Por: Daniel Gabriel Ávila Ruiz
La descentralización de Secretarías anunciadas por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, brinda una serie de oportunidades y desafíos a la administración pública federal. Esta decisión estará presente en el debate público y en los diálogos ciudadanos los próximos meses.
El cambio podría ser en breve tiempo. Ejemplo de esto fueron las declaraciones de Esteban Moctezuma, propuesto como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de que iniciará funciones el próximo mes de diciembre desde la ciudad de Puebla.
Entre las posibles sedes para albergar las secretarías de estado destacan: la Secretaría de Turismo en Chetumal; SEP a Puebla; Secretaría de Salud en Guerrero; Secretaría de la Función Pública a Querétaro; Medio Ambiente a Mérida; Desarrollo Urbano (Sedatu) a Hidalgo; Desarrollo Social en Oaxaca; Ganadería en Jalisco; Energía en Tabasco. Así como Economía a Nuevo León; Cultura a Tlaxcala; Secretaría de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí; Secretaría de Minería a Chihuahua; la Secretaría de Agricultura, a Ciudad Obregón; así como Trabajo y Previsión Social en León, Guanajuato.
Sin embargo, también las dependencias del gabinete ampliado han sido anunciadas para una probable mudanza, tal como Pemex a Ciudad del Carmen; Aduanas en Nuevo Laredo; ISSSTE en Colima; IMSS para Morelia; Comisión Nacional del Agua a Veracruz; Conade en Aguascalientes; Instituto Nacional de Migración en Baja California; y Conacyt en La Paz.
Entre las oportunidades de este cambio será que en todas las entidades federativas habrá por lo menos una dependencia federal despachando. Con ello se puede lograr la descongestión de la Ciudad de México, además de que se fortalecerán los servicios digitales del Gobierno Federal: acceso a servicios, datos abiertos, gobierno electrónico, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, entre otros.
Sin embargo, la propuesta también tiene desventajas como la división de familias o despidos y liquidaciones que aumentarán el desempleo y la fuga de talentos. Además, algunas ciudades propuestas pueden experimentar cambios sociales acelerados como escasez de servicios, tráfico o falta de suministros. Esta decisión también puede tener un alto costo para el gobierno, el cuál será pagado con los impuestos de todos los ciudadanos.
Si bien la idea del equipo de transición es llevar el progreso y derrama económica a todo el país, estos cambios deben ir acompañados del respeto a la dignidad de la persona y de las familias. Hay que evitar tomar malas decisiones gubernamentales, a fin de que la descentralización sea viable y eficiente.
Es importante también que la nueva administración dé certezas sobre el futuro de los trabajadores que serán afectados con la descentralización. Los ciudadanos quisiéramos saber más sobre estos planes, sobre todo, esperamos que hayan surgido a partir de diagnósticos sólidos y convincentes.
Senador por el PAN
