/ lunes 14 de febrero de 2022

Ocho años después: el INE

La historia del INE se remonta a la reforma electoral de 1989-1990 cuando se fundó el IFE y a la más reciente de 2013-2014 que estableció el sistema nacional de elecciones que nos rige. Casi ocho años después, sigue siendo una institución fundamental del Estado mexicano, garante principal de nuestra democracia política.

El IFE surgió en un momento clave, cuando los actores políticos arribaron al consenso de que México exigía normas e instituciones que garantizaran la credibilidad y autenticidad de las elecciones y que se erradicaran las prácticas del fraude electoral. Fue, como ha dicho José Woldenberg, la respuesta a la “necesidad de rescatar la confianza en el proceso electoral y de tratar de otorgarle garantías de imparcialidad a los partidos, a los candidatos y, por supuesto, a los ciudadanos”.

La última reforma apostó por un modelo distinto de coordinación entre árbitros estatales y una autoridad central que tiene alcances nacionales en temas y escenarios específicos, no en todo, porque el Congreso optó por mantener la autonomía de los 32 institutos locales, pero trasladando algunas de sus atribuciones originales al organismo nacional que, bajo ciertos procedimientos, puede absorber parcial o totalmente los comicios de los Estados o emitir criterios generales para homogeneizar reglas que garanticen la calidad de los comicios.

México necesita una institución autónoma como el INE, que no se someta a los designios del poder en turno, que logre arbitrar con eficacia e imparcialidad un juego político que cada vez es más intenso y tiene inagotables expresiones y conflictos nuevos; una contienda que concentra y desconcentra el poder público según el capricho y los logros de los partidos y actores de moda. El IFE-INE es producto de una obra colectiva, de la construcción de acuerdos en lo fundamental entre partidos y gobiernos; de la lucha incesante de cientos de miles de hombres y mujeres que apostaron por democratizar al régimen y por establecer una ruta progresiva de ampliación de los derechos políticos.

Como autoridad electoral, esta institución diseñó procedimientos que son un modelo emulado en muchos países. El INE es mucho más que sus consejeras y consejeros electorales, actuales y anteriores. Es el resultado de la tenacidad de miles de hombres y mujeres que prestan sus servicios en oficinas centrales y desconcentradas, de todos quienes hacen posible la organización de las elecciones y que, conforme a su Estatuto interno, son reconocidos el día 5 de febrero de cada año. También es el resultado del esfuerzo cívico de millones de mexicanos que han integrado las mesas directivas de casillas y han contado con apego a la ley los votos que han decidido quién ocupa los cargos públicos.

Ante la eventualidad de una nueva reforma es un imperativo democrático fortalecer a las instituciones electorales, coincido en reducir sus costos, pero potencializando sus fortalezas. Nada más sano para la democracia que evitar tentaciones autoritarias o falta de certeza en las elecciones y gobernantes con sueños de perpetuidad.

Todas y todos debemos rechazar y frenar, sin importar la corriente ideológica de nuestra preferencia, expresiones autoritarias que pudieran destruir los avances logrados. Se ha ganado mucho en la parte política, pero es innegable que la democracia le debe mucho a los mexicanos en la parte social y económica, es tiempo de que los gobiernos asuman el rol que les corresponde y se responsabilicen de implementar soluciones eficaces.

*Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.

@MarcoBanos

La historia del INE se remonta a la reforma electoral de 1989-1990 cuando se fundó el IFE y a la más reciente de 2013-2014 que estableció el sistema nacional de elecciones que nos rige. Casi ocho años después, sigue siendo una institución fundamental del Estado mexicano, garante principal de nuestra democracia política.

El IFE surgió en un momento clave, cuando los actores políticos arribaron al consenso de que México exigía normas e instituciones que garantizaran la credibilidad y autenticidad de las elecciones y que se erradicaran las prácticas del fraude electoral. Fue, como ha dicho José Woldenberg, la respuesta a la “necesidad de rescatar la confianza en el proceso electoral y de tratar de otorgarle garantías de imparcialidad a los partidos, a los candidatos y, por supuesto, a los ciudadanos”.

La última reforma apostó por un modelo distinto de coordinación entre árbitros estatales y una autoridad central que tiene alcances nacionales en temas y escenarios específicos, no en todo, porque el Congreso optó por mantener la autonomía de los 32 institutos locales, pero trasladando algunas de sus atribuciones originales al organismo nacional que, bajo ciertos procedimientos, puede absorber parcial o totalmente los comicios de los Estados o emitir criterios generales para homogeneizar reglas que garanticen la calidad de los comicios.

México necesita una institución autónoma como el INE, que no se someta a los designios del poder en turno, que logre arbitrar con eficacia e imparcialidad un juego político que cada vez es más intenso y tiene inagotables expresiones y conflictos nuevos; una contienda que concentra y desconcentra el poder público según el capricho y los logros de los partidos y actores de moda. El IFE-INE es producto de una obra colectiva, de la construcción de acuerdos en lo fundamental entre partidos y gobiernos; de la lucha incesante de cientos de miles de hombres y mujeres que apostaron por democratizar al régimen y por establecer una ruta progresiva de ampliación de los derechos políticos.

Como autoridad electoral, esta institución diseñó procedimientos que son un modelo emulado en muchos países. El INE es mucho más que sus consejeras y consejeros electorales, actuales y anteriores. Es el resultado de la tenacidad de miles de hombres y mujeres que prestan sus servicios en oficinas centrales y desconcentradas, de todos quienes hacen posible la organización de las elecciones y que, conforme a su Estatuto interno, son reconocidos el día 5 de febrero de cada año. También es el resultado del esfuerzo cívico de millones de mexicanos que han integrado las mesas directivas de casillas y han contado con apego a la ley los votos que han decidido quién ocupa los cargos públicos.

Ante la eventualidad de una nueva reforma es un imperativo democrático fortalecer a las instituciones electorales, coincido en reducir sus costos, pero potencializando sus fortalezas. Nada más sano para la democracia que evitar tentaciones autoritarias o falta de certeza en las elecciones y gobernantes con sueños de perpetuidad.

Todas y todos debemos rechazar y frenar, sin importar la corriente ideológica de nuestra preferencia, expresiones autoritarias que pudieran destruir los avances logrados. Se ha ganado mucho en la parte política, pero es innegable que la democracia le debe mucho a los mexicanos en la parte social y económica, es tiempo de que los gobiernos asuman el rol que les corresponde y se responsabilicen de implementar soluciones eficaces.

*Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.

@MarcoBanos