Les llama ventiladores que afean el paisaje, pero esos brazos giratorios son aspas movidas por el viento que hacen accionar en el subsuelo turbinas generadoras de energía conectadas luego a las líneas de trasmisión que la distribuyen en todo el país. Así el Quijote de la Mancha confundió a los brazos de los molinos de viento con gigantes del mal y no volvió a la realidad sino con el porrazo que se dio cuando intentaba atacarlos.
Pero la divina locura del noble manchego no es comparable con el torpe empeño de Andrés Manuel López Obrador para atacar por decreto el avance de la tecnología de las energías limpias empleadas en el mundo entero. Los centenarios molinos de viento funcionan y dan vida al campo de países como Holanda que ha logrado dominar el poder de las aguas; así, las aspas de la energía eólica y los lienzos de la energía solar pueblan hoy diversas regiones del planeta. El sol y el viento no son monopolios, pertenecen a la humanidad.
El gobierno del presidente López Obrador quiere ver en las tecnologías de la energía limpia monstruos de corrupción; para acabar con ellos dirige la mirada hacia el pasado del combustóleo, casi un chapopote y el carbón contaminantes, una regresión para la industria eléctrica mexicana. En plena crisis por la pandemia del coronavirus que derriba todos los indicadores de la economía y el empleo, el pretexto inicial del ordenamiento contra las energías limpias es el supuesto problema de la intermitencia en el suministro del fluido.
Luego se admite abiertamente que se trata de una prohibición del funcionamiento de las empresas que han invertido e inician inversiones por treinta mil millones de pesos en esa modernidad de la tecnología. El gobierno se niega a escuchar los señalamientos de organismos internacionales de la industria eléctrica que señalan la inminencia del retiro de nuevas inversiones ante el cambio de las reglas impuesto por la política energética del actual gobierno.
Trece gobernadores de los estados en donde la intensidad de los vientos y los reflejos del sol permiten el desarrollo de esas tecnologías, han protestado y exigen al gobierno la derogación del decreto que frena la operación de las plantas actuales y detiene nuevas inversiones en ese campo. En su afán destructivo de todo lo pasado, lo bueno y lo malo de lo que califica como neoliberal, el gobierno de López Obrador se remonta a la primera apertura de la industria eléctrica que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari permitió la generación de energía para el autoconsumo y la venta de excedentes a la Comisión Federal de Electricidad.
Esas disposiciones iniciales evolucionaron hacia el empleo de nuevas técnicas mediante autorizaciones a empresas con capital de diversos países que con la generación de energías limpias han colaborado al cumplimiento de convenios internacionales de protección al medio ambiente de los que México es parte y en ocasiones ha sido promotor.
El descabellado plan que se opone a la modernización de la industria eléctrica mexicana ha recibido ya los primeros reveses en el terreno jurídico: siete de las trece empresas que solicitaron el amparo de la justicia habían logrado hasta ayer suspensiones definitivas de diversos jueces que ordenan la continuación de la operación y los programas en marcha de plantas instaladas en diversas partes del país. Es un primer episodio ganado por las empresas que han invertido miles de millones de pesos en energías limpias; pero el combate está aún por decidirse.
El propio López Obrador anunció en días pasados la formación de un grupo de abogados de diversas dependencias del Ejecutivo y de la empresa productiva del Estado, una verdadera jauría para defender en los tribunales la postura gubernamental. La batalla no ha terminado.
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