La reforma constitucional propuesta por el Presidente López Obrador llega en realidad en un momento muy oportuno, pero la ignorancia respecto de las condiciones mundiales en materia energética, la falta de objetividad y la cerrazón política dogmática podrían dar el traste con un proyecto que aseguraría a México una mayor estabilidad y mejores perspectivas de desarrollo de su producción energética y su sistema eléctrico, al fortalecerse los principios constitucionales de Rectoría del Estado y economía mixta.
El primer dato que deben tomar en consideración los legisladores es el reposicionamiento de los combustibles fósiles con los que afortunadamente contamos. La disminución de la dinámica de crecimiento de las inversiones en energías renovables está mostrando la imposibilidad de lograr la reducción propuesta en el empleo del petróleo, el gas y el carbón para producir energía, cuya demanda se incrementa con la recuperación económica y no parece haber perspectivas de que disminuya pronto. De ahí que el abastecimiento requerido debe provenir de cualesquiera fuentes necesarias y se observa que, por ejemplo, en la Gran Bretaña se ha reactivado la generación por medio del carbón.
Los combustibles fósiles siguen proveyendo el 83 % de la demanda de energía mundial y tanto Rusia como la OPEP están incrementando la producción de petróleo, en especial las compañías de propiedad estatal en Arabia Saudita y Abu Dhabi. En Estados Unidos sube el precio de la gasolina y ello demuestra que no es equivocada la política de producir en nuestras refinerías la mayor cantidad posible. Igualmente nos conviene aumentar la producción de gas dado que se ha evidenciado que las energías renovables no son un sustituto confiable de ese combustible.
Por otro lado, pese a que los defensores de la privatización sostienen que las energías renovables son más baratas, toda la evidencia demuestra que su participación en el mercado eléctrico no ha reducido los precios, por el contrario los ha incrementado. Al extremo de que algunos analistas prevén que el imparable aumento del costo de la electricidad que ha llegado a límites dramáticos en España, puede provocar una verdadera revuelta de la ciudadanía en contra de las medidas que supuestamente detendrán el cambio climático. Desde hace años ya se había detectado la incapacidad de la generación de energías como la eólica y la solar para incidir efectivamente en una disminución de los precios, el tema puede consultarse en: https://www.energiaynegocios.com.ar/2018/05/las-fuentes-renovables-porque-no-bajan-el-costo-de-generacion/. Son varias las razones de esta aparente paradoja: la naturaleza intermitente de estas energías, sus problemas de mantenimiento, la inestabilidad de sus fuentes, pero sobre todo el hecho de que el “mercado eléctrico” no es un mercado; es un club cerrado de productores que operan bajo reglas que les aseguran a todos sus ganancias a costa de engañar y explotar al consumidor. El gran engaño consiste en hacer creer al comprador cautivo —quien en realidad no está en condiciones de escoger a su proveedor— que las energías limpias son baratas y ocultándole que paga por ellas un sobreprecio injustificado. El truco consiste en que, aunque un generador de energía eólica, por ejemplo, ofrezca el megawatt a un precio reducido, se le acabará pagando lo mismo que al proveedor que haya incorporado a la red la energía al precio más alto. El negocio es redondo para todos, menos para el consumidor. Sería más justo pagar a cada proveedor el precio al que ofreció su energía, pero entonces tendría que ofrecerla a un precio mayor para recuperar los costos que oculta al señalar un precio basado solo en el costo del sol o del aire que prácticamente no cuestan. Ese proveedor que ofrece un precio artificialmente bajo, sabe que de todas maneras le van a pagar mucho más porque se beneficiará del mismo precio que fije el proveedor más caro. Por eso los españoles ya no aguantan la subida de la energía, mientras se truenan los dedos para pagar el recibo, los grandes industriales de la energía limpia se frotan las manos ante las expectativa de cobrar al mismo precio que el del gas, el cual España tiene que importar y cuyo costo aumenta por razones ligadas a factores externos. Así, el consumidor pagará igual de caro por la luz que proviene del viento de sus campos, que por la que se generó con gas argelino o ruso.
Los artículos de la referida revista revelan por todas partes los síntomas de disfunción en el mercado global de la energía; razón de más para que el Estado asuma con decisión su papel rector que garantice en el largo plazo un abastecimiento energético suficiente a precios razonables. Ello hace indispensable la participación de la empresa pública que cumple una función social y de seguridad nacional y no tiene porque estar sujeta a condiciones de mercado ni a organismos “reguladores” ajenos a la capacidad decisoria del Estado.
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