tradicional de recabar firmas y apoyos en papel por una aplicación móvil, la cual ha exhibido graves deficiencias de operación; sino que además limitó a que únicamente “auxiliares” registrados sean los encargados de conseguir las firmas.
Por ello, es comprensible la demanda de los candidatos independientes para que la recolección de firmas -a través de la aplicación móvil en teléfonos inteligentes o tabletas- se abra a la ciudadanía y de esta forma puedan reunir el número de firmas que se les pide.
Quiero destacar el caso de mi hijo, César Daniel González Madruga, candidato independiente a senador de la República por la Ciudad de México, quien denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la herramienta tecnológica “APP Apoyo Ciudadano INE” es discriminatoria y violenta los derechos humanos.
Si bien la CNDH resolvió que no tiene competencia y turnó la inconformidad a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el organismo no dejó pasar la oportunidad de dejar en claro –manifestándolo también al INE- que “los derechos políticos se encuentran reconocidos en el Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido estándares conforme a los cuales los estados deben garantizar que los aspirantes independientes (derecho a ser elegido), así como las personas que los apoyan (derecho al voto y participación política), no tengan limitaciones o restricciones irracionales, desproporcionadas o innecesarias, o que se traduzcan en privar de su esencia a cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental”... por lo que las determinaciones que al respecto se emitan, “resultarán relevantes para el ámbito de los derechos humanos de nuestro país”.
La CNDH ha sentado un importante precedente. Es esperable que esto sea tomado en cuenta por tanto por el Tribunal Electoral como por el INE.
Las candidaturas independientes constituyen una nueva opción política ante la crisis, la opacidad y la forma en que hoy en día se conducen los partidos políticos. Con los candidatos independientes, los ciudadanos tienen en sus manos la posibilidad de contribuir a revitalizar la política y mejorar la calidad de nuestra democracia.
Presidente de la Academia Mexicana de Educación.
